Cuando el capitalismo desborda la vida

Hoy las horas cuentan para los vivos y los muertos. Hidroituango, una obra faraónica de 11 billones de pesos –es decir once veces el presupuesto de educación o 24 veces la destinación de salud para Medellín en 2018–, desde su diseño, su construcción, hasta su manejo, ha estado sujeta a una maraña de corrupción, despotismo, ineficiencia y bajos resultados; dejando en el camino muertos, despojo y tragedia, que hoy se resume en miles de campesinos viviendo bajo el acecho de una avalancha apocalíptica. En los 17 municipios afectados, hoy 120.000 personas corren riesgo de una tragedia, pero ya desde su construcción significó un altísimo precio por desplazamiento de los campesinos a manos del paramilitarismo.

Autor: Hipólito

El Cauca indomable encadenado

Nunca se debió intervenir el Rio Cauca, en un tramo encañonado, donde las montañas son cortadas por fallas geológicas, pues contra el intento de detener su curso el rio buscará de manera física y natural destruir todo obstáculo. Esto es un hecho conocido por los gobiernos y todas las autoridades ambientales (ANLA) que autorizaron no solo una obra condenada al fracaso, sino que destruyeron un hábitat que involucra más de 100 mil colombianos, sacrificando además un área ecológica invaluable, que ni en cientos de años logrará su recuperación.

El río Cauca es la segunda arteria fluvial de Colombia. Pasa por más de 180 municipios en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar. La cuenca hidrográfica de aproximadamente 63.300 km² es el lugar de diversas actividades productivas como la industria azucarera, cultivo de café, generación de electricidad, explotación minera y agrícola. Su importancia reside en ser ribera para millones de pescadores, mineros y campesinos, que de a poco son desplazados por intervenciones económicas y de infraestructura, que alteran el equilibrio entre pobladores y naturaleza. La urbanización del país vierte en su caudal las aguas negras de ciudades como Popayán, Cali, Manizales, Pereira y Medellín. En el Valle del Cauca desde 1985 se dio la primera gran intervención de su curso con la represa Salvajina. “La dueña de la instalación es la Empresa EPSA, desde 2009 en manos colombianas por las instituciones Colener S.A.S., Inversiones Argos S.A. y Banco de Inversión Bancolombia S.A”.

La herida abierta

Desde la presidencia con Álvaro Uribe se inició la aprobación de planos y contratos de obras en Ituango, que se inician en 2010, bajo la gobernación de Sergio Fajardo. “Según informa la Contraloría, los contratos no habrían cumplido los requisitos legales, estudios previos y demás exigencias para proceder con el multimillonario negocio con EPM, que estaba bajo la dirección de Juan Esteban Calle, quien ahora funge como presidente de ARGOS.” Además se reprimió todo intento de resistencia de los pobladores: “la construcción de Hidroituango, que siempre tuvo oposición por el arrase que conllevaría de flora y fauna, también cubriría gran número de fosas comunes de las 62 masacres perpetradas por los paramilitares que habrían dejado un saldo de más de 600 víctimas, las cuales quedarían inundadas por las obras en cuestión; esto inclusive llamó la atención del parlamento Europeo, que hizo un llamado para respetar los derechos de las víctimas y no afectarlas con la ejecución de la obra. Los “cubrimientos” que conllevaría la obra involucran inclusive a Luis Alfredo Ramos y al expresidente Álvaro Uribe Vélez junto a su hermano Santiago, pues varios cuerpos de las masares de la Granja, el Aro e Ituango estarían en las zonas afectadas por la obra.”¹ Denuncias como las de la ONG Ríos Vivos, les ha costado la muerte de varios de sus integrantes; por eso es necesaria una acción decidida de todos los trabajadores de Colombia y el mundo para detener este y nuevos desastres que engendra el capitalismo.

El capital internacional tras las inversiones de EPM

Todos los gobiernos desde Pastrana, Uribe, Santos, se empeñaron en llevar a cabo la megaobra, pues los compromisos de interconectar el sistema eléctrico con Centroamérica, son de vital interés para las multinacionales y la banca imperialista². EPM figura como “empresa industrial y comercial del Estado”, de propiedad del Municipio de Medellín y presta los servicios de energía eléctrica, gas por red, agua y saneamiento.”³ Su funcionamiento depende de las facturas de servicios públicos, por lo que se ha transformado en un ente público que contrata a terceros y se asocia para incursionar en el mercado nacional e internacional de generación de energía eléctrica. “Las inversiones de las filiales del Grupo EPM entre 2017 y 2020 serán de $4,1 billones, con un 76% para los negocios de energía y un 24% para los de aguas. Geográficamente el 47% se invertirá en Colombia y el 53% restante en Centro y Sur América. Con los $6,5 billones de EPM Matriz, la inversión total del Grupo EPM ascenderá a $10,6 billones en el próximo cuatrienio, de los cuales el 80% se hará en Colombia”⁴. Es decir, los manejos de interés político y empresarial de EPM sólo han servido a la banca nacional y los grandes constructores, lo que se demuestra con la profunda pobreza que reina en todas las subregiones de Antioquia, desmintiendo todo falso concepto de que existe una superioridad “paisa”.

Movilización por un plan de reconstrucción de los municipios afectados

Para los revolucionarios no es suficiente la denuncia pública, desde el PST nos transformamos en voz y puño de las poblaciones afectadas, las cuales desde ya deben exigir al Gobierno de Santos un decreto de reconstrucción de las poblaciones y desmonte de la represa. Los trabajadores no controlamos el gobierno nacional, pero conocemos la lucha social y la movilización como vía de fuerza para imponer nuestras reivindicaciones a este gobierno y al próximo de Iván Duque (quien sirve de escudero a Álvaro Uribe) y a todos los empresarios y políticos implicados en la construcción y ejecución de Hidroituango.

Exigimos una ley que permita reubicar a las poblaciones que están amenazadas por la avalancha. Que se les entregue nuevas viviendas y tierra a los campesinos, en terrenos fértiles y seguros. Que se inhabilite políticamente a todos los implicados en las decisiones de planificación y ejecución de las obras, por lo que involucra a todos los gobiernos y sus ministros desde el de Andrés Pastrana. Lo mismo para los gobernadores Antioquia y los gerentes de EPM involucrados en la ejecución y contratación.

Se debe iniciar el desmonte de la presa y el retorno a su cauce normal del Rio Cauca, evitando más intervenciones en el rio. Toda esta tragedia debe ser causal de demandas internacionales contra los inversores financieros por patrocinar la violencia paramilitar y destruir el ecosistema natural, lo que no obliga al gobierno a responder por deudas e inversiones, que se piensan descargar a través del incremento de las tarifas en toda la población colombiana.

Del capitalismo y del gobierno no esperamos ninguna actuación correctiva, ni de enmienda, solo podemos confiar en la lucha por un gobierno obrero, popular y campesino, que democráticamente disponga de sus recursos y defina de manera planificada cómo desarrollar el país y proteger al mundo de la voracidad capitalista.

1. https://voces.com.co/por–que–fue–involucrado–sergio–fajardo–con–el–desastre–de–hidroituango/
2. http://www.iirsa.org/Page/PageDetail?id=80&menuItemId=81
3. https://www.epm.com.co/site/home/institucional
4. https://www.epm.com.co/site/Portals/6/Presupuesto_2017.pdf