Entramado de corrupción en Fomag y Fiduprevisora

Los servicios médico-asistenciales de los maestros y sus familias están sumidos en una profunda crisis, producto de múltiples obstáculos en la implementación del “nuevo modelo”, sumados a la improvisación, al estado crítico del sistema de salud en el país y a la paulatina destrucción de la red pública, que se viene dando desde la expedición de la Ley 100 de 1993 y la creación de las EPS.

Son 820.000 afiliados entre maestros cotizantes y beneficiarios, quienes dependen de la contratación de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a través de la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora), a un costo aproximado de 13.5 billones de pesos, provenientes de dineros públicos y de los aportes de 330.000 maestros. Según la Ley 91 de 1989, creadora del Fomag, la responsabilidad de la contratación está a cargo de la Fiduprevisora.

El presidente Petro, en octubre de 2023, suspendió el proceso licitatorio para el contrato de salud del magisterio, prorrogándose entonces por seis meses más el contrato existente en las 10 regiones. Ya antes de la licitación, estos contratos habían tenido dos prórrogas.

Petro señaló que había corrupción en el Fomag y sustentó su decisión de suspender la licitación en estos hallazgos que estaban dilapidando los dineros del magisterio. Al día de hoy no ha habido información sobre denuncias formales, imputados concretos o investigaciones de los entes de control. El gobierno no ha informado sobre las acciones tomadas contra los corruptos.

Nuevo modelo, viejos problemas

A partir de este hecho, se inició la construcción de un nuevo modelo en el cual se suprime la intermediación en la contratación y la integración vertical, de tal forma que se creara una red de prestadores a quienes el Fomag directamente autorizara los pagos correspondientes a sus servicios prestados. Este modelo, que incluye la “libre elección” de prestadores, por parte de los maestros, se plasmó en el Acuerdo 03 de 2024 del Consejo Directivo del Fomag.

Este modelo ha sido el resultado de un trabajo conjunto entre los ministerios de Educación, Trabajo, Hacienda, Fecode y la Fiduprevisora, responsable de la administración de los dineros.

Para el 1 de mayo de 2024, según el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en su momento, anunció que la Fiduprevisora tenía listos 200 contratos en todo el país para prestar el servicio de salud. A la fecha se destinaron 1.5 billones de pesos para garantizar la operación del modelo de salud.

A un año de la entrada en vigencia del nuevo modelo, la pregunta es: si ha habido acuerdo relativamente satisfactorio entre gobierno y Fecode, apropiación suficiente de dineros y una “arquitectura” que mejoraría el servicio, ¿por qué razón la situación es dramáticamente más crítica y traumática para afiliados y beneficiarios?

La dirección de Fecode ha tratado de explicar que se trata de un sabotaje de los opositores al gobierno y ha señalado a la Fiduprevisora como el principal obstáculo para la implementación del modelo de salud y responsabilizado a Mauricio Marín como directo causante de la crisis.

Diversas acciones se emprendieron para defender el modelo y hacerlo funcionar. Producto de la movilización de maestros, Marín salió de la Fiduprevisora, hubo diálogo e invitación a la IPS a vincularse a la red, paros en algunas regionales, pero el problema parece no tener solución.

Para cumplir con la libre elección y tratar de descongestionar la atención en primer nivel, Fecode y los sindicatos regionales impulsaron una encuesta, con oferentes que conformarían la red de prestadores. Se presentaron al magisterio siete oferentes en Bogotá, en su mayoría privados, pues el servicio sigue en manos de dos prestadores, al parecer direccionados intencionalmente desde la Fiduprevisora. Estas dos entidades han sido operadoras de los contratos anteriores en el antiguo modelo de contratación.

Lo mismo de antes, con los mismos de antes

Situación similar ha ocurrido en todo el país, favoreciendo a los mismos prestadores del modelo antiguo, evidenciando un monopolio del servicio a manos de empresarios ligados directamente o por terceros, a partidos políticos de la U y Cambio radical, favoreciendo los negocios privados.

Varios han sido los debates de control político, desarrollados en el senado. David Luna ha sido uno de los citantes a 27 días de iniciado el nuevo modelo. Este senador es de Cambio Radical, partido al que pertenece Andrés Mauricio Escarria, gerente de servicios de salud de Fiduprevisora, quien además es representante legal de Enfosalud Ocaña, según información brindada por el senador Wilson Arias

Wilson Arias, del Pacto histórico, citante a otro debate, tanto en el Senado como en diferentes medios de comunicación, ha señalado un entramado en cuyo centro está Mauricio Marín y Daniela Andrade, pero curiosamente no señala a Laura Sarabia, quien al parecer es la directora del tinglado. Se presume que Laura es quien recomienda funcionarios y cargos, por los cuales cobra “peaje”. Es así como Daniela Andrade sale de la UNGR, producto del escándalo de corrupción en la entidad, pero es premiada con una Notaría, a la vieja usanza de los partidos burgueses y hoy es vicepresidenta del Fomag.

Desde 2014, la Fiduprevisora ha sido dirigida por funcionarios pertenecientes al partido de la U. Esto no cambió con la salida de Mauricio Marín, pues su sucesora Magda Lorena Giraldo, también pertenece a dicho partido.

Así mismo, Laura Sarabia quien hoy se define como independiente, otrora fue asesora del partido de la U, es “premiada” con la Cancillería. Podemos inferir que el control del “negocio de la salud” lo tienen estos partidos y sus financiadores, por lo que también se puede inferir que se cierra la posibilidad de mejorar el servicio y menos de fortalecer la red pública, desmantelada por las EPS.

Gobernando con los corruptos

Es inaudito que Petro siga pretendiendo hacer acuerdo nacional y coalición política, con quienes impiden el cambio en las prácticas y naturalizan la corrupción, a costa de la vida de los maestros y sus familias. No ha roto con los corruptos y por el contrario, les da puestos de plena confianza como a Benedetti y Sarabia. Por eso los problemas de acceso a la salud se mantienen.

Es más inaceptable aún que la dirección mayoritaria de los sindicatos regionales y Fecode se resistan a organizar un paro nacional por la salud y estén plegados a los buenos oficios en las mesas de concertación o en el lobby parlamentario.

Exigimos a Fecode y las direcciones regionales que adopten una posición independiente del gobierno y defiendan los intereses del magisterio y sus familias.

Freddy Ruiz, Unidad Docente – PST