La lucha popular por la educación

Desde finales de noviembre del año 2017 la Secretaría Distrital de Gobierno, en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, ha venido desarrollando un modelo a pequeña escala de la estrategia neolibeal de financiación de la educación pública conocida como subsidio a la demanda.

Autor: BK2 – Unos becados de la UPN

Para realizar este ejercicio las instituciones en cuestión idearon un plan que ha sido un cúmulo de irregularidades. De más de cuatrocientas personas, la Universidad seleccionó a 100 líderes y lideresas de Bogotá para la Profesionalización en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos, con la promesa de una beca educativa patrocinada por la Secretaría de Gobierno.
El costo del PIN para cada uno de los inscritos fue de $ 65.800 y luego cada uno de los cien seleccionados pagamos un costo de $ 83.345 por concepto de carné, seguro estudiantil y matrícula de pregrado. De este último nos informan que corresponde al 1.5% del costo del semestre y está destinado a una póliza de riesgo contemplada en el Convenio 661, celebrado entre la Secretaría Distrital de Gobierno y la Universidad Pedagógica Nacional.

El 25 de enero nos informan en una reunión que con el pago de matrícula y el registro de materias (que realizamos el 29 de enero) ya teníamos la calidad de estudiantes. El señor rector Adolfo Atehortúa nos dio la bienvenida y se mostró muy feliz con nuestra presencia. No obstante, en la noche de ese día recibimos un correo electrónico en el cual nos informaban de los requisitos para acceder al crédito con el Icetex. Ante esta situación sostuvimos una reunión con el señor Francisco Pulido, Director de la Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno el día 10 de febrero, quien solo ratificó lo manifestado en el correo electrónico.

Y la piedra de tropiezo está en que en los requisitos de admisión no se mencionó el crédito educativo con el Icetex, pues de haber sabido muchos ni siquiera hubiéramos accedido al proceso. Y aunque en el cronograma de admisión sí se indica que “este recibo (el de matrícula) es necesario para iniciar el proceso de formalización del proceso con el ICETEX” no dice que fuera para un crédito, sabida cuenta que el Icetex también administra recursos de becas estudiantiles propiamente dichas. Y para completar, el Reglamento Operativo del Convenio, que se suponía debía estar colgado en la web del Icetex desde noviembre de 2017, pues en él se contemplan los requisitos de admisión, solo se dio a conocer hasta el 29 de enero de 2018 y no en la página del Icetex, pues la información que se colgó en la dicha página apareció en el mes de marzo y corresponde a la prórroga que se dio para completar las “vacantes” que dejamos quienes no accedimos al crédito con el Icetex. Claro está que estas prórrogas se han abierto en más ocasiones desde entonces, procurando completar los cien cupos.

El 10 de febrero también comenzaron las clases y aunque los líderes y lideresas comunitarios nos reunimos en varias ocasiones con la Secretaría Distrital de Gobierno no se logró ningún acuerdo y simplemente se suspendieron las clases desde el 7 de abril hasta comienzos de junio, cuando se reanudaron, pero solo con quienes han ido asumiendo el crédito educativo, al parecer incluyendo personas que no estuvieron en la convocatoria inicial.

Multiplicadores del plan de gobierno distrital

En uno de los primeros encuentros con el señor Francisco Pulido, él nos manifestó que los líderes que habíamos sido seleccionados seríamos “multiplicadores” del plan de gobierno del alcalde Peñalosa. Hasta ese momento no teníamos conocimiento de que la práctica pedagógica estaría amarrada al plan de gobierno, el cual contempla la implementación del Programa de Educación Distrital en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación en escenario formal educativo. De las 58.500 personas que deben ser formadas para la paz y la reconciliación, el Convenio 661, del 9 de noviembre de 2017, indica que 15.000 personas tendrán formación en Derechos Humanos en escenario formal educativo.

Pero detengámonos en un detalle. En los estudios previos del proyecto se indica que “para la formulación de módulos del PEDHU y su desarrollo a partir de procesos de formación en modalidad virtual y presencial con 16 horas pedagógicas (…) se establecieron 179 posibles oferentes, de los cuales sólo la UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA y la empresa ECO CONSULTORES SAS, es decir, dos (02) remitieron cotización”, de donde resultó que “la formulación de los módulos de empoderamiento y profundización, así como la formación de 7000 personas en modalidad presencial constaría CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($4.941.277.600) CON eco Consultores SAS y CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. con la ($14.244.000.000) con la Universidad Sergio Arboleda”.

Como vemos, las cotizaciones dan cuenta solo de 7.000 personas formadas, lo que indicaría que para cumplir la meta de gobierno, estos valores aumentarían en algo más del 100%. Por eso el documento de estudios previos que avala la oferta de la Universidad Pedagógica Nacional expresa que “las condiciones presupuestales y financieras del Convenio Interadministrativo son eficientes y optimizan los recursos de inversión”. Y es claro porque como lo hemos dicho, cada líder “becado” tiene la misión de multiplicar su formación a 150 personas durante los cinco semestres contemplados para la terminación de la carrera universitaria.

Además, el costo por matrícula de cada estudiante es de $4.338.547, colmando los topes de la escala de costos que tiene la Universidad Pedagógica Nacional. Pero tal vez como la financiación es por parte del Distrito Capital, entonces las tarifas se pueden incrementar arbitrariamente.

Entre la improvisación y la negligencia

Han sido siete meses de lucha y desgaste por parte de un grupo de líderes y lideresas quienes sentimos que más allá de los discursos liberadores de la academia es evidente la implantación de un sistema que termina socavando aún más los pilares de la tan anhelada autonomía universitaria.

Además, lo que hemos vivido es otra forma de estigmatización y de vulneración de los derechos humanos a los defensores de derechos humanos. ¿Cómo es posible que para poder estudiar se tenga que aceptar las condiciones leoninas y arbitrarias de la administración Peñalosa? ¿Por qué la Universidad Pedagógica aceptó estas condiciones? Como estudiantes no reconocidos llamamos a estas dos entidades a que acepten sus fallas y nos respeten el derecho que ganamos en concurso público sin más trabas que el cumplimiento de los requerimientos académicos. Y en lo tocante a la implementación del plan de gobierno, se deben explorar alternativas negociadas con las comunidades.

Denunciamos esta problemática, pues como líderes y lideresas comunitarios no tenemos una solvencia económica digna y para completar nos convertimos en pioneros en Bogotá de una nueva modalidad de financiación de la educación pública, al estilo del programa nacional de “Ser pilo paga”. Por eso acudimos a personas e instituciones que abanderan la lucha por la educación incluyente y de calidad para que nos ayuden en la exigibilidad de respeto a nuestros derechos educativos y comunitarios.