No más impunidad: Exigimos cárcel para Uribe

El pasado 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos, un delito menor si revisamos el prontuario que tiene el ex presidente en ese mismo tribunal. Por ello, es necesario que exijamos a la Corte que cese la impunidad, que lo lleve a la cárcel y que sea juzgado por todos sus crímenes.

Autor: Alonso C. H.

Un día antes, el Centro Democrático había publicado un anuncio en los medios de comunicación en el que rechazaban la posible detención de Álvaro Uribe Vélez por la compra de testigos que lo vinculaban con el paramilitarismo y, de inmediato, los sectores de oposición pidieron su captura y respaldaron a la Corte Suprema de Justicia, la misma que ha garantizado la impunidad en Colombia.

El proceso, es solo un eslabón en la cadena de crímenes que el uribismo y las élites del país han cometido contra la clase trabajadora y los pobres en el país. Pero tras su detención, se esconden las contradicciones económicas e institucionales de la burguesía colombiana.

¿Qué representa el uribismo?

El uribismo como corriente política que gobierna el país desde el año 2002, ha sido cuestionado por sus vínculos con sectores del narcotráfico y como promotores del paramilitarismo, en sus filas militan varios familiares de ex capos del Cartel de Medellín, representantes del gremio ganadero y políticos regionales que fortalecieron sus empresas electorales a partir del accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia, en los tiempos de los Castaño.

Después del proceso del Caguán, en el que las FARC mantenían secuestrados a policías y militares, mientras perdían cualquier resquicio de popularidad en las ciudades, ante las expectativas generadas por este proceso de paz, Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia apoyado por sectores de extrema derecha enriquecidos con el despojo de tierras y por los gremios económicos – en especial la ANDI y la ANIF – que veían la posibilidad de aprovechar los recursos del Plan Colombia para exterminar militarmente a las FARC.

En ese camino, se realizaron masacres en poblaciones con presencia insurgente, se declararon zonas de guerra con empadronamiento y capturas masivas, se dictó una directiva en la que se daban incentivos por hacer bajas en combate, que produjeron la muerte de miles de inocentes que eran capturados, fusilados y presentados como guerrilleros, los llamados falsos positivos.

En medio de este baño de sangre, denominado seguridad democrática y legitimado en la opinión pública por los golpes militares a las FARC que llevaron a la muerte de varios de sus comandantes y a la recuperación de varios secuestrados, el gobierno de Uribe Vélez abría un proceso de negociación con el paramilitarismo, llamado Justicia y Paz, este proceso debía garantizar la impunidad para los comandantes y sus financiadores, pero en una jugada el gobierno extradita a varios comandantes para evitar que contaran la verdad sobre la financiación del paramilitarismo por parte de los gremios económicos y sobre sus vínculos políticos con los partidos burgueses tradicionales.

Pero no solo fue la política de seguridad democrática, el gobierno de Uribe fue aprovechado por burgueses y terratenientes para enriquecer aun más sus cuentas. Una reforma tributaria que redujo el impuesto de renta, Agro Ingreso Seguro para entregar recursos a los terratenientes, eliminación de recargos de horas extras, domingos y festivos a la clase trabajadora, privatizaciones y otras medidas que favorecieron a los más ricos.

Del Partido de la U al Centro Democrático

Una reforma electoral regresiva, permitió la creación del Partido de la U, una formación a la que llegaron miembros de todos los partidos burgueses tradicionales y los partidos regionales creados directamente por el paramilitarismo. Ocho años permanecieron en el poder, hasta que los mismos gremios que habían apoyado la llamada política de seguridad democrática, decidieron apoyar a Juan Manuel Santos a la presidencia e iniciar un proceso de paz con unas FARC diezmadas y acorraladas.

Una de las razones para la división del uribismo fue la necesidad de un sector de la burguesía de ordenar el despojo de tierras que se dio a sangre y fuego, tener una política de titulación y condiciones de inversión en los agronegocios, cuyo objetivo era vincularlos a las economías de escala a nivel internacional.

Buena parte de los que apoyaron a Uribe eran despojadores, no solo los terratenientes, el sector financiero y grupos empresariales habían participado en la apropiación de tierras apoyados en el paramilitarismo, se requería entonces legalizar buena parte de ese despojo y titular 3 millones de las 10 millones de hectáreas que según el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, fueron expropiadas a campesinos.

Este proceso requería no solo ceder algunas tierras, sino develar la verdad de lo que había sido la estrategia paramilitar, que se había fraguado desde los cuarteles y desde los clubes capitalinos. Por ello, el proceso de paz iniciado por quien fuera el jefe de la cartera de guerra del gobierno de Uribe, dividió el bloque que había gobernado por ocho años.

Los sectores opositores al proceso se agruparon en un nuevo partido llamado el Centro Democrático que creció con las dilaciones del proceso de paz en La Habana y que a la postre pondría a Iván Duque en la presidencia, apoyado por sectores mafiosos y terratenientes, como se reveló en la llamada Ñeñepolítica.

Todos los caminos conducen a Uribe

Pero el pacto entre sectores burgueses que actúan en la legalidad y sectores mafiosos y paramilitares que implicó el uribismo, ha dejado disputas en las instituciones. Las Altas Cortes, que fueron espiadas por el gobierno de Uribe Vélez, han procesado a su círculo cercano: Andrés Felipe Arias por Agro Ingreso Seguro, Luis Carlos Restrepo por falsas desmovilizaciones, dos ex jefes de seguridad por vínculos con el narcotráfico, su ministro Sabas Pretelt por comprar la reelección en la llamada yidispolítica.

Pero, a pesar de que todos los caminos conducen a Álvaro Uribe Vélez, las instituciones judiciales no lo habían tocado y ahora lo hacen por un delito menor, por la compra de testigos por parte de su abogado, el defensor de mafiosos Diego Cadena, y el uribismo cierra filas en defensa de su líder.

Varias veces, algunos de sus voceros han anunciado incluso “incendiar al país” si tocan a Uribe Vélez, ahora publican un comunicado en los principales medios de comunicación en el que dicen: “Una decisión contra la honra de Álvaro Uribe Vélez, sin la solidez absoluta de un acervo probatorio incontrovertible, nos empujaría hacia una inédita paradoja de la historia: Los delincuentes que arrasaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares, sentados en el congreso, y el hombre que rescató la nación y sacó a Colombia de la oscuridad, pagando un precio insólito por vencerlos”.

Y de inmediato el mismo presidente Iván Duque declara en una emisora radial: “Yo he tenido la oportunidad en la vida de conocer, de tratar, de construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez y yo puedo decir que es una persona a la que la palabra honorabilidad le casa en todos los comportamientos de su vida”.

Es decir, se muestra la falsedad de la pregonada independencia de poderes de la institucionalidad burguesa. Los partidos reformistas reiteran su llamado al ‘respeto a la justicia’ y a ‘respaldar a las Cortes’, cuando en todos estos decenios han sido garantes de la impunidad del uribismo y de los sectores empresariales y mafiosos que promovieron el paramilitarismo.

La clase trabajadora y el campesinado, que ha sufrido la violencia paramilitar y que ha sido despojada por estas élites terratenientes y empresariales, debe exigir a las Cortes que por fin se haga justicia, sin llamados a respaldar esa institucionalidad que ha sido cómplice del despojo de sus tierras y sus derechos.