En la nueva legislatura: acuerdo nacional o poder constituyente

Es sabido que la historia tiende a repetirse, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Asistimos a un nuevo cambio de legislatura y con él, a un nuevo capítulo de los intentos cada vez más desesperados del Gobierno de buscar un Acuerdo Nacional con la burguesía, y mostrar resultados. En sus discursos, Petro despotrica a más no poder, con muy buenas razones, de latifundistas, multimillonarios y explotadores; también advierte sobre la crisis global y la amenaza de la barbarie capitalista; pero en la práctica insiste en su política de buscar acordar nuestros derechos con los mismos que nos los han arrebatado, ya sea rebajando al mínimo o convirtiendo en su inverso (caso reforma pensional) las reivindicaciones del Paro Nacional que lo puso en el poder.

Ante la necedad avara de la mentada oligarquía, Petro amenazó con una Constituyente; ahora que inicia una nueva legislatura, con la expectativa, esta vez sí, de lograr pasar su agenda en el Congreso, y luego de la resistencia de la oposición y de sectores afines como el santismo, se baja del bus y pretende enredar diciendo que no propuso una Constituyente (asamblea nacional), sino que quiso apelar al poder constituyente. Esto para apelar a la buena voluntad de los parlamentarios a quienes llama a acordar las reformas para que “beneficien a todos”.

Para llevar adelante este nuevo intento, Petro ajusta su gabinete manteniendo los ministros del Partido Comunista fieles escuderos de su política, pero dejando las carteras verdaderamente decisorias en manos de alfiles probados del régimen como Juan Fernando Cristo, y trae una propuesta, que aparece como novedosa, que es el Fast Track, con el objetivo de meter el acelerador del Congreso apoyándose en los acuerdos de paz del Teatro Colón, para intentar sacar adelante uno de sus proyectos más ambiciosos y menos exitosos: la Paz Total.

De tal suerte que todos los elementos de la coyuntura política de las últimas semanas como la celebración de la reforma pensional, el discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la liberación y primeras actuaciones de Mancuso, y el remezón ministerial, están articulados al mismo proyecto. Por su parte, el sector de la burguesía opositora de derecha, mantiene su estrategia de desgaste, apelando a los escándalos mediáticos y a explotar al máximo las grietas del gobierno, en especial el tema de la corrupción que da un salto con las declaraciones de Olmedo López sobre la UNGDR, los supuestos dineros desviados para financiar al ELN y ahora el escándalo de los carros de la UNP.

Aunque la derecha opositora no tiene autoridad ninguna para quejarse de la corrupción, este es un tema muy sensible para la población que espera un comportamiento diferente del gobierno que considera suyo.

Petro se baja de la Constituyente

Así que, luego de usar la Constituyente como espantajo para presionar el Acuerdo Nacional, Petro nuevamente se enfoca en su verdadero proyecto que es la concertación con los sectores y clases que dice combatir. Y es que sea mediante una Asamblea Constituyente, o el poder constituyente, en el fondo Petro sabe que las transformaciones reales de la sociedad solo podrán ser obra de los trabajadores, los oprimidos y los pueblos movilizados y organizados. Sin embargo, apela a un poder constituyente dirigido desde arriba, y no a un Gobierno obrero y popular dirigido desde abajo. Pero esto choca con su proyecto de desarrollar el capitalismo y adecuarlo al nuevo lugar de Colombia en el mundo imperialista, donde nos corresponde el agronegocio, el turismo y la exportación de materias primas.

Nosotros, desde el PST, no avalamos los acuerdos de la Habana y el Teatro Colón, justamente porque consistían en una rendición de las FARC, incluso entregando el armamento al enemigo, y renunciando a la legitimidad de la lucha contra el régimen, advertimos de los riesgos que esto tenía para los excombatientes, tristemente confirmados por la historia reciente; y advertimos que estos acuerdos que se presentaban como una apertura democrática y avances en derechos, en realidad iban en el sentido de la modernización y adecuación del Estado y el territorio, para los negocios imperialistas, así como la pacificación del campo para permitir la entrada del agronegocio y la industria del turismo, lo que se ratifica en el discurso de Petro el 20 de julio. Hoy se pretende profundizar estos acuerdos, intentando usar sus grietas para arrancar algunas concesiones para las masas.

Para que haya ricos tiene que haber pobres

Aunque Petro piense que se puede tener un modelo donde “todos seamos ricos”, esto no algo posible en el capitalismo; pero sí existe un sistema socioeconómico donde todos podemos ser prósperos de manera colectiva y tener una buena calidad de vida; ese modelo se llama socialismo, y es opuesto al capitalismo. En el capitalismo la única manera de que se pueda repartir algo de la riqueza producida es quitárselo a los ricos que lo han acaparado; la única forma de que aumenten los salarios es que disminuya la ganancia patronal, cosas a las que los ricos no están dispuestos. Los ricos lo son justamente porque se han apropiado por generaciones del fruto del trabajo ajeno, de las tierras ajenas, etc.

Petro propone pre acordar las reformas que llevaría en el paquete del Fast Track, para ajustarlas a los intereses de los grupos económicos representados en el Congreso, y para darle tranquilidad a los ricos promete –así como ya prometió no meterse con la santa propiedad privada– no salirse “ni una coma” del acuerdo de paz, lo que implica que no hay ninguna posibilidad de ir más allá de los límites del régimen y el sistema capitalista.

Reformas exprés o cambios profundos

El Fast Track tiene 14 puntos que intentan buscar reformas vinculadas a los acuerdos de paz, intentando dar respuesta a algunas necesidades del país. Veamos algunas de estas propuestas.

El Sistema General de Participaciones (SGP), fruto de una de las peores contrarreformas neoliberales a finales de los noventa, cambió la manera de financiar las regiones y servicios básicos por un sistema que ha implicado la pérdida de billones de pesos para las regiones. Es necesario no solo reformar, sino acabar con el SGP e ir a un sistema de financiación que democratice la distribución ajustándola a las necesidades, y eliminando los “castigos” y la desigualdad histórica de las regiones más vulnerables, pero esto deberá ir de la mano de la estatización de salud y educación, planes de obras públicas e infraestructura y de la recuperación de las empresas estatales para cortar el desangre privado del presupuesto público.  La reforma a la salud que se anuncia se volverá a presentar más concertada y negociada, intentará nuevamente salvar el negocio de los privados, así como la pensional salva a las AFP.

Reforma agraria democrática al servicio de la alimentación para la población

Frente a la reforma agraria y la inclusión territorial, que a su vez está atravesada por el tema de la violencia y los cultivos ilegalizados, concordamos con su necesidad. Pero a diferencia de comprarle la tierra a los usurpadores, estamos por una reforma agraria radical, que expropie sin indemnización a los expropiadores del campesinado y los pueblos originarios, que defina un máximo de hectáreas que se pueden concentrar, acabando con el latifundio. Igualmente, estamos por la democratización de las grandes extensiones de tierra, y por la producción al servicio de las necesidades alimentarias de la población, del combate a la crisis ambiental, y no de la renta terrateniente y el agronegocio imperialista. Parte de la producción debe estar destinada a asegurar los alimentos para la población con cooperativas y empresas agrícolas del Estado. Por lo tanto, adecuar la tierra para el monocultivo (por ejemplo, de palma), no responde a las verdaderas necesidades del país y del medio ambiente. El agronegocio es una de las actuales causas de destrucción de selvas y de calentamiento global.

Legalización de las drogas y no a la intervención imperialista

En materia de política de drogas, concordamos con Petro en que la legalización y regularización son la única salida para la violencia, lamentablemente mientras la política colombiana esté subordinada a la política antidrogas de los Estados Unidos, pocas medidas serán efectivas. ¿Romperá Petro con la política de la DEA?

También es fácil concordar con el propósito de conservación de las selvas, pero distamos mucho de la idea de Petro de entregar su custodia a soldados extranjeros, nos parece que eso equivale directamente a poner el ratón a cuidar el queso, un atentado contra la soberanía y un riesgo para las comunidades. Por el contrario, proponemos que se creen redes de guardabosques estatales, basados en las organizaciones de las comunidades campesinas y los pueblos originarios. Las bases militares yanquis deben ser expulsadas, y el proyecto de base en Gorgona debe suspenderse.

Paz, pero sin impunidad

Estamos por la salida de negociada del conflicto armado y sus remanentes, así como de la verdad. Pero no creemos que la verdad y la paz se puedan apoyar en pactos de mutua impunidad, o que a cambio de la verdad, genocidas como Mancuso puedan pasearse libres por el país como si fueran héroes. Es necesaria la verdad, pero también la justicia y la reparación. La reparación a las víctimas no solo es una compensación económica, sino la restitución de los territorios, y de los derechos despojados en materia laboral, y democrática. Estos personajes deben ser juzgados por tribunales, obreros y populares, con participación de las víctimas, y no sencillamente liberarlos a cambio de unas cuantas verdades incómodas que además ya conocíamos, como la relación de Uribe y el paramilitarismo. Tampoco servirá tener una ley que en el papel garantice el derecho a la protesta mientras que no se desmonte realmente el ESMAD que es una de las exigencias mínimas del paro nacional; así como el castigo para los militares y policías represores y asesinos. Uribe debe ser juzgado y preso, pero no sólo por soborno sino por sus verdaderos crímenes.

Participación social con poder vinculante y crítica

Se anuncia también que se volverá a presentar la reforma política, sin embargo, preocupa el anterior Proyecto de Ley, donde lejos de superarse las brechas y las trabas para la participación política de las minorías, estas se agrandan. Umbrales, altas pólizas, exigencias imposibles de cumplir, deben salir para garantizar una verdadera democracia. Una reforma para que todos podamos elegir y ser elegidos, donde se restituyan las personerías jurídicas arrancadas por la legislación antidemocrática, se permitan los espacios en medios iguales para todos, etc.

En cuanto a la participación social y el combate a la corrupción, será difícil mientras las instituciones del régimen, que a su vez están en manos de miles de funcionarios sea venidos de gobiernos anteriores, sean cuotas políticas de partidos tradicionales, o funcionarios encargados de ser correa de transmisión del gobierno donde la participación se reduce a aprobar y aplaudir.  Nos unimos a las voces del twittero @gener_usuga que dice “le propongo Señor Presidente  @petrogustavo que para la segunda mitad, saque todo lo que huela a oposición de su gobierno, que le dé la oportunidad en la segunda etapa a quienes se molieron día y noche para que pudiéramos lograr el sueño verlo como presidente y que también creen en el cambio, personas, hombres y mujeres que darían su vida por este país si les tocará, personas que no cogerían jamás un peso que no sea de ellos, es el momento sí, de radicalizar un poco la escogencia de funcionarios, el amiguismo no ha funcionado.”  Esto es lo que piensa un petrista sobre el gobierno. Y es que la participación tiene que poder ser vinculante y crítica, no una participación formal, convertida en comités de aplausos legitimadores de los planes del gobierno. Debe ser posible la crítica y la construcción desde el conocimiento y las necesidades de las comunidades, ramas de la industria, y no simplemente reuniones de campaña.

Dentro del Fast Track hasta ahora no se incluyen cosas tan importantes como el tema salarial, se habla de un gran aumento del salario mínimo cuando en realidad sólo cubre la mitad de la canasta básica y poco a poco lo va consumiendo la inflación. Un salario mínimo que cubra mínimo el costo de vida y que sea ajustable a la inflación debería estar dentro de las prioridades del gobierno. Así como una política de pleno empleo y regularización del mismo; el pleno empleo se logra repartiendo las horas de trabajo necesarias entre la población en edad de trabajar y eso significa reducir la jornada laboral sin rebaja salarial.

La deuda no pagar…

Para poder financiar estas medidas, hay que empezar por dejar de pagar la deuda externa, que no sólo es ilegítima sino que se ha pagado varias veces, dado que los intereses no hacen más que subir, comiéndose hasta la mitad del presupuesto. Esta medida la han tomado en el pasado mandatarios que ni siquiera eran de izquierda, menos socialistas. Por el contrario, Petro se precia de pagarla cumplidamente, y se viene un ajuste fiscal que afectará especialmente a los empleados del Estado, para lograr cumplir los pagos. Romper los TLC que solo favorecen a los imperialistas, también es una necesidad. Cierto es que la mayor responsabilidad del endeudamiento es de los anteriores gobiernos, en especial de Duque, pero igual de cierto es que Petro es quien gobierna y paga ahora.

El miedo a la Constituyente es el miedo a que gobiernen y legislen los trabajadores y el pueblo

Estas medidas difícilmente se lograrán acordando con los partidos tradicionales y el uribismo, y con un Congreso corrupto donde los votos dependen de la mermelada y las prebendas. Para lograr estas reivindicaciones, tal como el mismo Petro en realidad lo sabe, se va a necesitar como mínimo una Asamblea Nacional Constituyente, que sea libre, democrática y soberana, sin temas vetados. Posiblemente, si se realizara una Constituyente de esas características, que realmente represente al pueblo trabajador, los delegados obreros y populares y la inmensa mayoría de la sociedad terminarían concluyendo que el problema no es solo de reformar leyes, o de “modelo” económico, sino que el sistema en que estamos, el capitalismo en crisis y decadencia, profundiza todas las desigualdades de manera inevitable. También los delegados a una constituyente democrática, podrían descubrir que los trabajadores, los explotados, los pueblos originarios pueden tanto legislar como gobernar, y no necesitan de los ricos y capitalistas. Por eso los explotadores se oponen. Otros como Vargas Lleras lo asumen bravuconamente, esperando lograr una Constituyente, pero de bolsillo, donde los ricos y sus partidos tengan la mayoría y puedan volver a imponer sus intereses.

Nosotros exigimos, al igual que muchas voces en el país que Petro deje de gobernar con los expropiadores, que saque del gobierno los ministros y funcionarios burgueses que no sólo son enemigos de las reformas, sino corruptos; que apele al poder del pueblo y convoque a la Constituyente, no porque creamos en la reforma del aparato del Estado burgués, sino porque esta gran asamblea democrática demostraría que no hay reforma posible, que se necesita expropiar a los expropiadores, cambiar no solo el modelo sino el sistema y que eso solo se podrá en un verdadero gobierno obrero, campesino y popular, apoyado en las asambleas populares y las organizaciones de los trabajadores.

Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores

29 de julio de 2024