Las reformas educativas en Francia, la situación de Colombia y el mercado mundial de la educación

La mercantilización de la educación es un fenómeno de escala mundial que se agrava con el tiempo. Aunque sigan declarándola como un derecho fundamental e inalienable en las constituciones de distintos países, la realidad es que en todas partes está cada vez más influenciada por las dinámicas económicas del capitalismo neoliberal. Así pues, en muchos lugares del mundo, acceder hoy en día a una educación de calidad es prácticamente imposible para quienes no tienen los medios de entrar a ese mercado y acomodarse a sus reglas, a todas luces desfavorables para las clases económicamente menos aventajadas. Si ahora es así, imaginemos por un momento qué podrá ser de la educación en un futuro no tan lejano…

Autor: Jacobo

El sistema económico que impera actualmente en la mayoría de países del mundo tiene como premisa no solo que el mercado es el mejor medio para repartir los recursos entre la población sino que, además, todo es susceptible de convertirse en mercancía. Y, por supuesto, la educación no es una excepción a la regla. De hecho, así sucede en Estados Unidos, cuna del neoliberalismo en su versión más extrema, donde la educación superior es un servicio prestado por agentes privados en el marco de un mercado autorregulado en que el Estado tiene poca o ninguna participación. Tanto en Colombia como en una buena parte de Latinoamérica, a fuerza del intervencionismo norteamericano y los intereses políticos de las clases dirigentes, se ha impuesto ese mismo modelo económico e intentan implementarse similares pautas para la educación desde hace años, cosa que sin duda ha traído resultados nefastos en términos de acceso igualitario a este derecho.

Ahora bien, hay que decir que en Europa la situación del sistema educativo es algo diferente. A pesar de las fuertes políticas económicas de austeridad de corte neoliberal que se han puesto en marcha desde la creación de la Comunidad Europea, siguen existiendo Estados que velan por garantizar el acceso a la educación a la mayor parte de la población y la posicionan en un lugar de primer orden. Sin embargo, esto comienza a cambiar paulatinamente. En ese sentido, un caso que reviste particular interés es el de Francia, país que por tradición se ha constituido en un modelo de “Estado de Bienestar” y cuya educación y movimiento estudiantil son reconocidos a nivel mundial, pues actualmente se ha iniciado un gran movimiento de huelga en las principales ciudades francesas por causa de las importantes reformas al sistema educativo que está tramitando el nuevo gobierno. Con el objetivo de hacer un cuadro general de lo que está sucediendo y explicar algunas de las razones de la huelga nacional, hablaré de lo que he podido ver y conocer en la ciudad de Toulouse, particularmente en la Universidad Jean Jaurès de Letras, Artes y Humanidades, donde actualmente me encuentro realizando un intercambio académico a través de la Universidad Nacional de Colombia.

La primera reforma propuesta por el gobierno de Macron en su plan estudiantil se conoce como la “Seléction”. Como su nombre lo indica, consiste en implementar un programa de selección minuciosa de los estudiantes que entran a la universidad. Cada facultad deberá comenzar a fijar una capacidad de restringida de cupos así como estrictos criterios de clasificación que servirán para seleccionar a los postulantes uno por uno y no a través de un sorteo como funciona en la actualidad. Es por esto que, al mismo tiempo, se propone reformar el Baccalauréat (o Bac), diploma de bachiller francés  que prepara a los estudiantes para ingresar a la educación superior. Este proyecto se presenta como un reajuste necesario para lograr una mayor calidad en la educación pero esconde la voluntad de emprender una selección social generalizada desde el colegio por lo que constituye una de las causas de la huelga.

Actualmente, el Bac es un diploma nacional y anónimo diseñado para garantizar un acceso igualitario a las universidades, es decir, su valor no depende del lugar donde se haya obtenido o de la persona que lo haya hecho. La reforma apunta a terminar con este sistema para crear Bacs territoriales que diferencien entre zonas centrales y periféricas,  acabando así con el estatus nacional del diploma. De manera que su valor comenzará a medirse en función del establecimiento que lo haya emitido (pues habrá tantos diplomas como establecimientos), lo que no hará sino agravar las inequidades sociales y financieras entre los estudiantes en la medida que dejará de garantizar el acceso a la educación superior pública. Además, en consonancia con los criterios que tienen que aplicar las universidades para limitar el número de cupos disponibles, será indispensable una revisión del historial académico de cada estudiante con el fin de verificar la “coherencia” de su proyecto profesional, lo que reduce cada vez más sus posibilidades de elección y su derecho a equivocarse y reorientarse. Ahora bien, surge la siguiente pregunta: ¿cómo será posible examinar los millares de historiales de los postulantes para determinar aquellos que son compatibles con los criterios si actualmente las supresiones y cortes presupuestales a nivel administrativo han impuesto al personal bajas de salarios y ritmos de trabajo exagerados? El nuevo proyecto educativo acarrea inevitablemente un aumento de las matrículas y los gastos de inscripción en las universidades para llenar vacíos que el gobierno no quiere llenar. Por todo lo anterior, constituye una agresión directa contra los jóvenes de la clase obrera y los habitantes de los barrios populares. Queda en el aire una duda sobre la posible arbitrariedad de los criterios utilizados para la selección y el riesgo de decisiones discriminatorias tomadas en función del género, el nombre, el establecimiento o la ciudad de origen.

La segunda reforma que tramita el gobierno francés se conoce como la “Fusion” y tiene que ver con el reagrupamiento de las diferentes universidades (o facultades) de cada región en una sola universidad, a la que se le exige ser competitiva en un dominio benéfico para la economía del país. Actualmente, cada región cuenta con por lo menos tres universidades independientes especializadas en cierta área del conocimiento. En Toulouse, por ejemplo, existen cuatro universidades: Universidad Jean Jaurès, especializada en artes y humanidades; Universidad Capitole, especializada en derecho, economía y relaciones internacionales; Universidad Paul Sabatier, especializada en ciencias naturales y medicina; y el INSA, instituto especializado en ingeniería que reúne varias escuelas de la ciudad. De entrar en vigencia la reforma, las universidades estarían obligadas a perder su autonomía y entrarían a formar parte de una sola gran universidad federal que desde 2013 existe en el papel pero que  gracias a la resistencia de estudiantes y administrativos se ha quedado en el estatus de asociación o comunidad universitaria.

Adicionalmente, la reforma propone que el presupuesto federal para la educación sea atribuido por un consejo de administración constituido en un 44% por representantes de empresas, quienes tomarán decisiones favoreciendo sus intereses particulares y las carreras que a su modo de ver consideren más útiles y rentables.  Lo anterior en detrimento de los dominios artísticos y de las ciencias sociales, pues la reforma desembocaría en una reducción drástica del presupuesto para investigación y becas en estas áreas y, por qué no, en su eventual supresión definitiva, como ya ocurrió en Japón en 2015.

En efecto, el programa de fusión de las universidades está enmarcado dentro de un proyecto nacional para la educación conocido como IDEX o iniciativa de excelencia que según el gobierno busca aumentar la calidad y la eficiencia del sistema educativo. Pero este discurso de la excelencia, conocido para este momento en todas partes del mundo, promueve en realidad políticas de exclusión que transforman por completo el modo de aproximarse la educación. Así, el reiterado término de “universidad de excelencia” o “universidad de talla mundial” no designa otra cosa sino una universidad que funciona como una empresa y vende sus servicios al mejor postor en el mercado mundial de la educación.  Este sistema educativo de la excelencia se opone a un sistema de universidad libre, pública y accesible a todos, de carreras no monetizables y no mercantilizables. Es una manera de concebir la educación basada en el sistema americano de compra y venta del saber, de selección, de elitismo. Bajo la consigna de la economía del conocimiento, transforma la manera de aprender y de difundir lo aprendido; todo lo observa bajo el lente de la competitividad, la eficiencia y el lucro. Así, la educación de calidad se vuelve un bien de consumo, un servicio caro e inaccesible para las clases populares. Un servicio que, además, profundiza las distancias sociales y obliga a quienes no tienen los medios de acceder a ese mercado a endeudarse y convertirse en esclavos del sistema financiero. En Francia, a pesar de una tradición apreciada mundialmente de educación gratuita y accesible, la fuerte voluntad política de aprobar estas reformas demuestra que está comenzando a suceder una transformación. De ahí también el movimiento de huelga que tiene lugar actualmente.

En Colombia, desafortunadamente, la mercantilización de la educación es un hecho ya palpable. Desde la aprobación de la ley 30 de 1992, en los años en que se dio el paso definitivo hacia el modelo económico neoliberal en el país, los fundamentos de la educación superior se aproximan cada vez más a los del sistema americano. En la actualidad, el plan de desarrollo del gobierno Santos con su proyecto piloto “Ser Pilo Paga” copia el sistema de vocuhers instaurado en Estados Unidos en los años 80 para el financiamiento de la educación, sistema ya implementado en otros países de Latinoamérica con terribles resultados para la educación pública.

En términos generales, “Ser Pilo Paga” otorga becas a los mejores bachilleres del país con la convicción de que ellos elegirán las mejores universidades, empujando así a los establecimientos a competir bajo la mencionada lógica de la excelencia: “he de ser la mejor universidad, una universidad de talla mundial, para que muchos estén dispuestos a elegirme o pagar la matrícula y de ese modo conseguir recursos para funcionar y seguir mejorando”. De modo que el proyecto  termina siendo tan solo un incentivo a la competencia y a la eficiencia del mercado.  La enorme confianza depositada en este proyecto demuestra una voluntad absoluta de parte del gobierno de quitar al Estado la responsabilidad de financiar una educación pública de calidad y garantizar un acceso igualitario a la misma. Más bien, prefiere financiar indirectamente a los establecimientos privados en detrimento de los públicos para aumentar así la eficiencia del servicio de educación y dejar que el mercado ande por sí solo, decisión que afecta directamente a las clases populares pues transforma el derecho a la educación en una ilusión y la vuelve un bien solo accesible a quien puede pagarla o está dispuesto a endeudarse por el resto de su vida.

Ciertamente, la educación pública en Colombia sufre una crisis preocupante. Por mencionar solo un caso representativo, según algunos pronósticos la Universidad Nacional tendrá que declararse en bancarrota de aquí a veinte años a causa del déficit presupuestal y el desfinanciamiento. En este punto es necesario aclarar que hoy por hoy la Universidad está endeudada por miles de millones de pesos y, además, consigue prácticamente la mitad de sus recursos a través del cobro de matrículas y la prestación de asesorías y otros servicios, pues el gobierno no le otorga aumentos presupuestales desde hace años, obligándola a hacer cada vez más con menos.  Adicionalmente, debido al fuerte aumento de las matrículas en la Universidad y la dinámica actual del sistema educativo en el país, su composición social ha comenzado a cambiar.

La Nacional ha dejado progresivamente de formar a los hijos de las clases obreras y populares y ha comenzado a formar a las clases medias y altas. Hoy en día, los estudiantes graduados de colegios privados acaparan cada vez los cupos de la universidad pública principalmente por dos razones: por un lado, el abismo existente entre la educación básica pública y privada hace que los bachilleres de colegios privados tengan en general más posibilidades de aprobar el examen de admisión u obtener un mayor puntaje, lo que revela una enorme inequidad en términos de posibilidades de acceso a la educación superior; por otro, hay muchos estudiantes graduados de colegios privados que están en condiciones de costear la matrícula y los gastos de la vida universitaria en una universidad pública pero no están dispuestos a aceptar las adversas condiciones que ofrecen los créditos del ICETEX  para estudiar en una privada.

Este cambio acarrea múltiples consecuencias. En primer lugar, la impresión de una indiferencia generalizada de parte de toda la comunidad estudiantil, donde parece que cada uno vela por su propio interés y se preocupa tan solo por obtener un título a la mayor brevedad para continuar sin interrupciones el recorrido que imponen el sistema educativo y el mercado de trabajo. Por esto, hoy en día, la mayoría de estudiantes se mantiene siempre al margen de reaccionar de cualquier modo ante la crisis de la educación pública y las amputaciones sistemáticas de que es objeto, sea porque, debido a su condición, o no les interesa o no lo ven como una necesidad de primer orden.

Lo anterior ha contribuido a su vez a un extremo debilitamiento del movimiento estudiantil. Del lado de la Universidad Nacional, este se ha convertido en una serie de grupos politizados, interesados en representar a sus partidos, que poseen una capacidad casi nula de movilización en las jornadas de marcha por el derecho a la educación o en contra de los proyectos del gobierno y que, además, han perdido toda credibilidad. El hecho de que en la actual coyuntura de elección de nuevo rector de la Universidad Nacional, en que ningún candidato representa algo diferente a los intereses del gobierno, no haya estallado un descontento masivo y contestatario en todos los ámbitos de la comunidad, confirma el daño que ha provocado la indiferencia para la defensa de una educación pública y de calidad accesible para todos. ¿Cuál será el futuro de la Universidad Nacional, de las demás universidades públicas y del sistema educativo en Colombia? De seguir como vamos, resultarán desapareciendo, replicando el modelo americano, absorbidos enteramente por el mercado mundial de la educación.

Es interesante comparar los casos de Colombia y de Francia a la luz de las reformas que se han implementado o se esperan implementar en sus respectivos sistemas educativos. Ambos países comparten, aunque en diferente medida, una creciente tendencia hacia la privatización de las universidades, el aumento de las matrículas y el elitismo educativo. Ambos gobiernos presentan a la universidad pública en crisis y enarbolan el argumento de que no es sostenible con tan alto número de estudiantes, escondiendo que se debe más a la voluntad política de no tenerla entre sus prioridades para estar en consonancia con los dictámenes de un modelo económico específico. Ahora bien, mientras que en Colombia un semestre en la Universidad de los Andes puede costar 16 millones de pesos y uno en la Universidad Nacional de 1 millón y medio hasta 4 millones, en la Universidad Paris-Dauphine de Francia ha llegado a costar 800 euros (2 millones y medio de pesos) para el hijo de una familia que gana el salario mínimo, cifra que parece tan alarmante y absurda a los estudiantes franceses que estos no dudan en reaccionar con huelgas y bloqueos.

Estas cifras y hechos demuestran, por una parte, que en Colombia el acceso a la educación dejó hace mucho tiempo de ser un derecho fundamental; que la manera en que funciona nuestro sistema educativo es reveladora de desigualdades e injusticias sociales mucho más radicales y avasalladoras que en Europa; que han comenzado a forzarnos a vivir endeudados de por vida para poder costear nuestros estudios. Por otra parte, que la movilización estudiantil puede tener un valor real de transformación de la realidad pero que estamos anulados por la indiferencia y el conformismo. Finalmente, y a pesar de las muy distintas realidades que viven las dos sociedades, lo que es cierto es que a los estudiantes universitarios de ambos países les espera un futuro de precariedad e inestabilidad laboral, de contratos de prestación de servicios a término definido, de jornadas de trabajo excesivamente largas, de una muy incierta pensión por vejez. No en vano, el pasado 22 de enero declaraba Philippe Martin, presidente del Consejo de Análisis Económicos de Francia, para la cadena de radio France Culture, que probablemente quienes mejor conocían las necesidades del sistema educativo en el país debían ser el Ministerio de Economía y los empleadores.