Las FARC ¡A hacer buena letra… si quieren un trocito de la torta!

Con la “refrendación popular” –hecha por el Congreso– de la segunda versión del Acuerdo Final entre el gobierno de Santos y las FARC, realizada el pasado 1 de diciembre, se cerró –de manera completa– la etapa de negociaciones para la desmovilización, desarme e integración de esa guerrilla a la vida política legal. Se abrió la etapa de implementación y desarrollo de los Acuerdos, cuyos puntos más importantes tendrán lugar en los próximos seis meses.

Autor: Rodrigo Lopera G.

Varios miles de combatientes de las FARC –y un número no determinado de miembros no combatientes, así como la propia organización– comienzan a ser cobijados por los beneficios políticos (amnistía, procesos especiales de justicia, etc.) y económicos (subsidios y planes de apoyo para la reincorporación social). A pesar de los retrasos y fallas en el arranque del proceso de implementación (que han motivado respetuosas protestas de las FARC por “incumplimiento”) el hecho objetivo es que la confrontación militar con esa guerrilla ha concluido totalmente, cerrándose el estadio de cese al fuego unilateral que existió durante muchos de los meses finales de la negociación.

Al momento, las fuerzas combatientes de las FARC (excepto una franja disidente cuya dimensión y futuro político es difícil de calcular y prever) ya están concluyendo su proceso de concentración en las llamadas zonas veredales, sometidas al monitoreo del mecanismo pactado (ONU, gobierno y FARC), y a punto de iniciar su proceso de desarme.

Una carretera destapada, con bastantes baches

En la nueva etapa, por lo menos en el futuro inmediato y durante el final del gobierno Santos, no se vislumbran grandes sobresaltos en el camino pactado por las FARC para convertirse en un partido integrado al régimen político; seguramente como “oposición”, dependiendo del resultado de las elecciones del 2018.

Lo anterior no significa que vayan a transitar por una carretera asfaltada, libre de obstáculos y sin ningún bache. Si bien las FARC ya están saliendo de las trochas de la selva están entrando en caminos vecinales y carreteras destapadas y encontrarán variados escollos; eso sí, sin gran riesgo de tirar el proceso por un barranco.

Pero las trabas y conflictos en el proceso de implementación pueden llegar a ser relativamente importantes, dado el desacuerdo profundo entre las dos fracciones burguesas (Santos-Uribe) en varios temas neurálgicos; desacuerdo que ocasionó la imprevista derrota del SI en el plebiscito del 2 de octubre y que obligó a retocar, maquillar o remendar algunos aspectos del primer Acuerdo Final.

Entre el 2 de octubre (triunfo del NO) y el 1 de diciembre (refrendación “popular” en el Congreso) el proceso fue un interregno de forcejeo-negociación entre la variopinta confluencia reaccionaria que logró el triunfo del NO –por un lado– y Santos, las FARC y el imperialismo por el otro. Santos asimiló el tremendo golpe que significó la derrota en el plebiscito; dándose una política de dividir, desintegrar o disgregar a la coalición del NO. Para lograrlo contó con respaldos significativos: el otorgamiento del Premio Nobel, el apoyo del imperialismo mundial y la actitud decidida de las FARC de no dar marcha atrás, lo cual permitió los retoques que condujeron al segundo Acuerdo Final.

Sin embargo, la oposición burguesa considera este segundo Acuerdo Final un verdadero “conejo” y no votó su refrendación en el Congreso, prefirió retirarse de la sesión. En esa situación, con una fuerte oposición burguesa que no respalda activamente diversos puntos de los acuerdos, todas las medidas, leyes y decretos necesarios para la implementación dependen del juego parlamentario y no cuentan con la plena y completa legitimidad política que les hubiese dado un triunfo contundente del SI en el plebiscito.

El gobierno Santos, gracias a gran cantidad de “mermelada”, dispone de mayorías parlamentarias suficientes y dóciles para adoptar las medidas que considere convenientes y con unos organismos de control bien domesticados para validar sus medidas, tal como sucedió con la decisión de la Corte Constitucional sobre la “refrendación popular” a través del Congreso. Sin embargo, un gobierno que termina tendrá que aguantar el desgaste político de una oposición burguesa que le señalará que “está haciendo conejo” al resultado negativo del plebiscito y que buscará, con este y varios argumentos, jugar una carta triunfadora en las presidenciales del 2018; lo cual le daría juego y posibilidad de forcejear una aplicación distinta de diversos puntos de los Acuerdos.

En medio de la anterior situación las FARC (y sobre todo su dirección) casi seguro actuarán haciendo “buena letra”, “moderando” su lenguaje, “pidiendo” (u ofreciendo, como dicen) perdón a diestra y siniestra (como lo han tenido que venir haciendo), respaldando (abierta o veladamente) las opciones presidenciales burguesas que le garanticen en mayor grado la implementación de los Acuerdos.

Es un camino tortuoso pero que están decididos a recorrer, asumiéndolo como el precio a pagar para convertirse –a la vuelta de varios años, si las condiciones llegan a permitirlo– en administradores juiciosos de un ilusorio “capitalismo con justicia social”; igual que terminaron siéndolo las direcciones guerrilleras anteriores que negociaron con el régimen (M-19, EPL, Renovación Socialista, etc.). Eso les garantizaría, como partido reformista integrado al régimen político (similar o parecido al Polo Democrático) tener un “trocito de la torta” administrando algunas partes del Estado capitalista en un régimen que no habrá sufrido ninguna variación significativa –ni siquiera del reducido calado de las reformas que se dieron en la Constitución de 1991.

Existe otro camino

Las FARC –y el conjunto de la guerrilla colombiana, incluido el ELN que ahora lucha por iniciar su “propio proceso” de negociación– si bien no militarmente, fueron derrotadas políticamente. Su estrategia, tácticas y métodos de lucha se demostraron como un completo fracaso y, en lugar de servir a la defensa de los intereses de amplias franjas oprimidas y explotadas –lo que se supone era su razón de existencia– se convirtieron en un engranaje que, indirectamente, ayudó al sostenimiento de uno de los regímenes políticos más reaccionarios, antidemocráticos y directamente asesinos de América Latina.

La negociación e implementación de los Acuerdos con las FARC –y cualquier posible negociación con el ELN– no significará ningún cambio de calidad en las características de ese régimen, en ninguno de sus aspectos. Es un régimen que seguirá enfrentando a sangre y fuego la lucha de los explotados y oprimidos; utilizando sus más diversos instrumentos. Seguirá utilizando todas las “formas de lucha”, incluido el asesinato directo de los luchadores obreros, populares o campesinos, tal como lo demuestran las ya varias decenas de asesinatos de líderes campesinos en los meses anteriores, “meses de paz”.

Lo más que puede esperarse del desarrollo de los acuerdos serán algunas ventajas y garantías episódicas y temporales para las organizaciones que se constituyan a partir de la desmovilización y desarme. Pero esas ventajas y garantías, verdaderas migajas para “endulzar” el tránsito a la vida política legal, serán flor de un día excepto para quienes, decidida y consecuentemente, se conviertan en agentes de ese régimen.

La base de las FARC –y también la del ELN si modifica el enfoque de su actual negociación– tiene aún otro camino, distinto a convertirse en “piezas de adorno” de la falsa democracia colombiana. Hay que declarar, desde la opción de la lucha masiva y organizada de millones de explotados y oprimidos, la más abierta lucha revolucionaria contra el actual régimen político –como mínimo– señalando abiertamente que sólo derrotando al mismo y abriendo las puertas a una profunda y verdadera revolución –así fuese sólo democrática– se abrirían las posibilidades de iniciar un proceso de transformaciones políticas, sociales y económicas para comenzar a satisfacer las más sentidas necesidades de millones de colombianos: salud, educación, empleo, tierra para el campesino pobre, amplios derechos para las comunidades indígenas y afrodescendientes, etc. Tal proceso debería tener como primer punto de referencia la exigencia de convocatoria a una Constituyente amplia, democrática y soberana; lucha a la cual, lamentablemente, las FARC renunciaron en su proceso de negociación.

Para nosotros, como socialistas, esa lucha revolucionaria no podría detenerse o limitarse a profundas transformaciones democráticas. Inexorablemente, si ha de sostenerse y profundizarse, obligaría a la adopción de medidas que, llámense como se llamen, significarían el inicio de la construcción de una sociedad socialista, completa y radicalmente distinta del actual capitalismo colombiano.