Acuerdo 4 – Solución al problema de las drogas ilícitas

Los llamados cultivos ilícitos tienen varias décadas, tanto como el conflicto armado, y en un momento la guerrilla terminó involucrada en ese negocio. Por la demanda de estas sustancias en Estados Unidos, principalmente, y en Europa, el negocio se fue tornando, en el terreno capitalista, como muy lucrativo, por lo cual se fue ampliando el número de personas, sobre todo campesinos, que se dedicaron a su cultivo y producción, generando una amplia colonización de tierras en zonas inhóspitas, pero sobre todo muy pobres y carentes de condiciones de acceso geográfico y de servicios.

Autor: Partido Socialista de los Trabajadores

Sobre este tema el acuerdo señala que: “Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas”.

En el acuerdo se contempla centralmente tres temas: sustitución de cultivos, el problema del narcotráfico, y la salud pública para el manejo del consumo. Fundamenta su nueva visión en los consensos con las comunidades de los territorios afectados, en planes y programas de reforma rural integral con sustitución voluntaria de cultivos, en el manejo diferenciado entre consumo y producción, en mecanismos de control y combate al narcotráfico como la extinción de dominio y la no aceptación de dineros provenientes del negocio. Además una conferencia internacional para evaluar la política antidrogas.

¿Qué posibilidades de ejecución tiene este acuerdo?

Un productor vende el kilo de Cocaína en 700 dólares, en el siguiente paso, todavía en Colombia, se cotiza entre 1.700 y 2.000 dólares. En Panamá el precio es ya de 2.500 dólares. Al final de la cadena, un kilo de cocaína pura, que en un principio en Colombia se vendió en 700 dólares, se vende a 30.000 dólares en el mercado estadounidense. ¿Qué negociante de lo ilícito se va a negar a esa posibilidad? Por esta razón, si las condiciones sociales de los campesinos no se resuelven favorablemente, la voluntad de sustituir cultivos será mínima.

Por otra parte, la Reforma Rural Integral, acordada en el acuerdo, está atravesada por la política del gobierno de la creación de Zonas de Desarrollo Rural (Zidres), enfocadas en la agroindustria, que además facilita el monopolio de la tierra para los grandes empresarios, los terratenientes y las multinacionales.

Como parte de la política antidrogas, se han creado organismos nacionales y multilaterales para su combate, los cuales reciben millones de dólares de presupuesto y derivan su existencia del problema del narcotráfico. Se requiere más que voluntad en una conferencia internacional para resolver esta situación.

Por supuesto que los problemas de consumo son de manejo de salud pública y el Estado debe garantizar atención efectiva e integral a los adictos. Para ello se requiere de una política pública de atención en salud, pero también de posibilidades de existencia, de trabajo y de desarrollo humano. Hasta ahora la política definida es la de garantizar las ganancias de los empresarios mercaderes de la salud y la de diáspora de los adictos para “recuperar” zonas urbanas con proyección capitalista (como en el “Bronx” en Bogotá).

“El simple hecho de que sea una de las pocas ramas de la economía que, precisamente por su carácter ilegal, aún ofrece la posibilidad de una acumulación originaria suficiente para competir en el mercqado mundial convierte al narcotráfico en una actividad económica atractiva y difícil de reglamentar o erradicar” (Crisis del capitalismo y tareas de la revolución socialista en Colombia, Bogotá, 2009).

Para una solución de fondo es necesaria la legalización del consumo, la producción y el mercadeo de estas sustancias sicotrópicas, así como hoy es legal el consumo, la producción y el mercadeo del alcohol y el tabaco. Eso permitirá que deje de ser un negocio tan rentable para los grandes narcotraficantes, que además deja miles de muertes y masacres por el control del negocio, y mafias que degradan a los consumidores convirtiéndolos en indigentes muertos en vida. Además la legalización dejará de ser un pretexto para la intervención militar y política del imperialismo en los países productores. La legalización debe estar acompañada con una campaña para desestimular el consumo, y el Estado debe hacerse cargo de la rehabilitación de la población adicta.