Los 300 pliegos estatales: sin paro nacional no habrá negociación efectiva

El 28 de febrero las organizaciones sindicales del sector estatal presentaron alrededor de 300 pliegos de peticiones en sus respectivas entidades y un Pliego Nacional al gobierno central. A pesar de la diversidad de organizaciones, divididas además en varias centrales sindicales y múltiples federaciones, los problemas fundamentales que enfrentan son los mismos: el avance sin tregua de las privatizaciones, la desfinanciación, la tercerización laboral y la corrupción galopante. A todo esto se suma la falta de garantías sindicales y la violación de los más elementales derechos laborales de los afiliados.

Autor: Juan Sánchez R. Directivo de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios Universidad Nacional de Colombia.

Debilidad sindical y tercerización laboral

Desde hace treinta años el movimiento sindical viene siendo desmantelado en Colombia. Pasó del 12% al 4% en la afiliación. Tres factores son las principales causas: la persecución despiadada por parte de los empresarios y sus agentes estatales y paraestatales, la política de “concertación” de la mayoría de la dirigencia sindical -que desarmó políticamente a los trabajadores- y el profundo proceso de burocratización de esa misma dirigencia. Todo ello ha llevado a la pérdida de legitimidad de las organizaciones gremiales y a la desconfianza –la mayoría de las veces justificada- de los afiliados en sus dirigentes. En el sector privado las organizaciones fueron reducidas al mínimo. En el estatal el proceso fue más lento pero dio un salto a partir de la privatización de las entidades industriales y de servicios a cargo del Estado.

Hoy todas las entidades son el botín de la politiquería tradicional que las desangra y ha llevado a niveles insostenibles la corrupción de los altos funcionarios. Este círculo vicioso provocó que para poder cumplir con sus funciones la mayoría de las entidades ampliaran de manera creciente su planta de personal en condiciones de precariedad: son las llamadas plantas paralelas y la tercerización laboral. Ese nuevo personal, muchas veces clientela del funcionario de turno, se resiste a organizarse sindicalmente y ve como enemigos a los trabajadores estables que han ingresado por sus propios méritos –o concursos amañados- a la carrera administrativa. Un dilema que los sindicatos existentes deben enfrentar cotidianamente.

Sin derecho a la negociación colectiva

A pesar de esta situación adversa algunos de los sindicatos del sector estatal han resistido, e incluso se han fortalecido. Tal vez el caso más emblemático por su peso cuantitativo, y su tradición de lucha, es el de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode. Sus orientaciones políticas gravitan sobre el conjunto del movimiento estatal, determinan las orientaciones de la CUT –principal central sindical, en la cual es la absoluta mayoría- y marcan la pauta para la movilización del sector.

Con la vinculación de Colombia a un conjunto de Tratados de Libre Comercio y la pretensión del gobierno de Santos de hacer parte de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- se han tenido que cumplir acuerdos en el terreno sindical. Uno de ellos es el restablecimiento formal del derecho a la negociación colectiva en el sector público. Pero todo ha sido un engaño. Ese es el balance reiterado en la reuniones de sindicatos estatales desde hace tres años, en los que se pretende presentar como avances sustanciales algunos acuerdos. Un ejemplo ilustrativo: después de más de un mes de paro en el SENA, donde hay más de treintamil contratistas que cumplen funciones misionales, se llegó a un acuerdo de “formalización laboral”. Serían vinculados a la planta tresmil nuevos funcionarios, en tres años. ¡A ese a paso se requerirían treinta años para culminar el proceso!.

¿Concertación o Paro Nacional?

La presentación de pliegos en 2017 va estar cruzada por esa contradicción. El decreto 160 sólo “obliga” a los altos funcionarios de la administración estatal a instalar “mesas de negociación”, no a llegar a acuerdos convencionales, como se hacía antiguamente. No se pueden negociar incrementos salariales (el tema más elemental en un conflicto laboral), pues el Ejecutivo se reserva el derecho de definirlos por decreto. El gobierno ni siquiera respeta los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscritos desde hace décadas por el Estado colombiano y que reivindican el derecho a la negociación colectiva y la formalización laboral. Pero el gobierno y sus funcionarios se burlan de las jurisprudencias de las Cortes o los conceptos del Consejo de Estado que favorezcan a los trabajadores. Empezando por el Ministerio del Trabajo de Santos, ahora conducido por Clara López -del Polo Democrático- quien se ha puesto “en los zapatos de los empresarios”, con el reajuste miserable del salario mínimo, ya devorado por la inflación y la reforma tributaria.

En los años recientes diversos sectores estatales han librado luchas importantes pero sin centralización. La dirigencia sindical ha estado maniatada por su propia política de concertación con el gobierno, que se acentuó con el respaldo directo a la reelección de Santos con el argumento de apoyar su plan de paz con la insurgencia. La dirección política de las organizaciones sindicales es presa también de la politiquería y en su agenda privilegia la preparación de las próximas elecciones en lugar de la movilización contra los planes del gobierno. Se aprovecha así de la angustia de las bases sindicales agobiadas por el deterioro de sus salarios y amedrentadas por la inestabilidad laboral. En este aspecto también la Fecode es emblemática: recientemente Luis Grubert renunció a la presidencia para seguir escalando en la pirámide sindical y trasladarse a la burocracia de la Central Sindical de las Américas, dejando abandonado al gremio que fue estafado con las promesas incumplidas de Santos a quien dio muchos votos con la esperanza de que se solucionara el problema crónico de su infame servicio de salud –botín también de los propios directivos sindicales- o se unificara por lo alto el Estatuto Docente, una conquista de más de medio siglo de luchas magisteriales.

Para remontar esta situación los trabajadores estatales tenemos una doble tarea: en primer lugar, exigir la definición de un plan de acción en respaldo a nuestros pliegos de peticiones y la convocatoria de un Paro Nacional Estatal indefinido para que se haga realidad el derecho a la negociación colectiva. Ese paro debe tener un sólo eje: ¡Estabilidad laboral y salarios dignos para todos los trabajadores del Estado!. Pero la otra tarea inaplazable es fortalecer a las corrientes antiburocráticas dentro de nuestros sindicatos y nuestras centrales, construyendo así una nueva dirección para nuestras luchas.