ELN y Gran Acuerdo Nacional: el derrumbe de la Paz Total

Dos meses después de la ruptura de los diálogos, se anuncia que las negociaciones se reanudarían entre el 19 y el 25 de noviembre, pero a pesar de este anuncio, este proceso sigue atravesando los mismos problemas.

Los procesos de paz con las guerrillas en Colombia han sido procesos de desmovilización con tres componentes para la reincorporación de los grupos insurgentes: amnistías jurídicas totales o parciales, espacios políticos a nivel parlamentario y proyectos productivos para garantizar la transición de los combatientes. Estas desmovilizaciones no obedecen a un ascenso de masas que reclama transformaciones, sino al aislamiento de los grupos insurgentes y a la derrota del método guerrillerista.

Los grupos armados han presentado estos armisticios como un proceso de negociación que apunta a la transformación del régimen político. Lo más cercano a esto fue la desmovilización del movimiento M-19, que terminó en la Constitución del 91, pero no fue resultado de este proceso sino de una crisis política interna generada por el advenimiento de los carteles de narcotráfico que comenzaban su disputa sangrienta por espacios políticos.

Este proceso, llamado Paz Total por Petro, tiene un telón de fondo que es la propuesta de Acuerdo Nacional con la que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, y enfrenta más dificultades que las anteriores negociaciones, por varios factores: el conjunto de la burguesía no está interesada en hacer acuerdos, los grupos insurgentes no tienen unidad de mando y no cuentan con las bases campesinas que los apoyaron en los años 80 y, además, hay una base económica de tráfico de sustancias ilícitas que atraviesa los intereses de los actores del conflicto armado.

La imposible Paz Total

Petro, desde noviembre de 2022, intenta abrir negociaciones con grupos guerrilleros y con bandas narcoparamilitares, ofreciendo a los primeros con acuerdos políticos y a las segundas una política de sometimiento a la justicia.

Petro, catapultado al Palacio de Nariño por el Estallido Social de 2021, hizo un cálculo político errado, pues pensó que con sus acuerdos con sectores burgueses cercanos al expresidente Santos y su política de diálogo con el sector más cerca a Uribe Vélez, podía desmovilizar los principales grupos armados del país, por ello incluyó en las mesas de negociación a representantes políticos de este sector, pero se ha enfrentado con la cruda realidad de la imposibilidad de este ‘Gran Acuerdo’.

El Gobierno, a pesar de que en su discurso ha incluido propuestas para hacer una Asamblea Constituyente, se ha chocado con que la burguesía no está dispuesta a ceder ni un ápice de sus ganancias y las tibias reformas que ha presentado en el Congreso para ‘humanizar’ el capitalismo han fracasado, lo que hace inviable mostrar la vía parlamentaria a las guerrillas que prefieren la seguridad de sus enclaves territoriales.

El nuevo diálogo con los elenos

El 7 de noviembre, el ELN publicó una Declaración de Principios en la que anuncia la reanudación de los diálogos con la implementación de un ‘Nuevo Modelo de Negociación’.

El énfasis de esta Declaración, que tiene como horizonte una ‘sociedad post capitalista’ (eufemismo utilizado para ‘capitalismo humano’), es el cumplimiento del primer punto de la agenda que se pactó en México sobre la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, en el que se conformó el Comité Nacional de Participación (CNP), instalado en agosto de 2023.

El CNP tiene su origen en los Acuerdos de La Habana que se proponen “Construir una agenda de transformaciones para la paz, impulsada a partir de una alianza social y política que lleve a un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto”, está conformado por 81 miembros de 30 sectores sociales, pero su papel hasta ahora ha sido de espectador de la crisis de los diálogos.

La Paz Total y el Gran Acuerdo

Durante el Estallido Social de 2021, cuya principal característica fue que la movilización de masas no pudo ser controlada y desmontada por la burocracia sindical ni por los partidos de izquierda y progresistas, se fue gestando la candidatura presidencial de Gustavo Petro, que hacía llamados a abandonar las calles y a esperar las elecciones para hacer las transformaciones desde el Congreso de la República y la Casa de Nariño.

Petro y los progresistas, sostienen que los cambios deben ser graduales y acordados con la burguesía, para lo cual se deben hacer alianzas (entre explotadores y explotados, opresores y oprimidos, victimarios y víctimas) que se deben concretar en reformas. De hecho, su modelo de acuerdo nacional es el proceso de paz que adelantó Santos con las FARC y que fue detenido por Duque.

Su política de Paz Total, consiste en abrir mesas de negociación con los grupos guerrilleros y paramilitares que siguen activos en el país, pero igual que sus reformas han fracasado en la instancia parlamentaria, sus negociaciones se han visto estancadas por la poca voluntad de la burguesía de avanzar en la desmovilización de la insurgencia.

Por ello, la reanudación de los diálogos no resuelve la encrucijada de una insurgencia cada vez más aislada, poco se sabe de este ‘Nuevo Modelo’ además de pedir el cumplimiento de lo acordado hasta ahora, no se sabe qué pasará con los diálogos con sectores disidentes que habían causado molestia en su dirección y mucho menos qué pasará con las acciones armadas de una guerrilla con una frágil unidad de mando, y unas Fuerzas Armadas en las que se mantiene una reservada disputa burguesa entre sectores santistas y uribistas.

Antonio Romero