Declaración del Partido Socialista de los Trabajadores Ante la Convocatoria del 9 de Abril

Nuevamente el gobierno nacional, el Comando Nacional Unitario de las centrales obreras, y varias organizaciones políticas y sociales, coinciden en la convocatoria este 9 de abril, al “Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas”.

Desde hace algunos años el 9 de abril se ha convertido en un día de protesta contra la violencia política que ha dejado centenares de miles muertos en el país. En esto ha habido unidad de la izquierda, pues no hay organización política de oposición que no haya sido víctimas de la violencia política y de la represión del Estado.

El origen del 9 de abril  tiene que ver con uno de los atentados más grandes que el régimen políticocometió contra los derechos democráticos de los trabajadores y las masas populares, asesinar  a uno de sus más importantes dirigentes liberales de ese momento, Jorge Eliecer Gaitán, poco después de haberserealizado una monumental marcha contra la violencia liberal conservadora y por la paz, tambiéntiene su origen en el levantamiento popular que ese crimen desató y que fue violentamente reprimido por el régimen.  Así como ha asesinado a centenares de dirigentes políticos, populares y obreros. El nueve de abril tendría que ser una fecha de protesta contra todos los asesinatos de dirigentes políticos, obreros y populares, de denuncia al régimen político y por las libertades democráticas. Por la libertad de los presos políticos, entre ellos el líder indígena Feliciano Valencia, condenado a 16 años por el solo hecho de ser representante de una comunidad que hizo valer el derecho de su autonomía deteniendo y castigando a un provocador de las fuerzas armadas, infiltrado en sus movilizaciones.

Pero este año hay una diferencia. El llamado, se hace con el objetivo de buscar apoyo irrestricto a lo ya pactado y lo que está por pactarse, en las negociaciones de paz, entre los negociadores del gobierno y de las Farc en la Habana, y ahora al inicio de la etapa pública de las negociaciones con el ELN que ya ha sido anunciada por el gobierno y los comandantes de esa organización insurgente.

Apelando nuevamente al hastío de la violencia que han ejercido los aparatos armados, del ejército, de los paramilitares y de las guerrillas, en la población, terminan instrumentalizando este sentimiento para legitimar un gran pacto por la impunidad de los verdaderos responsables de la violencia en este país, los mismos que desde aquel 9 de abril de 1948 inauguraron casi siete décadas de despojo, masacres, torturas y desplazamiento contra el movimiento campesino, obrero y popular.

Este pacto por la impunidad es el precio que se les quiere imponer a las víctimas del conflicto armado para garantizarle a los dirigentes guerrilleros un lugar dentro del régimen político, al que han renunciado  transformar y al que ahora se quieren incorporar. Este pacto le garantiza impunidad a los principales responsables de la violencia, los empresarios financiadores del paramilitarismo y de los asesinatos contra dirigentes sindicales, a los terratenientes que han despojado a campesinos de las mejores tierras fértiles de este país, los militares cómplices o directos responsables de las más cruentas y salvajes masacres, torturas y desapariciones forzadas.

Pero mientras los convocantes cierran filas en torno a las negociaciones de paz, las luchas sociales son sistemáticamente aplazadas por las burocracias sindicales como lo demuestra la transformación de la convocatoria de un paro nacional en una simple jornada de protesta el pasado 17 de marzo. Así las huelgas, los pliegos de peticiones, la lucha indígena, son postergadas en nombre de la paz, al tiempo que el gobierno se burla de sus propios compromisos de mesas de discusión prometidas a cambio de echarle agua fría a las luchas.

Esta convocatoria que se da en medio de un recrudecimiento de la violencia paramilitar que eufemísticamente se llama “Bacrim”, que ya ha cobrado la vida de más de 28 activistas políticos de la izquierda y de derechos humanos, de la proliferación de nuevas amenazas y amedrentamientos contra activistas y organizaciones políticas.

Por eso el Partido Socialista de los Trabajadores no apoya esta convocatoria ni participará de esta jornada. Llamamos a los trabajadores, estudiantes y campesinos, y a todas las víctimas de la violencia paramilitar y estatal, a retomar las banderas de la lucha democrática por el castigo a los culpables del genocidio, el despojo y el desplazamiento.

Llamamos a fortalecer el Primero de Mayo reivindicando su verdadero carácter obrero, de lucha e internacionalista, exigiendo a las direcciones sindicales la preparación masiva y democrática en las bases del encuentro obrero y popular, que defina un plan de acción para derrotar las políticas antiobreras, la reforma tributaria reaccionaria, y todo el paquete económico y político que bajo la forma de posconflicto se le pretende imponer a toda la población para seguir garantizando las ganancias de los empresarios nacionales y extranjeros.

Abril 8 de 2016

Comité Ejecutivo,

Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia- LIT- CI