Desalojos en Ciudad Bolívar: Gente sin techo y casas sin gente

Desde finales de marzo con el inicio del confinamiento preventivo obligatorio comenzaron anuncios y declaraciones institucionales según las cuales nadie en Colombia iba a pasar hambre y tampoco se presentarían desalojos de ningún tipo. Contradiciendo esos discursos, la realidad nos ha mostrado a los más empobrecidos sin alimentos sobre su mesa y siendo violentados en sus precarias condiciones de vivienda.

Autor: Jhon Pachón, PST Bogotá.

Concentraciones, marchas y cacerolazos de sectores populares exigiendo auxilios para mitigar el hambre en sus hogares vienen dándose en las últimas semanas. El confinamiento que impide a trabajadores precarizados rebuscarse el sustento diario que a duras penas es conseguido en condiciones de normalidad, les empuja a luchar rompiendo el aislamiento social y exponiéndose al contagio por COVID 19, es el dilema de morir por el virus o de física hambre. Manifestaciones con estas motivaciones han sido reprimidas violentamente por el Esmad con el pretexto de garantizar el aislamiento y acusando las acciones populares como actos de vandalismo, tal fue el caso de los cacerolazos en Arborizadora Alta, Ciudad Bolívar a mediados de abril en donde fueron atacados barrios del sector con gases lacrimógenos lanzados desde un helicóptero de la Policía Nacional sin que importara la presencia de personas vulnerables, niños y personas de la tercera edad.

Las alocuciones presidenciales diarias y los anuncios de gobiernos locales falsean la realidad de la crisis humanitaria, se anuncian recurrentemente atenciones y auxilios con programas sociales, giros bancarios y mercados distribuidos en los barrios más pobres; se afirmaba que el objetivo era evitar que se rompieran la cuarentena por la necesidad de trabajar y poder llevar el pan a la casa. Lo que se comprueba luego de 7 semanas de confinamiento es que las ayudas prometidas solo han sido recibidas por un número reducido de familias dejando por fuera cientos de miles igualmente necesitadas. La insuficiencia de los paliativos institucionales dará pie a nuevas manifestaciones callejeras exigiendo garantías de vida elementales; se incrementarán también los niveles de contagio con el desmonte o “flexibilización” de la cuarentena, por la que esos trabajadores precarizados saldrán sin alternativa alguna a rebuscar el sustento diario a cambio de su propia salud.

DESALOJOS EN MEDIO DE LA PANDEMIA

A la situación de hambre en los hogares empobrecidos se suman las inestables circunstancias para poder garantizar un techo en medio de la emergencia. La problemática estructural de vivienda se ha manifestado dramáticamente con violentos operativos de desalojo en Ciudad Bolívar, pero también con ocupaciones organizadas de edificios multifamiliares desocupados por las dinámicas especuilativas propias del mercado inmobiliario.

Desalojos a ocupaciones en espacios públicos y zonas de alto riesgo

Desde el 02 de mayo centenas de familias ocupantes en asentamientos precarios instalados con palos y latas dentro de los terrenos del parque distrital Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar, vienen siendo desalojados sin misericordia por los escuadrones del Esmad enviados por la alcaldía distrital; operativos que desde el 15 de abril ya se presentaban en las laderas de Bella Flor (Ciudad Bolívar) configuran intervenciones violentas contra asentamientos en espacios públicos o  zonas no urbanizables por su condición de alto riesgo, que experimentan crecimientos recientes por cuenta de la crisis y la incorporación de cientos de familias obligadas a establecerse en estas zonas periféricas e inestables de la ciudad. Buena parte de los nuevos ocupantes en estos asentamientos son víctimas de desplazamiento forzado intraurbano, echados a la calle previamente en desalojos como los acontecidos en los paga diarios del centro y en muchas zonas de Bogotá como respuesta a la imposibilidad de estas familias para completar el pago diario o mensual de una pieza o de una cama a sus arrendadores.

Es un crimen desalojar familias en medio de la cuarentena sin ofrecerles ninguna alternativa, y los gobiernos nacional y distrital son responsables:

A pocos días de iniciado el confinamiento el ministro de vivienda afirmaba engañosamente que los desalojos estaban prohibidos por el término de la cuarentena y por tres meses más, el anuncio solo se trataba de una declaración propagandística sin ninguna medida económica para garantizarla; por otro lado la alcaldesa Claudia López que presentaba en enero un “novedoso” protocolo para la protesta social basado en dialogo y mediación, en la práctica utiliza el Esmad como su único “protocolo”; el caso de los desalojos viene a ser solo un episodio más en el que no se ofrecen alternativas humanitarias viables que faciliten la recuperación voluntaria de las zonas ocupadas, como apoyos monetarios para pago de arriendos, reubicación temporal en albergues humanitarios u hoteles dispuestos para atender a los destechados con el fin de que cumplan su confinamiento sin pasar hambre.

El fenómeno de las ocupaciones ilegales en zonas de protección

Las ocupaciones ilegales son fenómenos complejos en donde la necesidad de un techo de los más empobrecidos trata de ser resuelta precariamente por su cuenta, cayendo en muchos casos, como en Altos de la Estancia, en manos de urbanizadores piratas o “tierreros” que son  auténticas mafias asociadas al negocio del narcotráfico que extienden sus tentáculos sobre la precariedad material de los asentamientos, también pueden inmiscuirse inescrupulosos y oportunistas que buscan algún beneficio inmerecido. La exigencia del movimiento social frente a esta problemática debe ser el cese de la represión policial y en su lugar la implementación de planes integrales de tratamiento diferencial al problema en donde se persiga a los delincuentes, se castigue ejemplarmente a los inescrupulosos y que a los destechados auténticos se les atienda de manera inmediata con soluciones humanitarias de emergencia y se les vincule a proyectos de auténtica vivienda social que garanticen condiciones de vida digna con espacios y ubicaciones adecuadas, acceso a salud, educación, trabajo, etc. De esta forma se pueden recuperar los terrenos que constituyen bienes comunes urbanos como el parque Altos de la Estancia sin que esto conlleve a mayores niveles de marginación para los destechados.

Pobladores de sectores aledaños e incluso organizaciones populares identifican estos asentamientos como amenazas para sus barrios precariamente “estables” llegando incluso a ver con beneplácito el uso de la violencia contra los destechados y justificándola con la creencia de que esta actúa contra delincuentes o contra los “tierreros”. Esta percepción es distorsionada, la realidad es que los operativos adelantados y la lógica implícita de atención al problema, hace que los destechados sufran un nuevo desplazamiento y se concrete la estafa del pirata; ante estas acciones las mafias simplemente se reacomodan, ubican nuevos terrenos para seguir engañando familias sin casa y los oportunistas se escabullen sin castigo. Por esta vía los terrenos ciertamente se recuperan, si se exigen y concretan las inversiones necesarias pueden adecuarse para evitar nuevas reocupaciones, pero al final, la penuria de cientos de familias ante la falta de una vivienda estable simplemente se desplaza geográficamente, el problema cambia de sitio persistiendo y sin perspectivas de solución estructural.

El mercado inmobiliario, la lucha por vivienda y la perspectiva socialista

Estos dramáticos acontecimientos se acompañan de iniciativas organizadas de ocupación de edificios abandonados o sin entregar, este fue el caso de las casi 300 familias que irrumpieron con trapos rojos en el conjunto desocupado “San Isidro” en Soacha para exigir alguna solución de vivienda que permitiera sobrellevar el confinamiento guarecidos y con garantías de sostenimiento. También ha tenido gran repercusión la ocupación de la comunidad Embera al proyecto de vivienda de interés social abandonado en el barrio Candelaria la Nueva. Esta comunidad que había sido desalojada de sus sitios de vivienda en el centro a comienzos de abril, había mantenido una ocupación pacífica en el parque Santander, la cual fue desmontada tras compromisos pactados con el gobierno distrital. El incumplimiento institucional de esos compromisos motivó la acción de ocupación posteriormente reprimida con brutalidad, causando la pérdida de la gestación de Amparo Morri, indígena participante de la ocupación, este es el trágico saldo de los golpes propinados por agentes de policía, criminalmente descargados hasta en el vientre de una mujer embarazada.

La represión como mecanismo de respuesta ante los clamores de vivienda digna son la respuesta usual dada la incapacidad del mercado inmobiliario en la solución del problema a los destechados. Los insuficientes programas de vivienda ofertados por las instituciones para los más vulnerables tampoco constituyen alternativas idóneas en la medida que muchas terminan siendo soluciones que sostienen o profundizan la segregación socio espacial en las ciudades.

La mercantilización de la vivienda provoca que, a pesar de la creciente necesidad de techo por parte de millones, el stock de viviendas vacías aumente día a día a la espera de ser arrendadas o compradas por precios cada vez más altos y en todo caso prefiriéndose su deterioro y su ruina antes que proveer abrigo a una familia desposeída. El endeudamiento débilmente sostenido por ingresos familiares irregulares e inestables por cuenta de la avanzada precarización laboral conduce irremediablemente al estancamiento de los negocios inmobiliarios y al estallido de la burbuja inmobiliaria. Se trata en últimas de la sin salida del capitalismo y su incapacidad de resolver problemas centrales de la sociedad como el de la vivienda o el de la urbanización irracional, excluyente y predatoria de las estructuras ecológicas.

Solo la planificación centralizada de la ciudad en función de las necesidades habitacionales y humanas de la sociedad, y bajo el gobierno de los trabajadores puede ofrecer una salida cierta al problema de la vivienda. Por el contrario, si la propiedad privada del suelo urbano y rural y el apetito voraz del capital financiero sigue siendo el factor determinante en la producción de vivienda, seguirán siendo interminables las marchas forzadas de los millones de desposeídos de siempre.

Ante esta situación exigimos:

• Cese de la represión y desmonte del ESMAD
• Ejecución inmediata de un plan de emergencia de reubicación (para cada familia un hogar), en condiciones dignas tanto para ellos como para la comunidad, con la perspectiva de que el plan no sea transitorio mientras la cuarentena sino permanente
• Que la a deuda externa no se pague y que por el contrario se destine para pagar, entre otros, ese plan inmobiliario para Ciudad Bolívar. (Firma la petición en: http://chng.it/KzLGZXfd2B)
• Desmantelamiento de las mafias de “tierreros”