La reforma laboral de Duque: Ataque a los derechos de los trabajadores

El desempleo en Colombia superó el 10% en los meses pasados. Según el gobierno, esto se debe a la desaceleración de la economía y anuncia medidas para estimular la producción. Una de ellas es otra reforma laboral contra los trabajadores para abaratar el costo de la mano de obra. En la reciente Asamblea de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) los empresarios del sector presentaron al gobierno sus propuestas, a las que llaman “Pacto social por el empleo”: contratación por horas, salario mínimo regional, eliminar recargos de dominicales y festivos o “modificar el concepto de semana laboral”. Los trabajadores no podemos confundirnos: los capitalistas colombianos han lanzado una nueva ofensiva contra nuestros derechos.

Autor: Armando Barrera

Golpe a golpe

En Colombia la burguesía logró imponer una contrarreforma laboral con la Ley 50 de 1990 que arrebató derechos conquistados durante más de medio siglo de luchas. Con ella se eliminó la retroactividad de las cesantías, la media pensión o se redujeron las indemnizaciones por despidos. Se agregó la Ley 100 que inició el proceso acelerado de privatización de los servicios de salud y las pensiones, además de otras medidas contra el “salario social” que recibíamos los trabajadores por la vía de los subsidios a servicios públicos o exoneración de impuestos. Posteriormente vino la extensión de la jornada diurna para eludir el pago de horas extras, la generalización de los contratos por Orden de Prestación de Servicios (OPS) y la tercerización laboral para desconocer las prestaciones sociales. Todas esas contrarreformas se aplicaron con el argumento de incentivar el empleo, pero en realidad sólo sirvieron para que los capitalistas se apropiaran de una mayor parte de la riqueza producida socialmente. Colombia es hoy uno de los países de mayor desigualdad social del mundo, la informalidad laboral ha continuado y las condiciones de vida de los trabajadores han empeorado.

Más desempleo, menos salario

Los capitalistas necesitan que haya un sector de trabajadores desempleado, pues ese “ejército de reserva” les sirve para regular el costo de los salarios con la competencia en el mercado de trabajo. Consideran que un 3% es “pleno empleo”, un 7% es favorable para su economía, pero de un 10% para arriba les preocupa que disminuya el consumo (y sus ganancias) o se agraven los conflictos sociales. En Colombia al “ejército de reserva” tradicional se han incorporado un millón y medio de venezolanos desplazados por la crisis. Los grandes capitalistas y medianos empresarios están aprovechando eso para devaluar los salarios.

Se reconoce oficialmente que la informalidad laboral en las ciudades equivale al 45% y en el campo es el 85%. Esa informalidad afecta también la financiación de los servicios de salud público y privado, y el ahorro en cesantías y pensiones (con el que especula el sector financiero). Por eso dicen que es una “bomba”.

A esta situación se han agregado desarrollos tecnológicos que permiten nuevas formas de explotación del trabajo o la comercialización de bienes y servicios, como las aplicaciones digitales Uber o Rappi, que permiten eludir las responsabilidades de un contrato formal de trabajo, presentándolo como “autoempleo”. El gobierno argumenta que hay que adaptarse a esa realidad estableciendo el trabajo por horas y los aportes parciales a salud y pensiones que harán casi imposible para las nuevas generaciones aspirar a la jubilación. Ahora se inventaron los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), para que los miserables también “puedan ahorrar para la vejez”.

Reducir al mínimo el salario mínimo

Otra de las propuestas que desde hace tiempo viene discutiendo la burguesía es eliminar el salario mínimo. El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es uno de los promotores de esa iniciativa con el argumento de que la economía colombiana no es competitiva. Se refiere a que las grandes transnacionales –que recorren el mundo buscando dónde se puede encontrar las mejores condiciones para sobreexplotar a los trabajadores– prefieren países como China, India, Bangladesh, México o Haití.

De hecho, en las zonas francas colombianas les permiten condiciones laborales diferentes al resto del país, empezando por la persecución a las organizaciones sindicales.

Recientemente la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, expidió la directriz 049 que permite el despido de trabajadores discapacitados que estaban protegidos por ese retén social. Los empresarios además exigen que se investigue las incapacidades médicas ordenadas por los servicios de salud.

Un anticipo de la reducción del salario mínimo es el proyecto de “salario mínimo regional” diferenciado, con el argumento de promover la competitividad regional y el empleo en las zonas rurales.

¡Exijamos la convocatoria de un Paro Nacional inmediato!

Sólo hay una manera de enfrentar el paquete de medidas contra los trabajadores que prepara el gobierno de Duque: la unidad de acción de los trabajadores en las fábricas y las calles. Esta lucha debe ser encabezada por los trabajadores organizados en los sindicatos y las centrales obreras. Los desempleados y subempleados no tienen la capacidad organizativa para adelantarla y serán víctimas pasivas de esta ofensiva patronal que perjudicará a todo el pueblo colombiano. Lamentablemente no podemos esperar una actitud consecuente de la dirigencia de las centrales, empeñadas en concertar con el gobierno las reformas, o en denuncias inocuas ante la Organización Internacional del Trabajo. Por eso debemos fortalecer las iniciativas de unidad por la base promoviendo las coordinadoras sindicales en cada ciudad, región y sector laboral, al tiempo que exigimos la convocatoria de un Paro Nacional inmediato contra el paquetazo de Duque.