El plan de Duque es contra los derechos de los trabajadores y los pobres

Las reformas de Duque son para mejorar las condiciones de los ricos, a costa de empeorar las condiciones de los pobres. Es decir que para la población trabajadora son contrarreformas. El lenguaje utilizado por el gobierno para presentar la política es cínico y demagógico. En nombre de la defensa de los intereses de los empresarios el gobierno va a profundizar las contrarreformas neoliberales que se vienen aplicando en Colombia y en el mundo desde la década de los 90.

Autor: Comité Ejecutivo, Partido Socialista de los Trabajadores

Es verdad que hay una crisis de la economía mundial, pero es una crisis de exceso de producción, es decir muchas mercancías que la gente no puede comprar y al mismo tiempo de aumento de la miseria. Es una contradicción del sistema capitalista que hace a su esencia y que popularmente se enuncia como que es el sistema donde los ricos se vuelven más ricos, mientras los pobres terminan más pobres.

En ese contexto la economía colombiana crecerá en 2018 alrededor de 2.8%, índice que no es malo para los empresarios, ubicándose como uno de los pronósticos más altos de crecimiento económico, en comparación con otros países de América Latina. Sin embargo, la experiencia nos muestra que si la economía crece los capitalistas no reparten las ganancias con los trabajadores, pero si la economía entra en crisis nos la hacen pagar, recortando salarios, derechos y nivel de vida. Ellos no pierden ni con cara ni con sello. Por eso no podemos creer la demagogia de Duque de que para reactivar la economía “a favor de todos” hay que dar incentivos a los inversores”, es decir, a los empresarios nacionales y extranjeros, eliminándoles los impuestos, supuestamente para que generen empleo. Todos sus planes están encaminados a favorecer las ganancias de los ricos a costa de seguir bajando el nivel de vida de la clase trabajadora y sus familias. Esa es la lógica que inspira todas sus medidas económicas y políticas.

Contrarreforma tributaria: menos impuestos a los ricos, más para los pobres.

Duque ha tenido que cambiar el lenguaje porque ante los primeros anuncios de su Ministro de Hacienda, de aplicar medidas como el IVA a la canasta familiar, mientras proponía quitar los impuestos a las empresas y gravar con impuesto a la renta a los trabajadores que ganaran más de 1.800.000, comenzó a perder apoyo y popularidad de manera acelerada, cosa que no es buena para un gobierno que está comenzando. Por eso ahora dice que no es una reforma tributaria lo que propone sino una Ley de financiamiento para reactivar la economía y mejorar los recaudos del Estado. Lo mismo hace, por ejemplo, con el plan Ser Pilo paga: ahora lo llama Programa de Educación.

La “reforma” tributaria de Duque, que es la más importante junto con la del sistema pensional y de seguridad social, consiste en rebajar los impuestos a los empresarios: cero impuestos durante los próximos 10 años a los empresarios que inviertan en el campo y generen empleo. Extender el IVA a los productos de la canasta familiar prometiendo que sería devuelto a los más pobres mediante el Sisben, e imponer impuesto a los salarios a partir de quienes ganan 1.9 millones de pesos mensuales. Ahora propone otras medidas como gravar a las 10 mil personas que ganan salarios de 50 millones al mes lo que aportaría cerca de tres billones, así como gravar las pensiones de más de $4.400.000, es decir al 4% de los trabajadores que lograron pensiones de cinco salarios mínimos. Mientras tanto sobre las altas pensiones de los congresistas, guardan absoluto silencio.

Se argumenta que los empresarios pagan muchos impuestos y que si se rebajan pueden generar más empleo. Es el viejo truco que utilizó Uribe con la supresión de las horas extras que no generó más empleo, y si aumentó la tercerización laboral.

Hernando Gómez Buendía, director de razonpublica.com desmiente que los empresarios colombianos paguen muchos impuestos. Dice que: “los impuestos son apenas uno de los costos que afectan a las empresas, raramente o jamás el principal; (ii) no importan las tarifas nominales sino las que se pagan en la realidad (según la Comisión Tributaria, Colombia en teoría tiene unas tasas empresariales muy altas, 43 por ciento en 2017, que en la práctica quedan entre 22 y 27 por ciento)”. (¿Para dónde va Duque?, razónpublica.com, 24 de septiembre de 2018).

Lo cierto es que los empresarios y sus organismos como Andi, Anif, Fedegan, Asobancaria, están dispuestos a apoyar no solo la reforma tributaria sino otras más, como la del sistema de pensiones y seguridad social y la laboral, para elevar sus tasas de ganancia por distintos mecanismos, y Duque como su agente en el gobierno, las va a discutir con ellos para lograr el consenso necesario que les permita su aprobación en el Congreso.

Contrarreforma pensional para acabar el régimen de prima media y Colpensiones.

Uno de los argumentos para aumentar impuestos a los pobres es que el presupuesto estatal para pensiones es muy alto, pero la medida no es para mejorar sino para empeorar, porque el eje de la “reforma” pensional es liquidar Colpensiones y entregarle todo el sistema a los fondos privados de pensiones que están mayoritariamente en manos del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo con el fondo de pensiones Porvenir y el Sindicato Antioqueño con el fondo Protección.

Es decir que nuestras pensiones van a quedar en manos del usurero sector financiero y las reglas para liquidar las pensiones no será promediando el salario del último año como aún conserva un sector de trabajadores, o de los últimos 10 años como quedó para otro sector después de las modificaciones regresivas que se establecieron con la ley 100 de 1993 y todas sus normas posteriores que ya lo tienen bastante desfigurado, sino que devolverán lo que haya ahorrado el trabajador individualmente, y eso si los fondos no se declaran en quiebra y nos terminan enviando un saldo en rojo. De aplicarse esta política desaparece Colpensiones, y los fondos que manejan el régimen de prima media de los maestros y otros trabajadores. Las generaciones intermedias y nuevas estarán condenadas a despedirse de la pensión, o en el mejor de los casos a sobrevivir con una pensión mínima o un subsidio a la vejez. También pretenden eliminar la sustitución pensional a la muerte del trabajador, que pasa a su cónyuge o hijos discapacitados, y elevar la edad de pensión para hombres y mujeres.

El sistema de pensiones que quieren consolidar es el que impuso la dictadura de Pinochet en Chile. Sistema que hoy tiene al 90% de pensionados de ese país recibiendo el equivalente a 233 dólares de pensión mensual, es decir la mitad del salario mínimo.

El objetivo principal de la burguesía es darle la estocada final al Régimen Solidario de Prima Media. Un régimen que no tiene porqué quebrar porque todos los trabajadores cotizarían para pensión, generando una cadena en la que los activos alimentan el fondo para que los viejos se jubilen.

“Reforma” política para los de siempre.

Esta “reforma” ya radicada y en avance de discusión se propone tres objetivos centrales: eliminar el voto preferente para ir con listas cerradas en los procesos electorales, incluir la alternancia entre hombres y mujeres en las listas, y unificación del calendario electoral para elecciones legislativas y presidenciales, donde los candidatos presidenciales encabezarán las listas al Senado. Esta “reforma” no es para democratizar y ampliar la participación de trabajadores y sectores a los que se les ha restringido la intervención en política. Está al servicio de los partidos de la burguesía que siempre han gobernado, manteniendo unas cuotas para algunas minorías y posibilidades para algunos sectores de la izquierda. A pesar de los 11 millones de votos contra la corrupción, el clientelismo se consolida y los corruptos gobernadores y alcaldes quieren extender su periodo, supuestamente para evitar tanta elección cada año, unificándolas todas en un año electoral. Esto solo servirá para que los de siempre controlen mejor.

“Reforma” a la justicia, otra “reforma” política.

Se trata de hacer algunos ajustes para el control entre los distintos sectores de la burguesía. Por ejemplo, se suprime la facultad que hoy tienen las Altas Cortes de postular ternas o de nombrar directamente a varios altos funcionarios. La excepción será el Fiscal. Como parte de los proyectos anticorrupción el gobierno presentó uno para limitar el periodo de permanencia en las corporaciones públicas a tres, pero ya se hundió en la plenaria de la Cámara y Claudia López denunció que el gobierno no lo defendió. Queda claro para qué sirve el famoso acuerdo contra la corrupción de todos los partidos con el gobierno. ¡Qué estafa!.

Lo más grave para los trabajadores es que se pretende dar un fuerte golpe a un mecanismo que ha sido utilizado para defender algunos de sus derechos fundamentales. Proponen fuertes restricciones a la tutela. Se limita quién puede presentarla, dónde, los términos de tiempo para hacerlo y no se podrá presentar ante cualquier juez sino ante uno especializado en el tema del derecho fundamental que se reclama. También se propone de hecho la privatización de la justicia concediéndoles a los abogados litigantes y notarios, funciones judiciales. No se incluyen medidas para la descongestión judicial, la tramitología y el hacinamiento carcelario, entre otros problemas, que sufre la población pobre.

Aparte de estas “reformas” hay otros proyectos y decretos que se han radicado o se preparan para presentar más adelante relacionados con la lucha antidrogas, reforma laboral, explotación minera, reforma del régimen de regalías y eliminación de subsidios a los servicios públicos.

Dictadura para los pobres

Duque no habla con el tono déspota de Uribe, pero impulsa las medidas represivas y reaccionarias del uribismo y del Centro Democrático. Eso se está manifestando en varios hechos relacionados con recorte de libertades democráticas y medidas que suprimen avances que en ese campo se habían logrado.

El asesinato de líderes sociales y dirigentes sindicales, que en el gobierno de Santos ya era grave, con el gobierno de Duque se disparó, entre otras cosas porque funcionarios del gobierno como el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha justificado esos asesinatos al afirmar que la protesta social es financiada con dineros ilegales. El señalamiento de ese ministro expresa el odio de los ricos contra los líderes campesinos que exigen la devolución de sus tierras expropiadas, y la defensa del medio ambiente frente a los proyectos mineros y de deforestación realizados por multinacionales y sectores relacionados con el paramilitarismo. En el mismo sentido ese ministro llegó a proponer regular la protesta social, es decir controlarla y reprimirla.

Parte de los planes del gobierno es recortar derechos como el de las consultas populares. La Corte Constitucional acaba de aprobar que los ciudadanos no pueden impedir la exploración y explotación de recursos del subsuelo por medio de ellas; por lo tanto, es una medida para favorecer a las transnacionales mineras contra los movimientos que se han generado contra la explotación y daño del medio ambiente, de nuestros paramos y de las fuentes hídricas.

Por otra parte el gobierno pretende “proteger el medio ambiente” rociando glifosato y autorizando el fracking para la explotación petrolera. Entre tanto el uribismo, mediante tutela, ya intentó buscar que se limitara el tiempo para acceder al aborto, sin embargo la Corte Constitucional lo ratificó por mayoría.

Sin duda las medidas del gobierno van a producir protestas. Ya empezaron los estudiantes universitarios. El descontento que se expresó en la votación por Petro, como votación contra los candidatos de los partidos tradicionales responsables de la crisis y la corrupción se expresará en las calles. Para derrotar las “reformas” y planes de Duque debemos organizarnos, centralizar y coordinar las luchas.