Economía del posconflicto: un plan imperialista

Se oye mucho sobre la economía posconflicto. Se trata en palabras del mismo gobierno del plan “necesario” para la integración de los combatientes al régimen y el “desarrollo” de los territorios que antes ocupaban, en los cuales la presencia del Estado durante varias décadas ha sido nula o deficiente. La cuestión está en que el desarrollo económico depende fundamentalmente del modelo económico, de la estructura económica, esa misma que no se tocó en las negociaciones, lo que equivale a decir que la economía del posconflicto, será la aplicación a gran escala de los planes neoliberales de Santos con el auspicio del imperialismo norteamericano.

Autor: Ivonne 

Al realizar una búsqueda básica con las palabras economía y posconflicto nos encontramos con lo que podemos llamar los ejes del plan a mediano plazo (se habla hasta de 25 años). Es a este plan al cual los que dicen sí en el plebiscito, dan su aval, porque la desmovilización de las FARC no depende de eso. Ese plan de inversiones es lo que se conoce como “paz territorial”.

Una economía que flota en un mar de crisis

Actualmente la economía colombiana mantiene tasas de crecimiento, a diferencia de otros países del continente, sin embargo estas son menores a las que los propios analistas burgueses se esperaban. Las posibilidades de inversión extranjera y la anunciada eliminación de los problemas que causaban las Farc, en varias zonas, convierten a Colombia en un destino atractivo para la inversión. Eso puede estar manteniendo a flote la economía hasta cierto punto. Sin embargo, los rendimientos de las inversiones mineroenergéticas no han sido los esperados y la burguesía reacomoda sus planes para solventar las dificultades.

El ingreso de 450 millones de dólares por concepto del plan Paz Colombia, podrían paliar temporalmente la tendencia a la crisis que afecta a todo el continente, mediada por la caída de los precios de las materias primas y la desaceleración de la economía China. Sin embargo implican mayores compromisos con el gobierno norteamericano, y posiblemente los réditos de las inversiones tenderán a ir de regreso al país de origen. También hay compromisos similares con la Unión Europea y en especial con Alemania.

Según el Banco de la República, al corte del mes de abril de 2016, la deuda externa colombiana estaba en  114.699 millones de dólares, lo que equivale al 42,4% del PIB. Con un aumento de 7,2 por ciento respecto del 2015, y de 0,3 por ciento en comparación con marzo pasado. Esto tiene relación con la caída de los precios del petróleo que no repuntan a pesar de los esfuerzos, y de las políticas de mantener el dólar al alza por parte de la FED. La deuda externa es un sifón de desangre permanente de las economías semicoloniales.

Los ejes del plan

En el consejo de ministros de Santos se están ajustando detalles de lo que se conocerá como la “nueva economía”, que pretende sacar el país de la dependencia de la producción de hidrocarburos. Los ejes que mencionan son: un agro productivo, una industria competitiva y un turismo pujante. Este plan que es la implementación del PND 2015-2018, es una apuesta para integrar las autopistas de Cuarta Generación (4G), el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo , la Ley Anticontrabando, la inversión en vías terciarias y el nuevo Estatuto Aduanero, con la Reforma Tributaria Estructural que se presentarán al Congreso en el presente periodo legislativo.

El ministro del posconflicto Rafael Pardo, en entrevista con El Tiempo del 3 de julio, anunció un plan a 15 años para 350 municipios que se aprobaría por medio de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). El plan incluye más de 1.200 proyectos, la mayoría de construcción de infraestructura, y planes de microcrédito para los pobladores (endeudamiento de los pobres en beneficio de los bancos) que aspira a endeudar a medio millón de campesinos. El ministro es claro en decir que no hay auxilios sino préstamos.

Los préstamos a los campesinos van de la mano de una ofensiva por la industrialización del campo, favoreciendo el agro-negocio y el plan de las Zidres. Un verdadero plan a gran escala de extractivismo y depredación de los recursos naturales, disfrazado de desarrollo. El impacto global que tendrán las zonas de reserva campesina será mínimo. Los propios jefes de las Farc han reconocido que quieren convertirse en empresarios del campo.

Como existe un grave atraso en infraestructura vial, este será uno de los pilares del plan. Desde luego, las vías son importantes para los pobladores y su construcción generará empleo a corto plazo, pero este plan beneficiará principalmente a los empresarios privados: por un lado a los que construyen, que serán quienes se queden con la mayor tajada de dineros públicos y los que lleguen como “ayuda internacional”, y por el otro, para los que inviertan en los territorios para sacar sus mercancías sean producto de la explotación agrícola o minera.

Otros ejes que se mencionan son el de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El plan también deberá acompañarse de desarrollo en intraestructura de comunicaciones, llevando redes e Internet a los territorios que permanecían aislados, y  el del turismo en el que se destaca un plan para el pacífico. Todo, por supuesto, desde la empresa privada nacional y extranjera que será la mayor beneficiada, en lugar de potenciar las empresas estatales, como Isagén, que se venden para transferir el dinero al pago de las empresas privadas que ejecuten el plan.

Un plan de largo plazo

Aunque faltan muchos aspectos por desarrollar, la realidad es que este plan económico para el posconflicto va más allá del plan de un gobierno. Se trata de un plan de la clase empresarial de conjunto al menos a 15 años. Es decir, independiente del gobierno de turno que tiene por objetivo asegurar las medidas anticrisis y la tasa de ganancia de los empresarios. Un plan que pretende sacar el mayor provecho de las materias primas y los recursos naturales, pero que pretende superar la economía centrada en el extractivismo y potenciar la industria y la agroindustria. Ninguna de estas medidas terminarán por beneficiar a los trabajadores ni a los pobladores de los territorios. Por el contrario, los llamados beneficios serán el endeudamiento y el empleo precario. Se ampliarán también las desigualdades en materia tributaria.

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¿Cómo se financiará el plan?

Se esperaría que terminado el conflicto armado, de los 11 billones, del presupuesto empleados anualmente en seguridad y defensa, al menos una buena parte financiará las obras necesarias, y se aumentara el presupuesto en salud y educación. Pero no será así. El posconflicto se financiará por medio de impuestos a los trabajadores y de inversión extranjera; y los planes para quitarle financiación a la educación y la salud van hacia adelante. Santos ha anunciado que en lugar de desmontar Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), lo fortalecerá, y hasta ahora no se anuncia una disminución de la inversión en armamento y pie de fuerza.

El plan incluye incentivos para que el “sector privado” invierta en esos territorios por la vía de los llamados impuestos por obras (las deudas de impuestos se pagan con obras) exenciones tributarias directas a las empresas. Todo esto mientras se prepara una reforma tributaria regresiva para extraerle dinero a los asalariados medios y los profesionales poniendo a declarar renta a cualquiera que gane dos salarios mínimos, y ampliando la base de aplicación del IVA, así como su monto: castigo a los pobres y premio a los ricos.