Reforma a la Policía y criminalización de la protesta social en Colombia

La matanza de trece personas – entre manifestantes y transeúntes – por parte de la Policía de Colombia el pasado de septiembre en Bogotá y Soacha, es un hecho que marca una vieja historia de criminalización y exterminio de la protesta social por parte de la burguesía colombiana, en la cual esta institución ha sido protagonista, a tal punto que hasta la Corte Suprema de Justicia en reciente fallo le ordena al Ministro de Defensa pedir perdón a los manifestantes, por la represión en el Paro Nacional de 2019.

Autor: Alonso C. H.

El asesinato del abogado Javier Ordóñez, electrocutado y torturado por los agentes policiales Harby Damián Rodríguez Díaz, Juan Camilo Lloreda Cubillos y otros cinco agentes en el CAI del barrio Villa Luz, generó tanta indignación en la población, que el día 9 de septiembre miles de habitantes de Bogotá y Soacha se volcaron a las calles. Pero los manifestantes fueron reprimidos a bala por la Policía, causando trece muertes en lo que se ha llamado la Masacre de Bogotá.

En la capital, fueron asesinados Jaider Fonseca domiciliario de 17 años, Cristian Hernández domiciliario de 24 años, Andrés Rodríguez de 23 años, Julieth Ramírez estudiante de 18 años, Freddy Mahecha vigilante de 20 años, Gabriel Estrada de 28 años, Germán Puentes domiciliario de 25 años, Julián González ingeniero de 27 años y Angie Vaquero de 19 años; y en Soacha, Cristian Hurtado ingeniero de 27 años, Lorwuan Estiven Mendoza de 26 años y Marcela Zúñiga de 36 años.

Estos nombres se suman a un largo historial de crímenes con el que la Policía y las Fuerzas Militares han reprimido la protesta social en Bogotá. Desde su creación a finales del siglo XIX, este cuerpo de gendarmería no ha dudado en disparar contra civiles desarmados en las calles.

El tardío fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la represión de las jornadas del Paro Nacional a finales del año pasado, que da respuesta a una tutela de un grupo de organizaciones de derechos humanos, ha sido presionado por los recientes hechos en los que los policías dispararon contra los civiles y ha ordenado que no se utilice más el arma con el que asesinaron a Dylan Cruz.

Policía de Colombia: una historia manchada de sangre

Recién creado el ente policial, los artesanos bogotanos salieron a protestar contra un artículo del periódico Colombia Cristiana titulado La mendicidad, que sostenía que la causa de la pobreza de la clase trabajadora era su ‘mentalidad’. El 15 de enero de 1893, los artesanos salieron a las calles y fueron reprimidos por el cuerpo profesional de gendarmería, al día siguiente las manifestaciones se generalizaron en la capital y más de 40 personas fueron asesinadas por la Policía.

De igual manera, en los hechos del 9 de abril de 1948, conocidos como el Bogotazo, la cifra de muertes oscila entre 1.500 y 2.500 personas, la mayoría de ellas caídas bajo las balas de francotiradores de la Policía y las Fuerzas Militares.

Unos años después, en la conmemoración del Día del Estudiante Caído, es asesinado el estudiante de la Universidad Nacional Uriel Gutiérrez y al día siguiente, cuando los estudiantes protestaban por este crimen, el Batallón Colombia dispara contra los manifestantes asesinando a diez personas.

De igual manera, durante la jornada del Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, militares y policías asesinaron a más de diez manifestantes en Bogotá. También debemos recordar el asesinato de Nicolás Neira por parte del ESMAD en la marcha del 1 de mayo de 2005 y el asesinato de Dylan Cruz el año pasado en las jornadas de protestas del Paro Nacional, por parte del capitán del ESMAD Manuel Cubillos Rodríguez.

Policía: ¿cuidar o reprimir?

Ante la Masacre de Bogotá, la alcaldesa Claudia López reconoció que no tiene ningún control sobre la Policía, a pesar de que el ordenamiento constitucional dice que son los alcaldes los jefes de la Policía. Esta situación deja en claro los espejismos de la democracia burguesa, que plantean a las fuerzas militares y policiales como ‘protectoras’ de la población, cuando en realidad son órganos de represión, destinados a proteger los negocios de los capitalistas.

En este caso, la brutal represión desatada por la Policía tiene su razón de ser en la intención del Gobierno de Duque de desmantelar a sangre y fuego cualquier posibilidad de unas nuevas jornadas de movilización como las de finales de 2019, en momentos en los que la burguesía está en el proceso de reapertura tras la pandemia.

Cuentan además con la complicidad de los sectores reformistas que dirigen las centrales sindicales y que están al frente de las alcaldías de las principales ciudades, quienes se han negado a ponerse al frente de las luchas y han actuado para desmontar las protestas.

El acto de perdón y reconciliación montado por Claudia López hace parte de esa estrategia, de igual manera el acompañamiento del alcalde de Cartagena, William Dau, a una marcha contra la brutalidad policial, en la que les exigió a los policías que lo obedecieran, hace parte de la intención del reformismo de ‘domesticar’ la rabia de la juventud y de los sectores populares contra el largo historial de abusos policiales de los que son víctimas.

Pero el Gobierno de Duque no le ha dado espacio al reformismo para soñar con sus propuestas de una ‘democracia moderna’, las declaraciones del Comandante de la Policía diciendo que no tienen que pedir permiso para disparar sus armas contra la población, el discurso de Carlos Holmes en la invitación que le hizo el Congreso de la República y la aparición de Iván Duque disfrazado de policía en un CAI, muestran que la burguesía ha cerrado filas y no permitirá que haya justicia para las víctimas de esta masacre.

¿Es posible reformar la Policía?

Ante los graves hechos ocurridos en Bogotá, muchas voces han pedido que se reforme la Policía, así como hace muchos años el movimiento estudiantil viene exigiendo el desmonte del ESMAD, que ha cobrado la vida de más de 20 estudiantes que han ejercido su derecho a la protesta social.

Los socialistas debemos advertir que en un sistema capitalista su función siempre es reprimir a las masas para proteger los intereses de la burguesía. Las propuestas de reforma plantean el cambio de la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, la subordinación real a los gobernadores y alcaldes y la democratización interna, que los mandos sean elegidos democráticamente por los mismos agentes y que tengan derecho a la sindicalización.

Estas reformas que se proponen y el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia si bien pueden servir para promover las luchas, no deben llevarnos a guardar esperanzas en la consigna de la reforma policial, pues solo la movilización podrá generar una crisis en las bases policiales, como ocurrió con el patrullero Ángel Zúñiga en Cali, que se negó a participar en un desalojo y prefirió someterse al castigo por parte de los mandos. Los asesinos del 9 de septiembre, de Nicolás Neira, de Dylan Cruz y del grafitero Diego Felipe Becerra siguen en la Policía, la impunidad es la garantía que tienen los agentes para cometer delitos y abusar de la población civil.

La clase trabajadora y los sectores populares debemos tener claro que solo la movilización, la convocatoria de un Paro Nacional Indefinido, podrá detener esta matanza, no será presentando proyectos de ley por parte de los partidos reformistas, será en las calles donde tendremos que defender nuestros derechos a la protesta social y a la vida.