Los programas de Paloma y Abelardo Neoliberalismo recargado, inseguridad y corrupción

La diferencia más importante entre el sector uribista que impulsa la candidatura de Paloma Valencia y el sector de Abelardo de la Espriella es que el uribismo es originado por la influencia de los expresidentes de extrema derecha, Reagan y Bush, un conservadurismo tradicional, mientras que De la Espriella es de la ideología de Trump. Pero ambos impulsan un neoliberalismo recargado, es decir más extremo.

Por Fernando Graco

El programa de Paloma Valencia y su vicepresidente Daniel Oviedo, denominado “Plan 10”, se destaca por consignas como el fortalecimiento de la Fuerza Pública, aumentando en cerca de 60.000 nuevos integrantes, que como en los gobiernos de Uribe servirán para fortalecer el régimen político autoritario en alianza con los grupos paramilitares, para expropiarle a los pobres y a los trabajadores lo que les falta; y para reducción de impuestos a las empresas y a los terratenientes y ganaderos.

La finca el Ubérrimo, de Álvaro Uribe, que consta de 1.500 hectáreas tenía un valor catastral, en 2020, de aproximadamente 8.600 millones de pesos, pero el saldo a pagar por impuestos fue de cero. ¡Milagros que hacen los contadores! Si se aplica el programa de Paloma Valencia, el Estado tendría que “devolverle” a Uribe algunos millones, por reducción de impuestos. La misma buena suerte tendrían muchos empresarios, terratenientes y ganaderos.

La megaminería y el fracking¹ tendrían toda la libertad para el enriquecimiento empresarial. Sobre la relación con el imperialismo norteamericano prometen potenciar la intervención y el carácter lacayo: con una alianza estratégica de “alineación total”, centrada en la seguridad y el combate al narcotráfico y un Plan Colombia 02. Esto para competirle a la presidenta de Trump en Venezuela, Delcy Rodríguez. Ese es el estilo de los 111 puntos de su programa.

El programa de gobierno de Abelardo de la Espriella, llamado “Patria Milagro”, es más “adelantado” y radical del de Paloma Valencia: “seguridad” para controlar el territorio, así como lo hizo Uribe con los paramilitares para expropiar la tierra a los campesinos, construcción de mega cárceles para hacer negocio y meter hasta a quien lo mire mal, y cadena perpetua para que sus opositores no se le atraviesen en el camino. En lo económico, reducir aún más el Estado, dejarlo solo para darle subsidios a los ricos, reprimir a los pobres y saquearlo mediante la corrupción.

Su movimiento “Defensores de la Patria” es para defender sus intereses de una forma más personal que el uribismo. Frente al imperialismo compite por la extrema derecha con Paloma Valencia, y pedirá el Nobel de Paz para la persona más trumpista.

Seguridad para la apropiación  y anticorrupción para la corrupción

La consigna de garantizar seguridad, ante una situación de crisis social que amenaza la vida y la seguridad de la población suena atractiva y sirve para atraer votos, pero con la experiencia de tres gobiernos del uribismo (los dos de Uribe y el de Duque) quedó claro que la seguridad de la que ellos hablan, como si fuera para todo el pueblo, es la seguridad para poder imponer por la fuerza la expropiación de lo poco que tenemos a los pobres.

Seguridad para expropiar la tierra al campesinado

La seguridad democrática de Uribe fue una seguridad para un círculo muy reducido de terratenientes, ganaderos y narcotraficantes, y para expropiar la tierra al campesinado utilizando los grupos paramilitares que el mismo Uribe ayudó a crear y que intentó legalizar con las Convivir.

En los dos gobiernos de Uribe (entre 2002 -2008) ese sector se apropió de alrededor de tres millones de hectáreas y 2.100.000 de campesinos fueron desplazados. En el gobierno de Duque hubo 240.000 campesinos desplazados.

Seguridad para expropiar a los trabajadores

La seguridad de Uribe también sirvió para expropiar a los trabajadores de derechos como la estabilidad laboral, cesantías, primas, seguridad social, vacaciones, etc. Esto lo hizo con las leyes 50 de la cual fue autor en 1990 y la Ley 789 de 2002. Para lograrlo, también utilizó el paramilitarismo asesinando 527 dirigentes sindicales en sus dos periodos de gobierno. Solo en 2002 fueron asesinados 184 sindicalistas. Aquí no se incluye el genocidio sindical desde cuando Uribe fue gobernador de Antioquia.

Seguridad para asesinar y encarcelar a dirigentes sociales y activistas de la movilización social

En los dos periodos de gobierno de Uribe fueron asesinados 6.402 jóvenes mediante la modalidad de ejecución extrajudicial (falsos positivos) y muchos líderes sociales. En el gobierno de Iván Duque se asesinaron 930 líderes sociales.

En los dos periodos de gobierno de Uribe hubo 3.588 desapariciones forzadas. Famoso ha sido el caso de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín, en donde luego encontraron parte de los restos de esos asesinados en el sector de “La Escombrera”, gracias a la presión de sus madres.

La mano de hierro de Abelardo

La mano de hierro de Abelardo de la Espriella es como la del presidente Bukele de El Salvador. Montar el negocio de mega cárceles y llenarlas de “clientes” inocentes y activistas políticos de oposición, dirigentes sociales y sindicales, activistas estudiantiles y unos pocos criminales para guardar las apariencias, financiadas por el Estado, caso en el que es provechoso reivindicar el Estado.

La “lucha contra la corrupción” es para la corrupción

La consigna de luchar contra la corrupción, por parte de las candidaturas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, sería para darles el premio nobel de la corrupción, aunque no lo reclamen, así como Trump ha reclamado el Nobel de la Paz.

No hay que olvidar los antecedentes de los gobiernos de Uribe, Duque, Trump, Bukele, Milei y otros hampones y criminales más, que han sido o son “honorables” presidentes muy reconocidos por la corrupción que les ha servido para enriquecerse.