Salario mínimo de tres millones de pesos

Con el aumento del salario mínimo del 23.7% y la orden del Consejo de Estado de suspender el decreto de ese aumento, se ha producido una crisis que deja claro que la cuestión del salario es una de las expresiones más claras de la lucha de clases y de la irreconciliable lucha entre trabajo y capital; la lucha obrera contra los salarios de miseria que alimentan las ganancias exorbitantes de los empresarios.

El descontento que se expresó con el paro del 2021 fue la manifestación de la crisis social con salarios miserables, desempleo cercano al 60% (la mayor parte, presentado como ocupación informal) y explotación laboral con contratos cada vez más precarizados, además de los problemas del campesinado sin tierra y los pueblos indígenas sin territorio.

Ese descontento se canalizó mediante las elecciones con las cuales ganó Petro la presidencia, quien prometió desmontarlo con algunas reformas, respetando la institucionalidad burguesa y concertándolas con la burguesía. Pero eso no ha sido posible porque la burguesía no acepta conceder lo más mínimo.

Petro se ha expresado frente a varios problemas relacionados con la crisis social, pero evitando una salida de fondo y radical. Lo que ha hecho es alertar a la burguesía para que el descontento no vuelva a escalar, proponiendo que se concedan algunas migajas con medidas mínimas; una de ellas la relacionada con el aumento del salario mínimo.

Petro decretó un aumento del 23.7% señalando que la OIT consideraba que el salario mínimo en Colombia debía ser de tres millones de pesos y que la Constitución Política ordenaba un salario vital. Además, argumentó la “bondad” de salarios altos para los intereses de los empresarios. Desde la perspectiva del keynesianismo plantea que salarios más altos estimulan el consumo de la clase obrera y, por lo tanto, mayores ventas de los capitalistas.

Lo cierto es que, pese a estas promesas neokeynesianas, la burguesía prefiere irse a la fórmula más “ortodoxa”: pagar menos para ganar más.

Pese a que los representantes de la burguesía opositora de derecha desde la misma promulgación del decreto interpusieron demandas para echar atrás el decreto, ahora asustados de los efectos contraproducentes en la campaña electoral, hipócritamente muestran otra cara.

El que todos los candidatos de derecha digan defender el aumento del 23.7% y los mismos empresarios, en cabeza del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, no es solo oportunismo para no perder votos en las elecciones; es que son conscientes de que están pagando salarios de hambre y que un mínimo de $1.750.000 no es un problema para sus ganancias, que solo las reducirá mínimamente. Por eso Petro amenaza diciendo que el nuevo decreto debería ser para un aumento que deje el salario mínimo en $2.150.000, lo que tampoco sería gran problema para las ganancias de los empresarios, que de todas formas piden que, a cambio mantener el 23.7%, se les reduzcan los impuestos.

Falta la palabra de los trabajadores, quienes debemos exigir que de una vez se modifique el decreto para que el aumento del salario mínimo realmente cubra la reproducción de la mano de obra, es decir, el costo de la canasta familiar, que según la OIT se ubica en $3.000.000, y que a los trabajadores que están por encima del actual mínimo se les aumente en la misma proporción.

No hay razón para que los trabajadores colombianos, así como los latinoamericanos, tengamos salarios inferiores a los que tienen los trabajadores de Europa occidental, cuyo mínimo está entre 1.000 y 1.450 dólares, y en otros países alcanza hasta 2.700 dólares, además de tener mejores condiciones laborales. Lo mismo sucede con relación a los salarios en Estados Unidos.

Dirán que el problema en América Latina es que la productividad es más baja, pero no hay que olvidar que las ganancias las tienen que repartir entre las burguesías nacionales latinoamericanas y las burguesías imperialistas de Estados Unidos y Europa.

Con un salario de tres millones (820 dólares) aún quedaríamos por debajo de los salarios más bajos de Europa occidental. Ese aumento no tiene repercusiones en la inflación; solo se reducirían un poco las exorbitantes ganancias de los empresarios nacionales y de las multinacionales, que seguirían manteniendo su producción en el país, aunque amenacen con irse, porque en sus países de origen los salarios son más altos.

El actual aumento de salario, bloqueado por el Consejo de Estado, debe ser defendido por los trabajadores como un derecho adquirido, y desde el cual se debe exigir su aumento; debemos organizarnos para defenderlo con la huelga y en las calles.

También debemos exigir el congelamiento y control de precios de los artículos de primera necesidad, como los alimentos y los servicios públicos, puesto que, como ya se vio en el mes de enero, la burguesía buscará mantener sus ganancias a través de una estrategia de incremento generalizado de precios, especialmente de los servicios donde tienen control y monopolio.

Para conseguir el salario mínimo de tres millones de pesos y el control de precios de la canasta básica, se necesita que las direcciones de las centrales obreras actúen con independencia del gobierno y convoquen un encuentro nacional obrero y popular, para que allí se vote un paro nacional; no será concertando con la burguesía, sino en las calles con la movilización y parando la producción.

16 de febrero de 2026

Partido Socialista de los Trabajadores

Comité Ejecutivo