La lucha social en el sur de Bogotá

La población del sur de Bogotá enfrenta diversos problemas de tipo social que han chocado con la administración de Enrique Peñalosa. El primero de ellos siempre ha sido la lucha por el derecho a la vivienda, agravada por el arribo constante de nuevos pobladores, desplazados por la violencia que durante medio siglo ha asolado sus territorios de origen. Luego viene el acceso a servicios públicos adecuados, con tarifas que se correspondan con sus ingresos. Más adelante sus reivindicaciones tienen que ver con el transporte público y las obras de infraestructura que les permitan vivir dignamente. Es lo que algunos llaman “el derecho a la ciudad”, negado para la mayoría en la sociedad capitalista. Para analizar esta problemática publicamos esta colaboración del compañero Adolfo Tristán, un activista de la zona Sur quien, al lado de numerosos colectivos del sector, trata de organizar a los pobladores, haciendo énfasis en que sus problemas tienen carácter de clase, pues son los trabajadores los primeros perjudicados por una ciudad cada vez más excluyente para las mayorías.

 Autor: Adolfo Tristán

La ciudad colombiana ha sido autoconstruida en mayor medida por trabajadores que han buscado resolver su necesidad de vivienda y obtener progresivamente mejores condiciones urbanas para desarrollar su vida (de forma reiterada al margen de cualquier planeación estatal o incluso contraviniéndola); estos procesos de autogestión de territorios se suceden como manifestación de los conflictos estructurales del sistema económico, social y político en Colombia, ponen de relieve que los fenómenos de urbanización formal e informal de la ciudad capitalista distribuyen de forma desigual sus consecuencias negativas descargándolas sobre los trabajadores y particularmente sobre los más empobrecidos.

El crecimiento desmesurado de las ciudades acentuado en las décadas de los 70s, 80s y 90s está vinculado al desarrollo industrial y de la economía de servicios, este proceso se alimenta de la expulsión de grandes masas campesinas hacia las ciudades que constituyen fuerza de trabajo disponible que gradualmente dejan de ser asimiladas por el capital ultra concentrado en manos privadas y que genera una creciente clase trabajadora mucho más empobrecida que se urbaniza en condiciones de aguda precarización. Mientras que el suelo disponible en áreas centrales o estratégicas de la ciudad es acaparado por capitalistas para procesos de especulación inmobiliaria y para edificación de proyectos comerciales en función de la acumulación de capital, la clase trabajadora es expulsada cada vez más hacia las periferias urbanas poblándolas en condiciones marginales; consecuentemente la planeación y el “ordenamiento” del territorio (POTs, mecanismos de estratificación, etc.) ejercidos institucionalmente se realizan en función de los intereses de los capitalistas y contra los intereses y las necesidades básicas de los trabajadores.

La consecuencia espacial en la ciudad colombiana ha sido la marginación de los trabajadores y los excluidos de la sociedad, es lo que se ha llamado reiteradamente “segregación socio espacial”, proceso complejo que entraña conflictos en el terreno del empleo informal, condiciones de transporte urbano, acceso al sistema de salud y educativo, los servicios públicos, la vivienda, la seguridad, etc.: problemáticas territoriales en su forma que manifiestan la conflictividad estructural entre las clases sociales en disputa. Los conflictos territoriales permanecen y se agudizan; en cortos o prolongados periodos de tiempo parecieran permanecer en calma o incluso desaparecer, en realidad son periodos de acumulación y de asfixiamiento social que estallan cíclicamente y que muestran al conjunto de la sociedad de forma dramática y tremendamente conflictiva las contradicciones de los oprimidos con el modelo de ciudad que administra las clases dominantes; queda en evidencia periódicamente que la ciudad capitalista está administrada para someter a los trabajadores y a los oprimidos a condiciones indignas de vida y que las clases dominantes ni siquiera son capaces de solucionar los mecanismos necesarios para garantizar los factores de reproducción de la fuerza de trabajo, se demuestra el fracaso de la ciudad capitalista.

Los pobladores del sur de la ciudad en las semanas recientes han puesto en evidencia sus persistentes problemáticas urbanas y han entrado en acción para enfrentarlas; estos conflictos producen inevitablemente explosiones sociales que responden al desborde de las arremetidas contra los pobladores. La toma del relleno sanitario Doña Juana por parte de los habitantes urbanos y periurbanos mas próximos, las jornadas de movilización del 27, 28 y 29 de septiembre (resultantes del llamamiento al denominado paro cívico popular del sur) y la toma de la alcaldía local de Ciudad Bolívar el 12 de octubre (en el marco de la jornada nacional de indignación y motivada entre muchas otras cosas por la suspensión del servicio público de transporte SITP en Ciudad Bolívar el día 11 de octubre) son episodios muy recientes de la lucha popular en el sur que marcan en la actualidad una intención de múltiples sectores sociales y políticos barriales y periurbanos por luchar y confrontar en las calles el modelo de ciudad imperante.

La voluntad de lucha desde los territorios existe y se desarrolla, pero resulta en lo inmediato insuficiente si se tiene la perspectiva de lograr conquistas parciales urbanas. Organizaciones sociales y proyectos políticos que se reivindican de izquierda y/o revolucionarios vienen creciendo con diferentes ritmos y adaptando sus estrategias de lucha a las formas y estilos de los diferentes gobiernos burgueses locales; bajo el gobierno de Peñalosa se presenta ciertamente un cambio cualitativo de las perspectiva de la lucha (por ahora coyuntural) toda vez que se han desdibujado en gran medida las políticas de cooptación de los movimientos sociales y la base de la conciliación de clases predominante con los denominados “gobiernos de izquierda”. Los ataques y el desprecio hacia los habitantes del sur son cada vez más francos y claros, crean la base para la política revolucionaria en los territorios populares habitados por trabajadores urbanos, despojados en buena medida de la confusión que produce tener gobernantes distritales que se reivindican “de izquierda”, que aceptaron administrar los negocios capitalistas mientras decían defender los intereses sociales de los más pobres.

Los conflictos territoriales son numerosos, ameritan múltiples análisis para comprender sus características y los intereses de clase en juego, uno de los conflictos de primer orden y que se esboza en este artículo es el que produce el relleno sanitario:

El conflicto que produce el Botadero Doña Juana:

El “relleno sanitario Doña Juana” comenzó su operación como una imposición criminal del alcalde Andres Pastrana en el año 1989, su emplazamiento se produjo con resistencia de los pobladores campesinos de Usme y Ciudad Bolívar y sin la más mínima consideración por los procesos de urbanización ciertamente consolidados que en el caso de Usme hacia 1984 ya contaba con 150.000 habitantes. El relleno sanitario que comenzó con una extensión de 120 has. actualmente tiene una superficie de 592 has. y ha venido creciendo en estos 28 años como un cáncer urbano que degrada la vida de los pobladores del sur. Al relleno llegan diariamente 6500 toneladas de basura provenientes de toda la ciudad y de algunos sitios de la región.

Todas las administraciones de la ciudad y de la nación desde Andres Pastrana han aupado el funcionamiento de Doña Juana y no han planteado alternativas que extirpen una de las causas de las penurias sufridas por los habitantes de las localidades de la cuenca del Tunjuelo; Peñalosa en su primer administración normalizo a través del POT del año 2000 para Bogotá, la expansión del relleno que ha venido adelantándose y contradictoriamente estableció los terrenos de expansión urbana en sus proximidades donde los nuevos pobladores empobrecidos debían asentarse; el objetivo ayer y hoy sigue siendo generar inescrupulosas rentas urbanas para los capitalistas inmobiliarios y los  terratenientes urbanos. Tampoco se han contenido los desarrollos informales promovidos por las mafias de la urbanización pirata y la ocupación informal sobre las inmediaciones del relleno.

Por acción y por omisión los gobiernos burgueses de la Ciudad han gestado una gran tragedia ambiental y han puesto a los más empobrecidos a padecer sus consecuencias: La explosión en la zona II del relleno sanitario en 1997 y la emergencia en 2015 son hitos en la larga historia de victimización que sufren los pobladores del sur y que promete continuar con formas más agresivas y despiadadas. El envenenamiento del rio Tunjuelo con el vertimiento de lixiviados, la afectación permanente de moscas y roedores gigantes en las inmediaciones del relleno, la quiebra permanente de la economía campesina aledaña, la destrucción de los humedales y la capa vegetal que circunda los ríos. los problemas respiratorios que causan muertes, son ejemplos de los múltiples padecimientos soportados históricamente gracias a la vergonzosa decidía de los gobernantes.

Peñalosa, que representa directamente los monopolios urbanizadores, las grandes constructoras, las cementeras y el sistema especulativo financiero sobre la tierra, anunció recientemente su intención de ampliar la vida útil del Relleno hasta el año 2070 (se encontraba proyectada hasta el 2022) y su ampliación en 330 hectáreas que se lograría mediante expropiación violenta de los campesinos aledaños demuestra de nuevo el desprecio de los gobernantes burgueses hacia los trabajadores y los habitantes más empobrecidos del sur; esta situación pone dramáticamente sobre la mesa la necesidad de luchar decididamente para frenar los planes de la burguesía ligada con el manejo de las basuras en la capital y sus gobernantes, las recientes tomas al relleno sanitario deben ser el preludio de una gran resistencia social que debe construirse y juntarse con las luchas y resistencias que vienen forjándose en la acción directa de las comunidades y los trabajadores frente a otros conflictos.

¡El relleno sanitario y los conflictos territoriales: disputas entre clases!

Es importante destacar que las organizaciones que impulsan la lucha frente al relleno sanitario tienen propuestas serias, responsables y muy interesantes por su componente ambiental y comunitario para establecer alternativas al modelo de manejo de residuos, la implementación de estas propuestas sustentan la viabilidad de cerrar el relleno sanitario; las clases dominantes consideran peligrosas estas propuestas pues afectan directamente sus intereses, aun cuando se pueden desarrollar en el marco de la economía de mercado.

Las clases dominantes no renunciaran nunca a su desprecio por los más pobres, es su naturaleza; al mismo tiempo que promueven un modelo de desarrollo consumista e irracionalmente depredador del medio ambiente, descargan en los trabajadores empobrecidos del sur todas las “externalidades” que generan las voluminosas cantidades de basura. Este manejo que golpea a los habitantes también es una fuente de enriquecimiento para los capitalistas dueños de las empresas operadoras de aseo en la capital, interesadas en arrojar la mayor cantidad de basura posible para aumentar sus ganancias. Estos empresarios que reaccionaron contundentemente cuando parte de la participación en el modelo de basuras fue devuelto al manejo estatal con la empresa pública dispuesta para tal fin (Aguas de Bogotá) y se generó la recordada “crisis de las basuras” en el 2012, siguen golpeando los intereses de los trabajadores y de los pobladores urbanos, sus privilegios son la desdicha de los pobladores.

Los ajustes en el modelo de recolección y disposición de residuos producidos en el 2012 fueron justificados por la administración Petro entre otras cosas en la necesidad de incluir a los recicladores de oficio en el modelo de manejo de residuos acatando la sentencia C-741-03 de la corte constitucional, esta inclusión que dista mucho de la solución real (estatización de todos los servicios bajo el control obrero) pues no otorga ninguna garantía social por parte del estado y plantea la formalización de esta actividad por medio de cooperativas o como tercerizados; enfrenta no obstante un ataque mortífero con la intención manifiesta, descarada, discriminatoria y anticonstitucional de no incluir a los recicladores de oficio en la nueva licitación que se abrirá en los próximos meses para favorecer a empresas transnacionales de origen Chino, Español o Brasileño a saber (situación que de todas formas mantiene intranquilos a los empresarios nacionales).

Los recicladores de oficio conscientes de la compleja situación están saliendo a luchar por su derecho a participar económicamente en el modelo de residuos, otros sectores excluidos como los agricultores urbanos que participan en el procesamiento de basuras reduciendo los volúmenes que llegan al relleno también están activándose para conseguir reivindicaciones, junto a ellos los pobladores  atomizados van superando la dispersión lentamente en torno al modelo de basuras; en conjunto son sectores oprimidos que tienen el reto de unificar sus esfuerzos y darle un carácter necesariamente clasista a su lucha puesto que sus objetivos se oponen a la realización de los intereses que defienden los grandes empresarios de la basura y el poder estatal que dominan.

Las contradicciones entre clases sociales que están en el fondo de las movilizaciones recientes se ubican no solo entre los pobladores urbanos de la clase trabajadora y los empresarios que controlan el manejo de residuos con la protección del estado como garante de sus intereses; estas contradicciones son evidentes en la problemática minera de los polígonos de extracción y su impacto en los territorios, con el modelo de transporte publico deficiente y costoso, con la escasa oferta de servicios de salud y educación, con la insoportable convivencia de los pobladores en los barrios populares con las mafias del narcotráfico y todos los fenómenos asociados a ella (limpieza social, drogadicción, violencia, etc.), la baja ejecución presupuestal del gobierno Peñalosa, el deterioro de los barrios, el empobrecimiento, etc.

La situación en los barrios pobres del sur se agrava gradualmente en la misma medida que el capitalismo agudiza su crisis, la sobrevivencia allí se torna cada vez más dramática, más que nunca se hace necesario imprimirle a los procesos de movilización un direccionamiento que apunte al cuestionamiento del orden establecido, a luchar contra las clases dominantes que agudizan los conflictos y gerencian un régimen de sobreexplotación asalariada que degrada la vida de los trabajadores en sus barrios. Es preciso y fundamental ganar grandes grupos de pobladores para la lucha y establecer unidad de acción y alianzas de clase con el campesinado pobre, con los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, con todos los oprimidos; solo así podrían verse de nuevo situaciones como la del emblemático paro de Ciudad Bolívar de 1993 o el poderoso paro cívico de 1977: acciones que permitan articular y organizar las clases oprimidas, elevar poderosamente el nivel de conciencia atraves de la lucha y la acción directa.

Las luchas actuales de los trabajadores empobrecidos por mejorar o dignificar sus condiciones de vida pueden y deben dar un salto cualitativo importante sobre el entendimiento de que conseguir ajustes, inversiones o cambios (así sean parciales en el modelo de recolección de basuras, por ejemplo) no solo constituyen ampliación, restitución de derechos o mejorías materiales arrancadas al establecimiento. Lo que se consiga en el terreno de la movilización social debe constituir conquistas que supongan avances frente a los intereses de las clases dominantes (que son contrarios a los nuestros), pues toda conquista de los trabajadores y de los pobladores urbanos debe ser al mismo tiempo un golpe a nuestro enemigo de clase en el extenso camino de la revolución social; una dirección revolucionaria que impulse la lucha de las masas urbanas con criterios clasistas como este seguramente va construyendo un camino prometedor.