La violencia contra la mujer aumenta y no hay medidas que la enfrenten

El 25 de noviembre fue declarado, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1999, el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Es una forma de canalizar el problema y generar ilusión en que dentro del sistema se puede resolver. Eso no es posible, pero sí se pueden tomar medidas para disminuir la violencia y proteger a la mujer.

Por: El Socialista

Violencia íntima y de género. En el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Más de 640 millones de mujeres mayores de 15 años (26%) han experimentado violencia íntima y el 70% de las mujeres sufren violencia de género. En 2023, unas 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas por parejas íntimas o familiares (una cada 10 minutos), lo que representa el 60% de todos los homicidios de mujeres. África tuvo las tasas más altas (21.700 casos). En países que hacen parte de la OCDE, solo el 40% tienen marcos legales completos contra la violencia infantil, el acoso sexual y el femicidio.

Algunos casos en Colombia:

Superexplotación laboral. Las mujeres ganan 23% menos que los hombres por el mismo trabajo (DANE).

Acoso sexual en el empleo. En 2024 se reportaron 3.956 casos de este delito que es utilizado como un mecanismo de disciplina en el trabajo, pero también en el hogar cuando la mujer intenta buscar la separación o denuncia casos de maltrato.

Impunidad. Existe un 94 % en feminicidios, entre otras cosas, porque el Estado burgués protege al agresor, especialmente cuando este es policía, militar o empresario. La Defensoría del Pueblo reporta que el 22 % de los feminicidios son cometidos por uniformados.

Violencia sexual. 99 mujeres al día en 2023 (65 niñas menores de 14 años). En 2024: hubo 3.956 casos de acoso sexual, 9.798 actos abusivos y 10.089 de acceso carnal.

Feminicidios. En 2023 se reportaron 468 y en 2024 fueron 745.

Violencia psicológica en 2024, hasta agosto: 14.375 casos.

Trata de mujeres. En los primeros 10 meses de 2024 se reportan 333 casos.

Medidas burocráticas, nada más. El gobierno de Petro creó el Ministerio de Igualdad y la línea 155, pero prácticamente sin presupuesto real. Por eso hay falta de servicios públicos de apoyo y protección real a las mujeres víctimas de violencia. Por ejemplo, solo 1 de cada 4 municipios tiene una casa refugio para mujeres violentadas.

La violencia contra las mujeres por parte de los empresarios

El 25 de noviembre debemos salir a las calles y denunciar la hipocresía de los gobiernos y los parlamentos que no tienen como una de sus prioridades el problema de la violencia contra la mujer; debemos salir a combatir el sistema y sus causas, como el desempleo la desigualdad salarial contra la mujer, el acoso laboral y sexual en las empresas.

Un ejemplo sobre cómo se ejerce la violencia contra la mujer en las empresas es el caso de Seatech en Cartagena, la productora de Atún Vancamps que tiene como a una de sus principales accionistas a la exministra de Uribe, Marta Lucía Ramírez. La empresa tiene 1.800 trabajadoras y allí se ha denunciado institucional y públicamente las condiciones en que son explotadas y oprimidas: no tienen derecho de ir al baño, y si lo hacen les descuentan el tiempo para no pagarlo, son sobreexplotadas porque, aunque lleven 10 años, no tienen contrato directo y a término indefinido; son tercerizadas.

Las trabajadoras de Transmilenio, en Bogotá, tampoco escapan a condiciones degradantes, pues las estaciones cuentan con lo más importante para los empresarios: la cabina de cobro de pasajes, pero no tienen lo que más necesitan las trabajadoras que laboran jornadas de ocho horas: un baño. Podríamos seguir citando casos de muchas empresas donde las condiciones laborales, especialmente para la mujer, son degradantes. Eso es violencia contra las mujeres y los empresarios no están dispuestos a eliminarla.

Al capitalismo le es funcional no solo el machismo, sino también las demás opresiones. Así, tratan de justificar que el problema no es la división de la sociedad en clases, ni la lucha de clases que genera la desigualdad social. Pero la violencia contra la mujer es una consecuencia de las relaciones sociales de producción en el capitalismo, que combina la explotación de clase trabajadora y la subordinación y opresión de género. En el sistema capitalista, la mujer de la clase trabajadora, además de ser explotada, más que el hombre, es oprimida. Es decir, es doblemente oprimida: como mujer y como trabajadora. Lo primero lo aceptan hipócritamente los capitalistas y las Naciones Unidas, lo segundo no.

Luchar contra la violencia machista en las organizaciones de los trabajadores

Mientras exista el capitalismo, es una obligación, al interior de las organizaciones de los trabajadores, como los partidos políticos obreros y las organizaciones sindicales, combatir el machismo. Esta no es una tarea solo de la mujer, es sobre todo una de las tareas de los hombres que, por un lado, somos explotados laboralmente, igual que las mujeres, pero al mismo tiempo utilizados por el sistema capitalista para reproducir y fomentar el machismo al interior de la fábrica o empresa de servicios contra nuestras compañeras de trabajo y de clase. Los chistes machistas, por ejemplo, son una forma de violencia contra la mujer, que los mismos trabajadores debemos combatir, porque son funcionales para la división de la clase trabajadora que les sirve a los capitalistas.

Otro enfoque para luchar contra la sobreexplotación laboral de la mujer y contra la división de la clase, es luchar por la igualdad salarial, incluyendo puntos para compensar a la mujer trabajadora por la carga de las tareas del hogar, que sirven para reproducir la fuerza de trabajo; luchar por reivindicaciones como licencia por menstruación que fue negada en el Congreso de Colombia, por los parlamentarios, cuando aprobaron la Ley 2466 de 2025.

Ante el aumento de la violencia contra la mujer, el gobierno debería declarar una emergencia nacional y decretar medidas que las protejan, campañas de educación contra el machismo y medidas laborales que garanticen dignidad y compensación para reducir la brecha salarial y la carga laboral.