Nuevo modelo de salud para el magisterio

Por: Unidad Docente PST

En 1989, en medio de muchas dificultades para el acceso a la seguridad social, principalmente de maestros de las regiones apartadas, con fuertes denuncias por corrupción en la Caja Nacional de Previsión y en las cajas de previsión regionales, y posterior a luchas gremiales por la salud, surgió la Ley 91 de 1989, a través de la cual se creó una cuenta especial de la nación, para atender salud, pensiones y cesantías de todos los maestros/as del país.

Como en su momento había mucha incertidumbre por el pago de pensiones y cesantías, el Fondo creado, garantizaba de mejor manera dichos pagos. Ante las dificultades, la desfinanciación y la desviación de dineros de las cajas de previsión, Fecode propuso un modelo de contratación para la prestación de atención médica, que está contemplado en la Ley 91, bajo un criterio que aún se defiende: “Régimen especial del magisterio”

Criticamos la Ley 91

Sin embargo, desde el PST, criticamos la Ley 91 por ser precursora de la privatización de la salud del magisterio, la entrega de las clínicas de las cajas de previsión a manos de privados, anticipando al modelo que introdujo la Ley 100 de 1994, que le dio la estocada mortal a la red de salud pública. Dicho sea de paso, se eliminó la retroactividad de las cesantías por cuenta de la Ley 91 de 1989. La lucha que la dirección sindical emprendió entonces no fue por la defensa de la salud pública estatal, ni de las prestaciones sociales bajo manejo estatal, sino porque se exceptuara al magisterio de la aplicación de la Ley 100, tal como quedó en el artículo 279 de la misma.

La defensa del régimen especial que hemos acompañado ha sido táctica frente a ataques de los gobiernos neoliberales, pero estratégicamente estamos por la estatización de los servicios de la salud. Esto implica luchar contra la Ley 100. Hoy la política de defender el régimen especial per se, es de carácter reaccionaria y separa al magisterio de la lucha del resto de trabajadores por la estatización de la salud, las cesantías y las pensiones.

En las semanas anteriores, luego del anuncio del presidente Petro de suspender el proceso de convocatoria para el nuevo contrato, debido a hallazgos asociados con corrupción en la Fiduprevisora y el Fomag, así como la propuesta de un nuevo modelo de salud para el magisterio, se generó un fuerte debate en el Comité Ejecutivo de Fecode. Diez ejecutivos de la mayoría lideraron la oposición a tales medidas, con el argumento de que se atentaba contra la Ley 91 y el Fomag.

Desde Unidad Docente PST, caracterizamos que detrás de dicha oposición no había una defensa real de la salud del magisterio, ni una lucha contra la intermediación, sino que veladamente se estaban defendiendo compromisos y negocios adquiridos con los mercaderes de la salud. Coincidimos entonces con los cinco ejecutivos que proponían avanzar en la eliminación de la intermediación, aunque aceptaban la propuesta del gobierno Petro sin criticar las debilidades que tiene, como la inexistencia casi rotunda de una red pública capaz de atender la salud de trecientos mil maestros de manera oportuna y pertinente.

Prestación de los servicios directamente por el Estado

La reforma que propone el gobierno tiene aspectos positivos como la prevención, la integralidad, la seguridad en el trabajo, un enfoque de género, de atención primaria, la creación de una red nacional con base local, el avance en la definición de enfermedades laborales, así como la supresión de pagos a través de diferentes contratos regionales con distintas empresas (Uniones temporales), pero mantiene la contratación con privados, a través del pago a IPS privadas o mixtas, dada la deficiencia de la también propuesta red pública.

Estamos de acuerdo en avanzar en la eliminación de la intermediación, pero necesitamos avanzar hacia la prestación de los servicios directamente por el Estado, por tanto, el primer paso que debió dar el gobierno era el de recuperar la red de salud pública.

Contra la corrupción en el Fomag y de la Fiduprevisora

El otro asunto para resolver es el de la corrupción al interior del Fomag y de la Fiduprevisora, asunto que el nuevo modelo no resuelve. Es importante que el ministerio de salud tenga presencia protagónica en el Fomag, a la par con una política de inversión en infraestructura y contratación de profesionales de la salud, con las mejores garantías. Igualmente, la participación de la ADRES, como administradora de recursos en alguna medida neutralizaría el libre actuar que hoy tiene la Fiduprevisora, pero a corto plazo habría que suprimir el rol que hoy tiene.

Por su parte, Fecode debe romper el cordón umbilical con las oficinas de abogados que ofrecen tramitar pensiones y cesantías, y obligar a las instituciones responsables a cumplir los términos, por vía de la movilización. Esto implica que dejen de ser “beneficiarios” de dichas oficinas.

En la más reciente junta nacional de Fecode se logró acuerdo para desarrollar el nuevo modelo de salud y luego se acordó con el gobierno nacional mantener intacta la Ley 91, el Fomag y su consejo directivo, incluyendo asistencia técnica y auditoría del Ministerio de Salud y el Adres, así como otorgarle a la Fiduprevisora la gerencia del sistema.

A partir del 1 de mayo entrará en vigor este modelo. La dirección sindical tendrá que estar atenta a que se garantice la atención sin interrupción de los tratamientos, exámenes y procedimientos para los maestros y sus familias. También tendremos que incluir en los objetivos de lucha, la recuperación de la red pública.

publicado en ES 753 edición abril-mayo