Ante la ola de asesinatos: lucha y movilización, no más concertación

Un llamado a la dirigencia de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos, al ELN, al Comando Nacional Unitario, y todos los líderes sociales y de izquierda.

Autor: Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores. Bogotá, Diciembre 4 de 2016.

El partido político Marcha Patriótica denuncia que alrededor de 70 dirigentes ligados a esa corriente han sido asesinados en el último año. El MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, informa en un comunicado de prensa fechado el 25 de noviembre, que  “…el pasado 2 de octubre…hasta la fecha han asesinado a 9 líderes sociales y defensores de derechos humanos, atentado contra la vida de otros 5, desaparecido a un líder estudiantil, amenazado a 44 personas, detenido arbitrariamente a 12, para un total de 71 víctimas. Lo que significa cerca de dos hechos violentos contra líderes sociales por día. Un asesinato por semana”. 

Estas constataciones del mantenimiento de la violencia sistemática de la burguesía y los terratenientes nacionales y extranjeros contra los dirigentes obreros y populares nos debe llevar a la conclusión de que hay que responder con lucha y movilización,  y no la concertación con el gobierno y la democracia burguesa. La denuncia que ocupa un par de renglones en los comunicados, los llamados a las instituciones a que se respeten la vida y los derechos de los luchadores por sí solos son inútiles.  Vemos con preocupación que todos son llamados a respetar la constitución, a que el gobierno actúe, a que las fuerzas armadas cumplan con su deber de proteger a la población civil, a la justicia burguesa a que condene a los que los sostienen y en general a que la burguesía se comporte en concordancia con el discurso democrático liberal.

Lamentablemente, esta retórica pacifista y de alabanzas y declaraciones de confianza en la democracia burguesa de la mayoría de la izquierda, la dirección de los movimientos sociales y sindicales, sólo contribuye a esconder la continuidad de los atentados y asesinatos contra los dirigentes obreros y populares.

Frente al autoritario régimen político burgués colombiano, principal responsable de la persecusión y represión contra el movimiento obrero y popular, el Partido Socialista de los Trabajadores ha mantenido una posición de independencia de clase. Estamos convencidos de que la firma de los acuerdos con las Farc no va a significar el fin de los asesinatos y la represión a los movimientos sociales y políticos, sino la aplicación sistemática y selectiva de la violencia contra los líderes y dirigentes que se atraviesen en los planes económicos y políticos y sobre aquellos en los que pueden descargar su sed de venganza contra la guerrilla, ahora en trance de desmovilización, desarme e integración a la vida civil.

Reivindicamos que nuestra política frente a las negociaciones fue la de sugerir a la guerrilla que no pactara nada con el gobierno burgués de Santos ni con el imperialismo encabezado por Obama, que decretara un cese unilateral del fuego y exigiera el derecho, como consecuencia de tal cese, a actuar abiertamente en política, y que ampliara esa exigencia para todas las fuerzas y organizaciones obreras y populares, independientemente de su tamaño, tradición y política. Sostuvimos la inconveniencia de entregar las armas mientras el Estado mantiene el pie de fuerza proporcionalmente más alto de toda América en relación con el tamaño de la población y mientras la burguesía y los terratenientes sostienen un ejército de asesinos a sueldo, de paramilitares disponibles para atentar contra los luchadores obreros y populares. Que se comprometieran a no hacer ninguna acción ofensiva contra las fuerzas armadas del Estado o contra la población civil. Que la conservación de las armas tuviera el mero sentido de responder defensivamente contra cualquier ataque de la reacción, bien contra las estructuras guerrilleras o contra las organizaciones de masas. Que se comprometieran en un pacto con las organizaciones obreras y populares a adelantar todas las formas de movilización de masas contra los asesinatos y la represión oficial y paraoficial, reivindicando la consigna de realizar un paro nacional inmediato cada vez que se produjera un asesinato. Hoy reiteramos el mismo llamado al ELN.

Lamentamos que la dirigencia de las FARC ahora argumente que en el posconflicto las únicas armas que debe enarbolar el pueblo colombiano para luchar por sus reinvindicaciones y defenderse de este régimen genocida sean “las palabras”. Esta proclama pacifista sólo desarma ideológicamente a los explotados y oprimidos. El movimiento obrero y popular debe reivindicar su derecho a imponer por la fuerza de su movilización sus reclamos frente a la patronal, sus gobiernos y el imperialismo. Contrasta el nuevo pacifismo de la dirigencia guerrillera con la violencia que ha ejercido el presente año el gobierno de Santos contra la protesta campesina, indígena, obrera, popular y estudiantil. Lo hemos dicho y lo reafirmamos: la paz de Santos es guerra social contra el pueblo colombiano.

Insistimos en que la solución a los graves problemas que aquejan a los trabajadores, los pobres, los campesinos, los afros, los indígenas, las mujeres y los lgbts, pasa mínimamente por la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, libre, amplia democrática y soberana; y no por la defensa de los acuerdos de La Habana que consagran la inviolabilidad de la propiedad privada de los medios de producción base de todos los flagelos que vivimos.

Proponemos a la dirección de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos, al ELN, al Comando Nacional Unitario y demás organizaciones, que ante la continuidad sistemática de los asesinatos y la represión al movimiento obrero y de masas, llamemos ante cada asesinato o atentado a un paro de la producción, y los llamamos a deponer cualquier confianza en el gobierno de Santos, únicamente la movilización y la lucha podrán defendernos de nuestros enemigos.