Alza del diesel y el Paro camionero: elementos para un balance

Tras cinco días de paro y bloqueos en carreteras del país y calles de las principales ciudades, el gobierno retrocedió en su plan de incremento escalonado del precio del ACPM, aceptando un alza más gradual y las mesas para discutir varios temas del sector del transporte en Colombia. Si bien el gobierno no logra su intención inicial de un incremento inicial de $1.904 en la perspectiva de alcanzar un alza de $6.000, logra desmontar el paro en menos de una semana aceptando un incremento inicial de 800 pesos este año.

Pasada la coyuntura del paro, y cuando la “narrativa” del golpe blando toma otros rumbos, la disputa en el parlamento pone en jaque el presupuesto nacional y la paz total recae en otra crisis con el ELN y la violencia en el campo; abordar un balance desde un análisis de clase es necesario, sobretodo para un posicionamiento de independencia de clase de los trabajadores y los revolucionarios en medio de la polarización entre los defensores del gobierno y la oposición burguesa de derecha.

La cuestión de fondo: Cómo se determina el precio de los combustibles

En medio de la polarización sorprende la unidad en torno a una cuestión: la necesidad de llegar a la paridad del precio de los combustibles con el precio internacional y desmontar los “subsidios” del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Se naturalizó que en Colombia, siendo productores de petróleo y de combustibles, tenemos que pagarla a los precios internacionales como si fuéramos importadores; siendo que el precio de producción, incluso manteniendo ganancias favorables a Ecopetrol, está muy por debajo del precio internacional.

Petro demuestra su obediencia al FMI

Petro, junto a la gran mayoría del reformismo, que antes cuestionaban las alzas en los precios de los combustibles y el cobro a precios internacionales, ahora se han convertido en los principales defensores de esta medida reaccionaria de imponer ese pago como si no fuéramos productores sino importadores de combustibles. Esta contradicción entre el costo de producción y distribución con el precio internacional es claramente un criterio neoliberal que amarra los precios nacionales a los del fluctuante mercado mundial; que no se basa en costos reales, sino en la irracionalidad de la especulación del capital financiero a escala internacional. Esta medida es una clara orientación del Fondo Monetario Internacional que junto con la Regla Fiscal son orientaciones seguidas por el gobierno Petro y que reciben la aprobación y elogios del organismo imperialista¹.

En el marco de la política neoliberal de liberalización de precios, la desregulación de los precios de los combustibles y el pago del “costo de oportunidad” en los países productores son medidas impulsadas por el FMI para favorecer las políticas imperialistas de dominación en el terreno financiero. Aunque estas medidas se han intentado cubrir de argumentos ecológicos como la desincentivación del uso de combustibles fósiles (impuestos al carbono), su verdadera razón es favorecer la especulación del mercado financiero mundial, que termina determinando los precios de las mercancías en el mundo, no en base a sus costos de producción y distribución, sino a las necesidades capitalistas de aumentar su tasa de ganancia.

No hay ninguna ley natural e inexorable de la economía que sentencie la obligatoriedad de cobrar internamente el precio de los combustibles a los precios internacionales, como si fuéramos importadores y no productores. Es soberanía de una nación decidir usar esa ventaja (producir nuestros propios combustibles) para aliviar los costos internos del transporte e incluso poner en marcha transformaciones en los sistemas de transporte y de transición energética.

Una empresa pública como Ecopetrol debería funcionar con la lógica de extraer, transformar y producir hidrocarburos favoreciendo al conjunto de la población y no con la lógica privada de la ganancia, especialmente de los accionistas privados, sin importar los costos sociales que genera pagar altos costos de los combustibles. Trasladar el pago de las ganancias extraordinarias de Ecopetrol al usuario final, si bien significa liberar billones de pesos del presupuesto nacional, no elimina la anormalidad de ese cobro extraordinario. En la práctica significa un mayor cobro de impuestos a los usuarios para cubrir una mayor parte del presupuesto estatal y el subsidio indirecto a las ganancias de los inversionistas privados de Ecopetrol.

Petro, a pesar del discurso en que se queja del endeudamiento externo dejado por Duque, sigue al pie de la letra la regla fiscal, la política monetaria, la restricción de gasto público y el desmonte de “subsidios” a los combustibles, entre otras orientaciones del FMI. El gobierno del Cambio, podrá ser calumniado de todo por la obtusa oposición de derecha, menos de ser antiimperialista.

Una reivindicación justa, aunque el paro fuera policlasista

El alza de los combustibles es una medida claramente reaccionaria pues impacta directamente el costo de vida de las masas. Esta verdad ha tratado de ser torcida con diversidad de argumentos, como que el consumo de ACPM es fundamentalmente de grandes camioneros y de camionetas de alta gama, argumentos similares se lanzaron cuando empezó el alza del precio de la gasolina.

Según un estudio del Banco de la República² por cada $2.000 de aumento en el precio del ACPM, conlleva un aumento del 0.3 % en la inflación.

El alza gradual de la gasolina ha diferido el golpe, y el alza gradual del Diesel pactado para levantar el paro camionero también diferirá el golpe, más no lo eliminará. Sea de golpe o diferido, finalmente seremos las masas trabajadoras quienes terminaremos pagando el alza.

Mientras el alza de la gasolina se ha impuesto sin una respuesta de lucha, el alza al diesel encuentra a un sector organizado que no estaba dispuesto a aceptar este aumento.

El llamado paro camionero fue la respuesta de un sector importante del gremio del transporte a la imposición del alza y a la negativa del gobierno de implementar medidas alternativas al cobro interno del “costo de oportunidad” como la propuesta del “Precio Colombia”. Esta propuesta partía del criterio de un cobro del diesel bajo la realidad de ser país productor y no bajo el cobro del precio internacional, reconociendo el cobro de impuestos, costos logísticos y una ganancia para Ecopetrol, pero sin llegar al artificial precio internacional de referencia del Golfo de México.

Este paro fue articulado y ejecutado por varias organizaciones de camioneros y transportadores que reflejaban mayoritariamente los intereses de medianos y pequeños propietarios, además de trabajadores del transporte.

El gobierno rápidamente calificó al paro como un paro patronal, dentro de la lógica del golpe blando con el supuesto objetivo de desestabilizar al gobierno y contribuir a su derrocamiento. Este argumento fue ampliamente difundido y extendido por las direcciones de las centrales obreras, los partidos del Pacto Histórico y replicado en redes sociales por activistas y simpatizantes del gobierno.

Incluso, fueron difundidas en redes fotos y videos que muestran la relación de Fedetranscarga, uno de los convocantes al paro, con el uribismo y la oposición de derecha contra Petro. Henry Cárdenas, quien recientemente renunció a la presidencia de esta federación de empresarios de carga, tiene estrecha relación con Uribe, Maria Fernanda Cabal y otros uribistas.

Efectivamente, Fedetranscarga tiene ese carácter patronal y como una organización de empresarios del transporte, además de tener claramente una orientación de oposición de derecha al gobierno de Petro. Pero a pesar de que el paro quiso ser presentado como un paro patronal de Fedetranscarga, en este paro confluyeron varios sectores de transportadores, incluso con fuertes contradicciones entre sí, lo que fue evidente en la imposibilidad de una sola mesa de negociación entre transportadores y el gobierno³.

Pequeños y medianos transportadores no representados por los grandes gremios, fueron “primera línea” del paro en varios de los bloqueos. Sectores de volqueteros, transporte especial, transporte colectivo, pequeños camiones independientes garantizaron los cortes de ruta en Bogotá y otras partes del país.

Organizaciones como la Asamblea Nacional del Transporte fueron parte del paro, al tiempo que denunciaron a Fedetranscarga y Unidos (Cámara Intergremial del Transporte) como sectores patronales que no representan a los pequeños y medianos transportadores. También sectores de trabajadores del transporte, al tiempo que rechazaron el alza de los combustibles denunciaron las pésimas condiciones de trabajo en el sector.

Mientras tanto, los verdaderos sectores patronales, los grandes empresarios del transporte agremiados en Colfecar (Servientrega, Envía, Coltanques, coordinadora) y la Asociación Colombiana de Camioneros ACC no participaron del paro y rechazaron los bloqueos. De hecho el Consejo Gremial Nacional, del que hace parte Colfecar, publicó una declaración de rechazo al paro.

La burguesía de conjunto asumió una prudente distancia del paro, a pesar que era una oportunidad para confrontar al gobierno. Economistas, exministros, analistas, grandes empresarios coincidían con la postura del gobierno de subir el precio de los combustibles. Esto demuestra que existe un amplio consenso en la burguesía nacional en torno a la paridad de precios y en el desmonte del FEPC. Las diferencias y polémicas se presentaron en el cuestionamiento a Duque por no haber subido los precios antes, o cómo los transportadores deben asumir este sobrecosto.

A diferencia de verdaderos paros patronales en la historia, como el Lock out patronal del paro camionero de 1972 en Chile contra el gobierno de Allende, o el Paro agrícola de la burguesía agraria argentina contra Cristina Fernández en 2008, que contaron con una evidente unidad de la gran burguesía y el imperialismo; este paro, si bien fue impulsado por algunos sectores de propietarios y agremiaciones patronales, no contó con la unidad burguesa de conjunto.

Por el precio justo de los combustibles y la legitimidad de luchar contra el alza

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores rechazamos el alza de los combustibles por ser una medida reaccionaria al servicio del capital privado y del imperialismo. Pero además, reivindicamos el paro camionero ubicándonos en el respaldo a los trabajadores del transporte y los pequeños propietarios, quienes dentro del gremio transportador son los más afectados con estas medidas.

Consideramos que la clase trabajadora no puede asumir una postura de defensa de una medida reaccionaria que atenta directamente contra el nivel de vida de los trabajadores y los pobres del país. Incluso, si estuviéramos ante un escenario de un golpe reaccionario contra el gobierno de Petro, asumiendo una política de enfrentamiento a la derecha y cualquier tentativa de golpe, es inaceptable defender medidas reaccionarias, así sea del gobierno “amigo”.

Además, muchas veces la burguesía opositora de turno, aprovecha de manera oportunista el descontento contra medidas gubernamentales para canalizarlo hacia sus intereses reaccionarios.

En la historia reciente de la lucha de clases internacional, la clase obrera y los sectores populares se han levantado contra las alzas de los combustibles, no por defender “privilegios” o un supuesto consumo irracional de combustibles fósiles. Han sido luchas justas, muchas veces menospreciadas por las burocracias sindicales, contra medidas que encarecen no sólamente el transporte, sino toda clase de productos, sobre todo los alimentos.

En 2017 en México se dio el Gasolinazo, un levantamiento popular contra el alza de la gasolina efectuada por el gobierno de Peña Nieto.

En Francia en 2018, sectores de trabajadores se levantaron contra el gobierno de Macron y su intento de subir el precio de la gasolina. Esto desencadenó el movimiento de los chalecos amarillos, que enfrentaron valiéntemente la represión policial.

En septiembre y octubre de 2019, se produjo un alzamiento indígena y popular contra el gobierno de Lenin Moreno y sus reaccionarias medidas económicas, entre ellas la liberalización del precio de la gasolina y el diesel (medida muy similar a la del Petro). La lucha de las masas logró el triunfo de la derogatoria de ese decreto y de otras medidas, y fue la chispa que prendió la oleada de alzamientos populares en Chile (octubre de 2019) y Colombia (noviembre de 2019).

Si Duque hubiera decretado el alza de la gasolina o el Diesel en 2019, o peor aun durante la pandemia o en el 2021, seguramente hubiera enfrentado un amplio movimiento popular contra estas medidas. Pero Duque, evitando abrir otro frente de batalla contra las masas, pospuso esta medida, pasándole la pelota al siguiente gobierno, es decir a Petro.

El hecho de que el alza de la gasolina pudo ser aplicada sin mayor resistencia, y que el paro de transportes fuera conjurado en menos de una semana se debe fundamentalmente a que el papel de las direcciones mayoritarias del movimiento sindical, las direcciones y organizaciones reformistas petristas ha sido el de defender y justificar la política imperialista al tiempo que desconoce y deslegitima el descontento actuando conscientemente para desarticular cualquier protesta que se salga de las manos y le genere problemas al gobierno, más preocupado por cumplirle al imperialismo y buscando su acuerdo nacional con los de arriba que resolviendo las apremiantes necesidades de los trabajadores.

Francisco Cuartas