Acuerdo 3 – Fin del Conflicto. Cese al fuego y dejación de armas

En el punto 5 se acuerda el llamado “Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo” que consiste en  el fin de los combates y acciones militares, por parte de las FARC, y los ataques y la persecución militar por parte del gobierno a esta guerrilla. Tras el cese al fuego, el acuerdo traza un proceso de concentración de las tropas guerrilleras en las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización, en las cuales se dará el proceso de entrega de armas a la ONU y las medidas iniciales de reintegración de los combatientes

Autor: Partido Socialista de los Trabajadores

Las FARC terminaron aceptando la entrega de su armamento a la ONU sin más condición que destinarlas a la construcción de tres monumentos.  Al ingreso en las Zonas Veredales, las armas serán registradas y paulatinamente entregadas a los observadores de la ONU quienes custodiarán el armamento que se guardará en contenedores espaciales dispuestos para tal fin.

Como proceso paralelo a la entrega de armas se acordaron varios mecanismos para la reincorporación de los combatientes de las FARC a la “vida civil”. En ese marco se acordó el tránsito de las FARC a un partido político legal, con garantías extraordinarias para dicha organización. Esta contará con personería jurídica, financiación estatal y la posibilidad de apoyo extranjero por la vía de agencias de cooperación. Además contará con financiación estatal anticipada para participar en los procesos electorales de 2018 y 2022. Este partido contará también con garantías especiales para que en las elecciones a Cámara y Senado, tengan 10 cupos. Adicional, desde la entrada en vigencia de los acuerdos, la nueva organización designará seis voceros (tres para Senado y tres para Cámara de Representantes) que participarán con voz y sin voto en las deliberaciones de toda la legislación relacionada con los acuerdos de paz.

En lo económico cada integrante de las FARC recibirá directamente, al terminarse la concentración en las Zonas Veredales, dos millones de pesos y tendrán derecho a un apoyo de ocho millones de pesos para desarrollar proyectos productivos, una renta mensual por dos años que equivalente al 90% del salario mínimo  y el pago de seguridad social a cargo del Estado. Todos estos recursos serán administrados bajo la modalidad de fiducia por un Fondo para la ejecución de programas y proyectos del proceso de reincorporación económica y social llamada Ecomúm.

Para garantizar la seguridad del proceso se acordó el compromiso del gobierno para el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares, las llamadas Bacrim, y de cualquier expresión criminal que pongan en peligro la implementación de los acuerdos. En este punto las Farc se comprometen con el gobierno a impulsar un “Pacto Político Nacional” con partidos y organizaciones gremiales, sindicales y sociales, “para que nunca más se utilicen las armas en la política”. Si bien el punto va enfocado al compromiso de prohibición y condena al paramilitarismo, el hecho de que las Farc llamen a toda la población a respetar “el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio”, termina negando el legítimo derecho de la población, de los campesinos pobres, de los indígenas y de los trabajadores a defenderse, incluso con las armas, contra los que históricamente los han masacrado: los terratenientes y los capitalistas del campo y la ciudad que aún hoy asesinan, desplazan, torturan y amenazan.

El paramilitarismo y la amenaza de asesinatos a los militantes de las Farc, ahora en la legalidad, no se acabarán con promesas de promoción de los derechos humanos y de la reconciliación. En el punto 5 se termina garantizándo la impunidad a los terratenientes, empresarios, militares y paramilitares quienes seguirán actuando violentamente contra quien se interponga en sus planes de explotación y despojo, como lo viene demostrando el asesinato sistemático de quienes intentan retornar a sus tierras y de sindicalistas, activistas de derechos humanos y dirigentes campesinos e indígenas. Por lo anterior, los socialistas propusimos que a cambio de entregar las armas a la ONU fueran entregadas a los palestinos, quienes tienen que enfrentar al Estado sionista de Israel