Huelgas y elecciones

EDITORIAL

El desempleo volvió a subir en los dos últimos años al 9.4%; la gasolina alcanza uno de sus precios más altos; el miserable aumento del salario ya se lo llevaron las alzas del costo de vida de enero que siempre le siguen al decreto de salarios; y los asesinatos de líderes sociales continúan, el de Temístocles Machado, líder comunitario de Buenaventura, se convertía en el número 11 del primer mes del año, sumándose a los 170 líderes sociales asesinados el año pasado. Mil doscientos trabajadores agrícolas de la empresa Indupalma se encuentran en huelga contra la tercerización; esa modalidad de contrato a través de terceros, de Cooperativas de Trabajo Asociado, que la empresa monta, para hacerles creer a los trabajadores que disque son “socios”. Los recolectores de basura de Aguas de Bogotá fueron al paro porque el Tribunal de Cundinamarca ordenó desmontar el servicio de recolección que maneja el Acueducto a través de su filial, dejándolos sin empleo; en el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto, los trabajadores por amplísima mayoría votaron la huelga; y la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, en comunicado de prensa el domingo 4 de febrero, denunció el incumplimiento de los acuerdos firmados producto del paro del año pasado y anuncia la posibilidad de salir de nuevo a la lucha.

La situación de la clase obrera, de los asalariados y del enorme ejército de reserva (desempleados) no podía empezar peor el nuevo año, reafirmando que para los trabajadores no hay ni paz ni tregua. Por eso más temprano que tarde ya varios sectores se han visto obligados a luchar, y seguramente lo harán otros tantos, a no ser que los candidatos presidenciales los convenzan que votando en las elecciones parlamentarias y presidenciales se pueden resolver sus problemas. Muchos de estos candidatos buscan ilusionar con proyectos de ley en el parlamento.

Los trabajadores no tenemos quien nos represente

Los partidos Liberal, Conservador, de la U, Centro Democrático, Cambio Radical, y los candidatos Alejandro Ordoñez y Marta Lucía Ramírez, son partidos y candidatos que defienden los intereses de los grandes empresarios, de las multinacionales y de los terratenientes al servicio de los cuales colocan todas las instituciones desde el parlamento hasta la justicia y otras tantas no tan legales. Se juntan y se pelean de acuerdo a las conveniencias propias y de los sectores burgueses que representan. De ministros de gobiernos anteriores pasan a ser presidentes o candidatos para el periodo siguiente. Se insultan en público pero se abrazan en privado porque tienen conciencia absoluta de los intereses que defienden.

Los que llaman movimientos progresistas de centro o de izquierda, canalizan efectivamente el descontento, toman como bandera las aristas más grotescas del gobierno de turno como por ejemplo la corrupción, pero no se proponen movilizar a los trabajadores y a la población para meter a la cárcel a los corruptos, sino que prometen que cambiando a las personas, el mal que corroe este sistema capitalista, se resolverá. Estos movimientos y partidos representan los intereses de la pequeña burguesía y de la clase media, capa social que gana bien y vive bien, y se propone hacer reformitas para cambiarle la cara al sistema y dicen defender al común y a los de abajo pero no están dispuestos a romper con los de arriba. ¿Cuándo alguno de esos movimientos como el de Fajardo, el Polo de Robledo, los Verdes de Claudia, la Colombia Humana de Petro, la Farc, o Carlos Caicedo, han convocado un paro cívico nacional o a grandes movilizaciones en todo el país para derrotar y sacar del poder a los corruptos y todos sus socios e intermediarios, a todos los empresarios que sobreexplotan a los trabajadores con contratos tercerizados y salarios miserables, a todos esos empresarios que prohíben el derecho de huelga y apoyan la represión contra las protestas de los trabajadores? Miremos qué han hecho estando en el poder los movimientos “alternativos” como el chavismo, el correísmo en Ecuador o Syriza en Grecia: gobernar para los ricos y convertirse en nuevos burgueses.

Lamentablemente la antidemocrática legislación no da garantías para que los luchadores, los trabajadores y sus movimientos independientes, los partidos revolucionarios como el nuestro, así sean pequeños, presenten listas y candidatos. Solo los que tienen dinero pueden recoger los cientos de miles de firmas y pagar las pólizas que hay que pagarle al Estado. Por eso el PST llama a rodear las huelgas de la más amplia solidaridad y en las elecciones a votar en blanco, a organizar un gran movimiento de protesta contra los políticos burgueses y reformistas, contra el capitalismo y por un programa de poder para la clase obrera y los sectores populares, es decir, los explotados marginados y oprimidos. Es mentira que se pueda gobernar “para todos”. O se gobierna a favor de los burgueses y los ricos o a favor de los trabajadores y los pobres.

Autor: 7 de febrero de 2018, Comité Ejecutivo Partido Socialista de los Trabajadores.