Contra el pacto burgués, unidad obrera y popular

La cascada de hechos con los que finalizó la semana, desató una “crisis política” de esas a las que nos tiene acostumbrados la gran burguesía nacional, cada vez que se ve obligada a tapar un escándalo con otro, para proteger a sus altos representantes, o cuando necesita lanzar un nuevo plan político o económico contra los trabajadores y los pobres.

Autor: Partido Socialista de los Trabajadores – Comité Ejecutivo, mayo 20 de 2019

Conocida la negativa de la JEP a la extradición de Jesús Santrich, la orden de su liberación, ordenada por un juez tras un recurso de Habeas Corpus interpuesto por sus abogados, y las teatrales renuncias del fiscal Martínez, de la Vicefiscal y de la Ministra de Justicia recibimos un alud de declaraciones, propuestas y medidas, cada una más antidemocrática que la otra, de parte de los diferentes sectores políticos de la derecha nacional e imperialista. Todos, sin excepción, proclamaron “una crisis institucional”. Los uribistas, desde el Centro Democrático, propusieron la convocatoria de una Constituyente y los santistas, hambrientos de mermelada, clamaron por un “acuerdo nacional”.

Los grandes medios de comunicación, haciéndose eco de las declaraciones de los dirigentes burgueses, repiten como loros que esta crisis fue causada por la decisión de la JEP. En realidad, el escándalo alrededor de Jesús Santrich y la crisis del proceso de paz, personificada en la crisis entre el gobierno, la ultraderecha y la JEP, son expresión de una situación más estructural: la necesidad de la burguesía de aplicar las medidas que pongan a la clase trabajadora a pagar la crisis económica y ocultar la tragedia de los asesinatos de líderes sociales, ex combatientes y civiles tal como lo reveló el New York Times el fin de semana.

Como sucedió con la aprobación a pupitrazo del Plan Nacional de Desarrollo, en que uribistas y santistas se unificaron contra la clase obrera y los sectores populares, Iván Duque convoca ahora a un “pacto nacional” que permita la modificación de los acuerdos y la extradición de Santrich, con el fin de cumplir el mandato impuesto por los Estados Unidos. Pues lo que queda más claro de toda esta “crisis” es que Iván Duque más que un mandadero de Uribe, es un empleado de Trump, y que su gobierno es considerado por los yanquis una agencia de la DEA. Las declaraciones de Trump sobre el pobre desempeño de Duque en la lucha contra las drogas, la grosera intervención del embajador Withaker en el trámite de las objeciones al acuerdo de paz y la suspensión de la visa a altos magistrados de las cortes, dan testimonio de la forma en que el imperialismo ve a su “aliado estratégico”.

Todo el espectáculo de la “crisis” es una gran maniobra. La burguesía y el Fiscal se desembarazaron de un importante problema: la deslegitimación de la Fiscalía; pues Néstor Humberto Martínez había perdido credibilidad por sus implicaciones en diversos casos de corrupción relacionados con Odebrecht y el llamado Cartel de la Toga. Martínez debía comparecer el próximo 23 de mayo ante la Corte Suprema de Justicia por el soborno de Odebrecht a funcionarios de Corficolombiana, empresa del Grupo de Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo a la que pertenecía el ahora exfiscal, y que lo implicaba en la adjudicación fraudulenta de licitaciones de grandes obras públicas, con el agravante de que varios testigos directos han muerto envenenados con cianuro.

De igual manera, esta “crisis” es aprovechada por el gobierno para empezar a ajustar su equipo, precipitando la renuncia de la Ministra de Justicia que no solo había fracasado en la parte de la agenda legislativa a su cargo, sino que había guardado silencio frente a las objeciones a la JEP.

Por su parte, la estructura de la justicia transicional aprovecha para deshacerse, por la puerta de atrás, del caso Santrich, tratando de recuperar la credibilidad y la legitimidad que tanto les ha costado adquirir por los ataques del uribismo y el Imperialismo. De esta manera la farsa de la liberación de Santrich y su posterior recaptura han unificado a los partidos burgueses y a las instituciones que, ante la opinión nacional, aparecen divididas.

Iván Duque está convocando a un “pacto nacional para modificar los acuerdos, pacto al que incluso sectores llamados “alternativos”’ se han planteado acudir. Sergio Fajardo, candidato del Polo Democrático y el Partido Verde en las elecciones pasadas, manifestó en las redes sociales que, (puesto que…) “En todos los sectores hay personas razonables y responsables, el presidente debe convocarlas para construir alternativas que nos permitan avanzar en el único camino que conduce a unirnos: la reconciliación”. El ex Fiscal manifiesta en entrevista con El Tiempo – diario que llama en su editorial a un pacto nacional urgente – que hace unos meses está trabajando en un acuerdo nacional y que “quien aceptó avanzar en estos diálogos fue Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, de las Farc, y me manifestó que apoyaba esta iniciativa para los fines de poder avanzar en la paz y cerrar tanta fractura política que hoy tenemos en Colombia alrededor de este tema”.

Más allá de la renuncia del Fiscal, no se puede perder de vista que el acuerdo de paz con las Farc y la JEP se han convertido en punto de tensión entre los partidos del régimen. El Centro Democrático y el Partido Conservador se alinean en contra del acuerdo y de la justicia transicional, a pesar de que esta garantiza la impunidad a los militares y financiadores del paramilitarismo, porque implica contar un mínimo de la verdad sobre el despojo de tierras, los nexos con el narcotráfico y la perpetración de masacres contra los líderes de la recuperación de las tierras despojadas por parte de la burguesía y los terratenientes. Desde su orilla, el Partido Liberal, el Partido de la U y Cambio Radical defienden, por conveniencia, los acuerdos y la justicia transicional que garantizan la posibilidad de insertarse a los negocios transnacionales.

Para la burguesía la coyuntura no es fácil. El crecimiento económico se ha desacelerado, el déficit comercial ha crecido, los precios del petróleo se han estancado, el desempleo ha vuelto por encima del 10% y los niveles de pobreza y desigualdad se han incrementado. Además, las reservas de gas y petróleo están a cinco años de agotarse, con el agravante de que un fracaso en la intervención política y militar en Venezuela para sacar a Maduro le hace perder la posibilidad de participar en lo inmediato del reparto de los recursos naturales del país vecino.

No obstante, en medio de esta situación, lograron aprobar de común acuerdo, el Plan Nacional de Desarrollo con el que pretenden descargar la crisis sobre la clase trabajadora, a cambio de una nueva repartición de la llamada “mermelada”: burocracia y contratos para los partidos. El 60% de desaprobación con que la población castiga al gobierno Duque, lo obligan a apoyarse en el conjunto de la burguesía para poder mostrar resultados a las bases uribistas que lo eligieron y que estarían dispuestas a sacrificar derechos sociales a cambio de ‘vencer’ a las desmovilizadas Farc.

Es en este marco que se explica la importancia que le dan el conjunto de la burguesía y el reformismo al caso de Santrich, presionados por gobierno de Trump, que ha calificado al gobierno colombiano como inepto y lo acusa de no hacer nada por disminuir las hectáreas cultivadas de coca, a pesar de que Martha Lucía Ramírez y el mismo Duque llevan más de diez visitas a Estados Unidos en nueve meses de gobierno.

Los trabajadores no podemos ocultar que esta situación es en buena medida responsabilidad de la dirección de las propias Farc. Los incumplimientos por parte del gobierno de lo central de los acuerdos y el centenar de ex combatientes asesinados desde su firma, son producto de la forma burocrática en que su dirección negoció el acuerdo de paz: a escondidas de sus bases y de los trabajadores, y cediendo a todas las presiones del imperialismo, el gobierno y los reformistas. Y hoy, en vez de corregir esa política de confianza en el régimen burgués antidemocrático, llamando a la movilización obrera y popular, la respuesta que dan frente a los vejámenes que se hicieron contra Santrich es dejar todo en manos de la JEP y de los países garantes, lo que seguirá exponiendo a los ex combatientes a las inseguridades de un proceso que está supeditado a los intereses de Trump y del uribismo.

La burguesía y su gobierno están utilizando el caso de Santrich para crear una aparente crisis institucional que justifique la creación de un pacto burgués de “unidad nacional” que les permita ajustar los planes económicos y políticos contra los trabajadores y la izquierda haciéndoles pagar la crisis económica y política.

Los trabajadores tenemos que hacer nuestro propio pacto obrero y popular para enfrentar la arremetida política y económica de recorte de las libertades y de sobrexplotación. Desde el Partido Socialista de los Trabajadores, hacemos un llamado a la unidad de la clase trabajadora y los sectores populares contra la unidad de los burgueses, para exigir mejores condiciones laborales y salariales, para rechazar la extradición de ciudadanos nacionales a los países imperialistas, empezando por la de Jesús Santrich, para frenar los asesinatos de los líderes políticos y sociales y para rechazar cualquier recorte a los pocos derechos y garantías alcanzados por los ex combatientes de las FARC en los acuerdos de paz. La única manera de detener los planes de Duque y del imperialismo es incrementando la movilización y la lucha obrera y popular en las calles.