La protesta social bajo fuego

El pasado 4 de abril, una veintena de colectivos defensores de derechos humanos, marcharon a la Corte Penal Internacional en La Haya, para denunciar el asesinato sistemático de líderes sociales, más de 430 desde 2016. Esta manifestación, silenciada por los medios masivos, terminó en una entrevista con la fiscal de ese tribunal, Fatou Besouda.

Autor: Antonio Romero

La marcha, se dio en medio de la Minga Indígena, en la que fueron agredidas las comunidades que ejercían su derecho a la protesta social, con más de diez indígenas asesinados. Al mismo tiempo, desde el Gobierno y el Centro Democrático, se señalaba a la Minga de delinquir y de estar infiltrada por disidencias de la guerrilla desmovilizada.

Días antes, grupos organizados por los partidos de derecha habían atacado la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, al estilo de las guarimbas en Venezuela, lo que muestra el talante que pretende imponer el uribismo: como no puede criminalizar la protesta social con señalamientos de pertenecer a la guerrilla, ahora enfrenta a la población con grupos violentos.

La llamada ‘cohesión social’ del uribismo busca crear organizaciones paralelas en los trabajadores y el movimiento social, pero lo ocurrido con la Minga Indígena y las escenas que vimos en Cúcuta, muestran que el Gobierno de Duque está dispuesto a usar grupos civiles violentos contra la población.

Por otra parte, el uribismo sigue proponiendo normas para seguir restringiendo el derecho a la protesta social y la Fiscalía actúa para reprimir y desmoralizar la lucha social. En Cúcuta, el ESMAD era testigo de la fabricación de explosivos durante varios días después de la farsa del concierto, sim embargo, no hay una sola investigación ni se dio una sola captura, a pesar de que las imágenes circularon por las redes sociales.

La clase trabajadora y las organizaciones populares deben prepararse para esta nueva forma de agresión estatal y entender que solo la organización y la movilización podrán detener la masacre en curso de los líderes sociales y la criminalización de la protesta social.