Las Negociaciones de Paz y los Trabajadores

Las declaraciones de los negociadores del gobierno y las Farc en la Habana indican que, de no ocurrir algo por fuera del libreto, se encuentran a muy poco de firmar un acuerdo definitivo para terminar un enfrentamiento militar que les ha costado a los trabajadores y los pobres del país, cincuenta años de padecimientos y centenares de miles de muertos.

Autor: G.M.

 La guerra de guerrillas surgida como respuesta a la violencia terrateniente y burguesa contra el campesinado pobre a mediados del Siglo veinte se generalizó en la década del sesenta y -lentamente – degeneró en una guerra de aparatos que dejó, en el medio, a millones de colombianos pobres a cargo de las peores consecuencias.

Pobreza, atraso y miles de muertos y desaparecidos es el precio pagado por los campesinos y los trabajadores que quedaron en medio de un enfrentamiento que no les pertenecía pero que los desgastó hasta el cansancio y que, en consecuencia, fortaleció el poder de los terratenientes y la burguesía nacional y extranjera.

Esa guerra agotó la capacidad de resistencia de los pobres, y la ola de rechazo a la violencia se extendió por toda la geografía nacional presionando su terminación. Una legítima aspiración a vivir sin temor a ser asesinado o desplazado se apoderó de los millones de colombianos que no tienen nada que ganar con esa guerra, y ejerció la presión que obligó al régimen y a la dirección de la guerrilla a buscar la forma de ponerle punto final.

Con esa legítima aspiración es imposible no coincidir. Los trabajadores y los revolucionarios estamos de acuerdo en terminar con esta guerra que, entre otras cosas, solo introduce desorganización y desmoralización en nuestras filas.

¿Paz o fin de la guerra de aparatos?

Sin embargo, muchas preguntas rondan la cabeza de los trabajadores: ¿la firma del acuerdo entre las Farc y el gobierno de J.M. Santos traerá realmente paz a la vida de los pobres?, ¿es correcto el camino escogido por la dirección guerrillera para renunciar a medio siglo de enfrentamiento militar con el régimen?, ¿es una política revolucionaria firmar un acuerdo con los enemigos de clase para poner fin a un conflicto armado?

Desde el terreno de la clase obrera y de quienes estamos por hacer una revolución socialista para terminar con la explotación capitalista tenemos que responder negativamente a las dos primeras preguntas y anteponer un “depende” a la tercera.

La firma del  acuerdo entre las Farc y el gobierno no traerá paz ni mejoramiento en las condiciones de vida de los trabajadores y los campesinos. No llevará la paz al campo ni entregará la tierra a sus legítimos dueños: los campesinos pobres, los indígenas y las comunidades negras. Ni el gobierno de Santos ni los que lo sucedan van a erradicar las bandas de asesinos paramilitares. Decenas de dirigentes y activistas campesinos e indígenas han sido asesinados por los sicarios de los terratenientes –camuflados bajo el título de “bacrims”- en lo que va de negociación en La Habana. Todo intento por hacer efectiva la ley de restitución de tierras a los campesinos desplazados ha sido respondida con represión y maniobras jurídicas para garantizarle la posesión a los terratenientes. Las marchas campesinas y la Minga indígena ya tienen varios muertos en su haber por cuenta del ESMAD, que les ha disparado y gaseado indiscriminadamente. Ese ha sido el comportamiento ordinario de la burguesía y los terratenientes durante sesenta años y no lo van a cambiar porque Timochenko estampe su firma sobre un papel, que como todos los papeles legales en este país es solo eso, papel, empezando por la Constitución Nacional del 91, a la que tanto culto le rinden los reformistas y los estalinistas.

Ningún compromiso firmado en La Habana traerá como consecuencia una reducción de la miseria o del atraso, ni significará un real mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y los pobres. La reiteración del gobierno de que el capitalismo y la propiedad privada no son objeto de negociación es un mentís permanente a las ilusiones que siembran los reformistas y los pacifistas entre los trabajadores. El aumento miserable del salario mínimo –y en general de todos los salarios-, la crisis de la salud y la educación y la saña con la que se persigue a los trabajadores que intentan sindicalizarse para defender los derechos más elementales son la prueba de que de La Habana no llegará la “paz con justicia social”.

Ni siquiera los dirigentes guerrilleros podrán hacer política abiertamente después de deponer las armas. El más probable destino que espera a los exjefes de las Farc es el de ser asesinado por una burguesía vengativa y violenta, tal como ocurrió con Guadalupe Salcedo o con Carlos Pizarro en los ochenta. A no ser que se conviertan en agentes abyectos del régimen, como han hecho Antonio Navarro o Rosemberg Pabón.

Si las Farc, después de cincuenta años se convencieron de la esterilidad de la lucha armada de aparatos disociada de las masas trabajadoras, debieron -en vez de “negociar” con el régimen traicionando su programa y su tradición- decretar un cese unilateral del fuego y, apoyándose en la fuerza colectiva del campesinado y los trabajadores, exigir garantías para la acción legal en los marcos de la democracia burguesa, sin renunciar a las banderas de la lucha por la tierra ni al derecho a conservar las armas como una medida defensiva a utilizar solo en los casos en que la violencia oficial o paramilitar los amenazara.  Su política conciliadora de solución negociada del conflicto los ha metido en una trampa de la que ya no pueden salir a buscar el apoyo obrero y popular para su proyecto, que ha quedado completamente desdibujado por la imagen del fracaso y la autotraición.

Y no es que sea absolutamente ilegítimo para los revolucionarios “negociar” con los enemigos de clase un cese de hostilidades militares. Las Farc, como lo reconocen los propios analistas burgueses, no son una guerrilla derrotada ni acorralada por el ejército burgués. Lo equivocado de su actual estrategia política radica en que -además de ser una renuncia y una traición a su propio programa- tratan de presentarla ante los trabajadores como si fuera una conquista política y no como lo que realmente es: una adaptación a la democracia burguesa.

Si las Farc fueran una organización realmente revolucionaria deberían reconocer honestamente ante los trabajadores colombianos la verdadera causa de su decisión, si es que aspiran a conseguir su aceptación y apoyo cuando se enfrenten a la lucha política legal.  Esa causa no es otra que el fracaso del guerrillerismo como estrategia política que, alejada de la acción de las masas, solo agrega motivos para que la burguesía y su régimen justifiquen la represión indiscriminada y la antidemocracia.

La prolongada existencia de los aparatos armados ha hecho que entender que los procesos sociales, en especial los revolucionarios, solo pueden ser producto de la acción colectiva de las masas y sus partidos de clase ha sido doloroso para los trabajadores colombianos.  La desmovilización de la guerrilla vuelve a plantear la posibilidad de que la lucha de clases retome el rumbo de la movilización masiva y nos ratifica en la confianza de que la clase obrera se colocará a la vanguardia.