Constituyente y lucha contra el régimen político

Por: Francisco Cuartas

Los cuatro años del gobierno Petro han estado atravesados por un fantasma, el fantasma de la constituyente. Cuando la oposición burguesa al gobierno busca asustar, saca el tema de la constituyente como sinónimo de perpetuación de Petro en el poder; y cuando es el propio Petro quien la agita, lo hace como una respuesta (y una amenaza) ante los bloqueos en el parlamento a sus proyectos de reformas. Sin embargo, tanto para la oposición de derecha como para el gobierno, no existe una intención seria de convocar una constituyente para abordar los problemas más profundos del país.

¿Constituyente o Acuerdo Nacional?

Más que la constituyente, la estrategia que ha privilegiado Petro estos cuatro años para llevar a cabo sus propuestas de reformas ha sido la del Acuerdo Nacional. El nacimiento del Pacto Histórico como proyecto político tiene ese contenido intrínseco: buscar una alianza entre sectores de la burguesía con movimientos y partidos reformistas que dirigen el movimiento obrero y social. Esta alianza tiene como objetivo intentar adelantar reformas encaminadas a mitigar la profunda desigualdad social en Colombia, frente a los obstáculos antidemocráticos que protegen el monopolio del poder en manos de los sectores más tradicionales de la burguesía colombiana.

Esta alianza interclasista es la que se ha proyectado como política de gobierno para Petro y el Pacto Histórico en el poder. Es la que ha imperado para la conformación de ministerios y altos cargos en el gobierno, así como una larga lista de cuotas en puestos y contratos a sectores burgueses del Partido Liberal, Conservador, el Partido de la U y el Partido Verde para consolidar la “gobernabilidad” y sus apoyos políticos en el Congreso.

Pero pese a que esta estrategia ha demostrado ser la causante de los grandes problemas del gobierno, como la corrupción, la obstrucción desde el interior del propio gobierno a las reformas o a la ejecución de sus políticas sociales, el mismo Petro ha privilegiado la presencia de los agentes de la burguesía en su gobierno por encima de la coherencia con su discurso en favor de los trabajadores y los sectores populares. Por eso, a pesar de los escándalos, personajes como Benedetti continúan siendo figuras centrales de su gobierno.

Esta estrategia del Acuerdo Nacional además se ha extendido como una propuesta al conjunto de la burguesía, especialmente a la oposición de derecha, quienes han ejercido la oposición a las reformas en el parlamento y han usado otros puestos estratégicos en instituciones del régimen político, para bloquear las ínfulas reformistas de Petro. Ese Acuerdo Nacional no se ha concretado debido a la intransigencia reaccionaria de la burguesía, que se niega a ceder un poco de sus ganancias y de su poder para quitarle presión a la crisis social y las expectativas de la población en un “cambio” de verdad.

El único efecto práctico que ha tenido esta política es el de desarticular y desestimular el movimiento social y las luchas por reivindicaciones y reformas desde la clase obrera y los sectores populares, quienes, confiando en el gobierno, son llamados a delegar y supeditar sus reivindicaciones a la ineficaz dinámica parlamentaria e institucional. La idea del Acuerdo Nacional, inexistente para la burguesía, es uno de los grandes obstáculos para la movilización independiente de la clase trabajadora.

Pero esta búsqueda del Acuerdo Nacional es ratificada por el candidato del gobierno, Iván Cepeda, quien la mantiene como la principal estrategia para sacar adelante las reformas, dejando en el rincón del olvido la Constituyente.

Así, la agitación que ha hecho Petro sobre la Constituyente en los últimos meses, nuevamente ha quedado encajonada, como un fantasma.

Constituyente contra el régimen político, una lucha necesaria contra el autoritarismo

La férrea oposición burguesa a las reformas de Petro es presentada como el juego legítimo de la democracia y del equilibrio de poderes, pero no es más que la expresión de los límites que impone el régimen político y sus instituciones para garantizar los intereses de la burguesía como clase dominante, incluso cuando eventualmente llegue al gobierno alguien que no goce de su plena confianza, como el caso de Petro, el primer gobierno de Frente Popular en la historia del país.

Desde la existencia de la democracia burguesa como instrumento de poder en el Estado capitalista, la Asamblea Constituyente ha sido una herramienta para democratizar el régimen político. Es donde se plantean las cuestiones más estructurales y de fondo de cómo se gobierna el Estado y la sociedad: el régimen político, la cuestión de la propiedad, las instituciones y las leyes, consagrados en una Constitución.

El régimen político colombiano, pese a las coberturas del “Estado Social de Derecho” enunciadas en la Constitución del 91, es un régimen que, desde los gobiernos de Uribe, tiene un carácter bonapartista, es decir, autoritario y antidemocrático, carácter que ha permanecido en pie tras cuatro años del gobierno frentepopulista de Petro.

En los paros nacionales de 2019 y 2021 las masas, en las calles, cuestionaron este régimen, y de no haber sido traicionados y desmontados por la burocracia sindical y el propio Petro, a cambio de las ilusiones electorales, hubieran podido no solo tumbar a Iván Duque del gobierno, sino haber llevado a cabo una revolución democrática, cambiando el régimen político y acabando con el contubernio entre el paramilitarismo, las fuerzas armadas y la burguesía.

Bajo su estrategia del Acuerdo Nacional, Petro sacrificó las reivindicaciones democráticas de las masas para transar la supervivencia del régimen uribista y así garantizar la estabilidad necesaria para permanecer en el poder y conjurar las amenazas de golpes contra su gobierno. Así, las transformaciones radicales a las instituciones represivas como la Policía y el Ejército, la reforma política al antidemocrático sistema electoral y de participación y al presidencialismo, han sido pospuestas o reemplazadas por cambios cosméticos como el cambio de nombre del Esmad a Undmo.

En el proyecto del petrismo en el poder –que pretende continuar Cepeda–, se ha demostrado no solo la inconsecuencia con la lucha contra el régimen político, sino la incapacidad de dar esta lucha. Continuar con la estrategia del Acuerdo Nacional como principal medio para lograr de los cambios a través de la relación y negociación con la burguesía, sea “amiga”, de “centro” o de oposición, condena la necesaria lucha contra el régimen político a su fracaso. Las masas deben ser independientes del gobierno y quienes deben asumir la organización y ejecución de dos tareas fundamentales: el impulso a una Asamblea Constituyente con delegados que reflejen los intereses de los trabajadores, campesinos, indígenas y demás sectores de clase oprimidos y la lucha revolucionaria contra el régimen político autoritario para cambiar realmente la correlación de fuerzas entre las clases antagónicas, a favor de la clase obrera y los sectores populares.