Bogotá con “Nueva normalidad”, pero el mismo cuento: los ricos ganan y los pobres mueren.

Desde el 27 de agosto rige para Bogotá el decreto 193 de la alcaldía encabezada por Claudia López, por medio del cual se aplica para la ciudad la política de salud pública contra el COVID 19, denominada “nueva normalidad”. Sin embargo, estas “nuevas” medidas, no son más que la continuidad de la política de reapertura económica, la cual privilegia las ganancias de los grandes empresarios sobre la vida de los trabajadores.

Autor: Ezra Bridger

Donde manda capitán, no manda marinero

Durante las primeras semanas de pandemia, la alcaldesa de la capital se mostró crítica a la política de salud pública del gobierno nacional, expresando en su momento el apoyo a las medidas de cuarentena y aislamiento estricto. Hoy su política es otra, justo en un momento crítico contagio donde se espera que la ciudad alcance el pico epidemiológico en las próximas semanas, se impuso la política de reapertura económica de Duque.

Muestra de ello es el Decreto 193, el cual –palabras más, palabras menos– da vía libre a la apertura de casi la totalidad de las actividades humanas, en particular las que influyen de manera directa en la economía. Así mismo, la alcaldesa implementó, sin dar el brazo a torcer, todas las medidas decretadas por el gobierno nacional después del primer periodo de cuarentena estricta en la ciudad, convirtiéndose así en arte y parte de la política burguesa y uribista que privilegia las ganancias de los empresarios sobre la vida de los trabajadores, ya que la urgencia de aquella política ha sido cómo poner a la gente a “trabajar” –producir ganancias, más bien–, por encima de que cómo evitar al máximo los contagios y las muertes.

El propio decreto prácticamente elimina en su totalidad las medidas de aislamiento y salud pública centralizadas desde la alcaldía, dejando al libre entender de cada individuo cómo debe “cuidarse” del COVID siguiendo las intrincadas orientaciones en cuanto a protocolos, turnos, horarios, permisos, excepciones, pico y cédula, etc., y descarga en la población la responsabilidad de los contagios. Así, cuando logremos superar la pandemia, la alcaldesa pretenderá salir impune por los miles de muertos, culpando cínicamente a la falta de “cultura ciudadana” y la “indisciplina de la gente”.

Para justificarse, la alcaldesa ha manifestado que “no nos podemos encerrar de por vida” porque “hay quienes necesitan trabajar”, discurso que cala en el desespero por el confinamiento, las restricciones y el deterioro de las condiciones de vida de las masas empobrecidas. Además, ella desconoce conscientemente que quienes se vieron más afectados en su trabajo durante la pandemia, no fue por culpa de la cuarentena, sino por el ataque de las patronales, que la aprovecharon para salvar su capital a costa de los puestos y los salarios de los trabajadores. También la alcaldía tiene una gran responsabilidad por la ausencia total de garantías para los trabajadores, comerciantes informales, vendedores ambulantes, recicladores, pequeños cuentapropistas, etc., muchos de los cuales nunca vieron llegar las prometidas ayudas. Por eso se han visto obligados a protestar contra las medidas de aislamiento, lo cual desafortunadamente ha sido manipulado e instrumentalizado por los grandes empresarios para demostrar la supuesta necesidad de volver a la “normalidad”. De hecho, solo bastó con que Fenalco “opinara” unas horas antes de la implementación del decreto 193 para hacer cambios en su borrador, incluyendo más criterios de reapertura económica.

#QuedateEnCasa, si es que tienes una…

Desde el inicio de la pandemia, el PST ha sido enfático en la importancia desde el punto de vista científico, médico y epidemiológico de las cuarentenas estrictas para controlar la propagación del Coronavirus, y así frenar su contagio mientras se salvan la mayor cantidad posible de vidas. Sin embargo, también hemos alertado de que la implementación de estas medidas debe estar acompañada de un plan de emergencia obrero, con todas las garantías necesarias para que cualquier persona pueda cumplirlas. Una de ellas, por ejemplo, es la de tener una casa.

La realidad es que en la capital hay miles de destechados, entre los que se cuentan quienes viven en la calle, más quienes viven en terrenos tomados y quienes pagan arriendos en lugares y condiciones precarias. Muchas familias vienen siendo desalojadas de las viviendas por no poder pagar los arriendos, a pesar de los decretos y medidas que supuestamente lo impedían. Cientos de ellos se vieron obligados a protestar, ocupar terrenos y edificaciones vacías y en obra, debido a la inexistencia de garantías brindadas por parte de la alcaldía para tener un hogar fijo en el cual pasar la cuarentena.

La respuesta parte de Claudia ante estos hechos, estuvo a la altura de cualquier gobierno de derecha: represión con agentes de la policía y el ESMAD, justificada por la supuesta infiltración de “vándalos” y “mafias”. De hecho, en medio de una toma de terrenos baldíos en Ciudad Bolívar murió un joven, aparentemente a manos de la policía, crimen que aún continúa impune por parte de la institución y de la alcaldía. De igual forma, la alcaldesa acusó penalmente a miembros de la comunidad indígena Emberá, quienes desde hace varias semanas ocupan las inmediaciones del parque Tercer Milenio; es lo único que han recibido por parte de la alcaldía.

Es absolutamente contradictorio que, a pesar de haber hoteles vacíos, apartamentos desocupados y terrenos baldíos, no haya habido la mínima intención por parte de la alcaldía “alternativa”, de ofrecer una política de solución, por lo menos transitoria, a las necesidades de vivienda de los más afectados durante la pandemia.

La feria de la salud

Junto con la implementación del decreto 193 del 26 de agosto, se anuncia por parte de la alcaldía el cierre del Centro Hospitalario Corferias (CHC), el cual se construyó con la supuesta intención de tener una reserva médica para atender pacientes de baja complejidad medica ante un posible colapso del sistema de salud. En consecuencia, el CHC ha sido usado –sin llegar nunca al total de su ocupación– en su mayoría para atender pacientes no COVID, lo cual la alcaldesa presenta como un triunfo, justificándolo en que supuestamente la política de salud pública ha sido tan exitosa que no hubo necesidad de usarlo.

La pregunta entonces es, ¿los más de 5.000 muertos por COVID en la ciudad, son el reflejo de una excelente gestión en la atención a la pandemia, y no son suficientes para que el gobierno distrital se vea obligado a fortalecer el sistema de salud? Pues parece que no. Siendo así, los más de 5.000 millones de pesos invertidos para la construcción del CHC, fueron desperdiciados al no contribuir a reducir significativamente la cantidad de muertos por COVID. Además, si bien es cierto que la alcaldía asegura que no le paga arriendo a Corferias por el CHC y que el dinero no gastado se seguirá reinvirtiendo, lo concreto es que se firmó un contrato por más de 200.000 millones de pesos entre las partes; nuevamente los ricos ganan mientras los pobres mueren.

La pandemia develó una vez más la absoluta ineficiencia del sistema de salud basado en el negocio de las EPS, sin embargo, esta crisis sanitaria no fue razón suficiente para que desde la alcaldía se ejecutara alguna política de impacto real en la salud de sus habitantes que luchan contra el COVID. El dinero derrochado en el CHC perfectamente habría podido invertirse por ejemplo en la construcción de un hospital público permanente –que pudiera seguir funcionando incluso después de la pandemia–, o en por lo menos rescatar alguno de los cerrados o en quiebra, como el San Juan de Dios. Cínicamente la alcaldesa llama a los ciudadanos a “no volver a la vieja realidad”, orientando a que cambiemos nuestros “hábitos y prácticas” anteriores a la pandemia, pero sinceramente en estas condiciones será imposible dejar de morir a manos de una EPS.

Como si fuera poco, la alcaldesa se hizo la de la vista gorda ante las permanentes exigencias de derechos y garantías laborales por parte de los médicos y trabajadores de salud, las cuales estallaron con la pandemia, no solo en la capital sino en todo el país.

Salvada por la campana

Desde la bancada de la oposición en el Congreso, y desde diversos sectores políticos y sociales se impulsó la propuesta por una renta básica, la cual fue bien recibida por amplios sectores de trabajadores y afectados por la pandemia, como una posibilidad de tener una cuarentena con un mínimo de garantías. Nosotros desde el PST nos unimos a esta exigencia como parte de un plan de emergencia ante la pandemia. La alcaldesa, intentando complacer de forma oportunista a sus votantes “progres”, se subió al bus de la renta básica manifestando su apoyo y anunciando la implementación de esta en la ciudad.

Pero pronto se escabulló por la puerta de atrás, pues la anunciada renta básica en Bogotá no pasó de ser los subsidios de siempre que ni alcanzan a cubrir las mínimas necesidades, ni llegan a la mayoría de población en condición de pobreza o vulnerabilidad por la pandemia. Así, la falsa imagen de implementación de una renta básica en Bogotá le ayudó a la alcaldesa a pilotear el creciente descontando que empezaba a manifestarse en los barrios populares de la ciudad, expresado por medio de los trapos rojos inicialmente, y luego poco a poco en manifestaciones callejeras y bloqueos. Evidentemente ese fue el objetivo de la renta básica de Claudia, apagar los incendios de la protesta social y fortalecer su gobierno ante la opinión pública –mientras le garantiza tranquilidad a la burguesía–, totalmente contrario a lo que los trabajadores y pobres realmente necesitan: garantías mínimas para los más golpeados por la pandemia.

La aglomeración no es toda igual, es justa la del pueblo haciéndose escuchar

Finalmente, la cereza sobre el pastel del Decreto 193 es el dictatorial artículo 13, el cual prohíbe toda acción de concentración y manifestación pública, y orienta a la policía a reprimirlas, todo supuestamente en pro de la salud y la vida de los ciudadanos, ya que según el artículo en tiempos de pandemia “el derecho a la salud está por encima de todos”. Esto refleja una evidente contradicción: está permitido con el decreto 193 contagiarse en Transmilenio, oficinas, fábricas, centros comerciales, bancos –los cuales no han cerrado ni un minuto durante toda la pandemia, pues recordemos que entre otros, Bancolombia ya puso su cuota para el “cupo epidemiológico” al financiar la campaña electoral de Claudia–, supermercados, colegios, etc., pero no en una manifestación exigiendo por ejemplo matricula cero en universidades, cuarentena con garantías, renta básica real, derechos para los trabajadores de la salud, garantías para la educación no presencial, etc.

Incluso antes de la implementación del decreto 193, ya Claudia se había expresado en contra de la manifestación y la protesta, por ejemplo, cuando justificó la represión de la marcha juvenil del 21A en contra de las masacres ocurridas los últimos días en varios municipios del país, también alegando “vandalismo” y por el supuesto bien de la salud ciudadana. Esto deja en evidencia que su política también ha sido la de usar la pandemia como excusa para reprimir y atacar las libertades democráticas, cosa que le resulta muy útil al régimen bonapartista que ha construido la burguesía apoyada especialmente en los gobiernos uribistas.

Desde el inicio de la pandemia, en el PST hemos sido enfáticos al reconocer el virus y la enfermedad del COVID como una amenaza real para la vida, especialmente de los trabajadores y los más desposeídos, explotados y oprimidos por el capitalismo. En ese sentido hemos respaldado la necesidad de salir a las calles a protestar contra la política del gobierno nacional y distrital que claramente es asesina y criminal, obviamente implementando todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar los contagios de quienes luchan y sus familias. No nos han dejado más opción, no le han dejado más opción a los trabajadores que oponerse al decreto 193 de Claudia, a salir a rechazarlo y parar la producción hasta que paren las muertes por COVID y se implemente una política eficaz de salud pública por la vida, con verdaderas garantías como una real renta básica.