Las lecciones del paro del magisterio

Ocho días después de iniciado el paro permanente convocado por Fecode, relacionado con el Proyecto de Ley Estatutaria de Educación, fue hundido ese proyecto en el Senado de la República. Se logra el objetivo de su hundimiento, luego de que, habiendo superado los trámites en la Cámara, en acuerdos con los representantes de los diferentes partidos, pasa a la Comisión Primera del Senado. Es en dicha comisión en la que se hacen enmiendas aprobadas por el gobierno nacional en cabeza de la ministra de Educación Aurora Vergara, los senadores del Pacto Histórico de dicha comisión y los senadores de la oposición, a espaldas del magisterio y en contravía de los acuerdos previos. Ya ese proyecto de Ley tenía muchas debilidades, pero su propósito principal era definir la educación como un derecho fundamental; sin embargo, con las enmiendas se introdujeron más aspectos de la política neoliberal que significarían un retroceso profundo.

Un caballo de Troya

El proyecto de ley pretendía superar las ambigüedades de la Constitución política del 91 y de la Ley 115 del 94, al denominar la educación como un derecho y un servicio público. Al ser un servicio estaba posibilitado, primero, a ser prestado por particulares, segundo, a que pudiera ser considerado un servicio que no se puede suspender, de tal forma que cercenaba el derecho al paro. Pero, además, le quita el carácter de estudiante a los alumnos y los convierte en clientes; le quita el carácter de docente al docente, y lo convierte en un mercader de la educación que vende un producto que está diseñado desde los escritorios del Ministerio de Educación a través de los estándares curriculares, que luego pretenden ser evaluados de manera homogenizada, con unas pruebas estandarizadas censales que son diseñadas por tecnócratas nacionales y extranjeros. Por otra parte, pretendía avanzar en la evaluación sancionatoria contra los docentes, imponiéndoselo a quienes aún no son evaluados y amarrando la evaluación a los resultados de los estudiantes en las pruebas de estado, responsabilizando totalmente al maestro de la crisis del aparato educativo.

El alcance de estas políticas lesivas contempla todos los niveles educativos y por supuesto la educación universitaria estatal. Por ello la pretensión de los partidos de derecha ha sido recurrentemente la de cercenar las libertades democráticas y la autonomía universitaria. Las enmiendas hechas al proyecto de Ley Estatutaria pretendían avanzar en este camino y “aleccionar” a los luchadores universitarios para que no vuelva a pasar lo que pasó con la rectoría de la Universidad Nacional.

Toda esta política ha venido siendo orientada desde la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, para aportarle al aparato económico una fuerza laboral con competencias y habilidades básicas, pero sobre todo con docilidad y obediencia, respondiendo a las necesidades del mercado. Allí el conocimiento científico y cultural universal pierde relevancia y el pensamiento crítico sería un estorbo, porque todo estaría al servicio de las necesidades del mercado.

Aprovechó entonces la oposición burguesa y la derecha, la política del gobierno Petro de querer hacer un acuerdo nacional y concertar con los enemigos de clase sus proyectos de reforma por encima de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Ese espacio que deja la concertación, abrió el camino para meter su política neoliberal y su concepción mercantil de la educación, con medidas que anteriormente no habían podido pasar. Así pretendían pasar dentro de esta Ley Estatutaria más condiciones ventajosas para las concesiones, entregarle a la empresa privada la administración de la educación, y por supuesto, hacer control de calidad a esa mercancía llamada educación. La misma política de concertación ha venido aplicando el gobierno en la ya aprobada reforma pensional y en las discusiones sobre las otras reformas y en cada caso, la burguesía se niega a ceder.

El paro del magisterio les aguó la fiesta

Luego de ese acuerdo que hacen senadores del Pacto Histórico, gobierno de Petro, en cabeza de la ministra Aurora Vergara, y senadores del Centro Democrático, Cambio Radical y otros reacciona el magisterio, y Fecode se ve obligado a convocar paro permanente con el propósito de echar atrás esas enmiendas. Pero luego, constatadas las condiciones de la correlación de fuerzas en el Senado, se identifica que hay un altísimo riesgo de que nos introduzcan una ley que echa atrás conquistas históricas del magisterio y transforma el objetivo de convertir a la educación en un derecho fundamental, simplemente en el desarrollo mercantil neoliberal de la educación propuesto por estos otros sectores de oposición. Identificado ese altísimo riesgo, se introduce la política de buscar el hundimiento de esas ponencias y el hundimiento del proyecto de ley.

Es evidente que el hundimiento del proyecto de ley fue provocado por la masividad, combatividad y unidad del magisterio a nivel nacional, que, aun manteniendo desigualdades, reacciona rápidamente, entendiendo la gravedad de lo que se avecinaba si se aprobaba este proyecto.

Pero la decisión de lucha también ha sido alimentada por graves problemas que aquejan al magisterio. Actualmente muchos colegios viven la presión por la entrega de docentes ante la baja matrícula, la sobrecarga laboral, el retraso en los procesos de ascenso, las medidas cada vez más autoritarias de los rectores y las secretarías de educación.

A esto se sumó la implementación improvisada del nuevo modelo de salud del magisterio, que, atacando el problema de la intermediación privada, ha sumido en el caos e incertidumbre a miles de maestros y sus familias que han necesitado el servicio médico enfrentando nuevas barreras de acceso al servicio. Este descontento generalizado alimentó la decisión de lucha de miles de maestros que han colmado las calles durante esta semana de paro.

Las lecciones que el magisterio debe sacar

En esta batalla, que logramos ganar, triunfó la unidad de acción alrededor del hundimiento del proyecto de Ley Estatutaria de Educación. Pero es necesario sacar las lecciones correctas de todo lo que nos llevó a esta lucha defensiva.

Al tiempo que condujeron la lucha por el hundimiento, las direcciones sindicales mayoritarias se esforzaron por tratar de salvarle el rostro al gobierno Petro. Pero tenemos que señalar que hay una responsabilidad del gobierno, porque esa política de concertar con el enemigo ha dado al traste con las aspiraciones y las expectativas de cambio, al igual que ha ocurrido con la reforma pensional y viene ocurriendo con la reforma laboral, la reforma de la salud y las otras reformas que generaron gran expectativa en los luchadores del paro nacional del 2021.

El paro permanente del magisterio hizo entrar en crisis la política de concertación del gobierno; develó el gran obstáculo que es el Congreso de la República para lograr los cambios sociales; mostró también los límites de las reformas propuestas por el gobierno y los límites que impone el corrupto régimen político colombiano.

Se evidencia la importancia y la necesidad de la independencia política de las organizaciones sindicales frente al gobierno y la importancia de la identidad de clase en la construcción de un verdadero gobierno obrero y popular que trascienda la actual política de pactar con la burguesía a costa de las legítimas y urgentes reivindicaciones de los trabajadores y el pueblo. Este paro abrió y desarrolló un debate político que debe continuar al servicio de la organización de los trabajadores y de la recuperación de las asambleas populares.

Hundido el proyecto ¿Ahora qué?

El levantamiento del paro por parte de la Junta Nacional de Fecode, se produce luego de constatar el hundimiento de este proyecto de ley, pero el problema no está totalmente resuelto. Ya la ministra Vergara anunció que va a volver a presentar el proyecto, y por su parte Paloma Valencia, David Luna y la derecha no perderán oportunidad para golpear al magisterio y sacar ventaja para los negociantes de la educación privada. Además, el paro es levantado prometiendo “reposición de contenidos” a cambio de los días de paro. Esta política es la que ha abierto el paso a la represión por parte del ministerio y los gobiernos locales imponiendo reposición de tiempo por los días de paro como una medida de retaliación a la lucha del magisterio. Es necesario rechazar estas concesiones al patrón que ha debilitado la lucha del magisterio.

Pero la pregunta de fondo es: y después de lograr hundir ese proyecto, ¿qué viene? Nosotros creemos que es necesario luchar por una verdadera reforma educativa que eche atrás toda la contrarreforma que se ha venido implementando desde hace más de 30 años, sobre todo desde el año 2001, cuando se propinó la mayor derrota al magisterio y la educación pública con la aprobación de la Ley 715 y todos los decretos reglamentarios posteriores. Así se modificó la jornada laboral, el número de horas de clase de cada maestro, se impusieron parámetros antipedagógicos de maestros según el número de estudiantes y el nefasto Estatuto Docente 1278.

Es necesario echar atrás la contrarreforma de la 715, y por supuesto, no se podrá hacer en el Congreso de la República, porque está visto que allí no es posible lograr esas transformaciones que el pueblo necesita, que los estudiantes y los maestros necesitan.

Asamblea y Poder constituyente

La estrategia de la concertación y del Acuerdo Nacional con los poderosos dentro de las instituciones de este régimen político ha mostrado su inutilidad para lograr los cambios esperados por los de abajo. Es necesario discutir otros caminos para imponer los cambios que los poderosos no quieren que ocurran. La movilización y la lucha han demostrado que pueden ser superiores a cualquier parlamento corrupto, y serán la condición necesaria para lograr conquistar nuestras reivindicaciones. En ese sentido actualmente, la Asamblea Constituyente puede ser un camino para que las masas movilizadas destruyamos este régimen político y conquistemos las verdaderas reformas. Tomemos las banderas del poder constituyente y luchemos por una asamblea constituyente amplia, democrática y soberana más allá de los límites que el régimen le impone, para luchar por una verdadera reforma educativa a la par con la lucha por el desarrollo de todo un programa político en favor de los campesinos pobres, las negritudes, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los sectores diversos y las minorías oprimidas y explotadas, reivindicaciones levantadas en el estallido social de 2021.