#8F Rechazamos la impunidad y defendemos las organizaciones de los trabajadores

La CUT y Fecode han convocado a concentraciones en todo el país, para exigir la elección de la nueva fiscal general de la nación que reemplazará a Barbosa, porque el período de este se vence y el presidente Petro ha enviado, meses atrás, la terna que le asiste proponer para este cargo.

Es conocido el enfrentamiento entre el fiscal y el presidente desde que Petro asumió la presidencia. Estos hechos se pueden entrelazar con la suspensión del canciller, por parte de la Procuraduría, a propósito de la licitación para los pasaportes y con el allanamiento a la sede de Fecode, ordenado por la fiscalía, en búsqueda de pruebas de financiación “ilícita” de Fecode a la campaña de Petro, como acciones politizadas de estas instituciones de la burguesía, en desarrollo de un plan de debilitamiento, desprestigio e impedimento al poder ejecutivo.

Sobre el allanamiento a la sede de Fecode

En 2022, Fecode aportó 500 millones de pesos al partido de Petro, Colombia Humana, hecho que ha sido denunciado por la prensa burguesa, señalando que ese dinero era destinado a la campaña presidencial. Fecode se defiende argumentando que el aporte a la Colombia Humana se hizo legalmente, bajo los parámetros para realizar este tipo de aportes a organizaciones políticas.

Criticamos a la burocracia sindical por su política de concertación, por la pérdida de independencia frente al gobierno y porque mayoritariamente pertenecen a organizaciones y partidos políticos reformistas, oportunistas y de colaboración de clases. Sin embargo, defendemos y luchamos por el derecho de los trabajadores y sus organizaciones a participar en política.  La Fiscalía allanó las oficinas de Fecode con la acusación de que financió la campaña de Petro con 500 millones. La dirección de la organización sindical se defiende argumentando que lo hizo bajo las normas vigentes, y que el dinero fue para la Colombia Humana y no para la campaña presidencial.

En este caso, la Fiscalía y la burguesía actúan con profunda hipocresía, pues las candidaturas burguesas y la larga fila de presidentes elegidos han sido financiados por los grandes grupos económicos, multimillonarios aportes (frente a los cuales 500 millones son una cifra ridícula) y hasta con dineros del narcotráfico.

Acusar a una organización de trabajadores, no solo busca abrir otro campo de batalla legal para desgastar a Petro, sino dar el mensaje a los trabajadores de que no deben inmiscuirse en política.

El PST en varias ocasiones ha recibido el apoyo financiero de sindicatos, especialmente por medio de nuestras campañas financieras, y reivindicamos este principio de solidaridad con las organizaciones de trabajadores.

Nuestra crítica a la burocracia de Fecode no es por el hecho de que hayan aportado 500 millones al partido que sustentó la campaña presidencial de Petro. Nuestra crítica es que se apoya con grandes recursos a un proyecto político de conciliación de clases, como parte de su política de concertación, en vez de impulsar financiera y organizativamente organizaciones y campañas electorales de independencia de clase. Además, criticamos que este tipo de decisiones importantes, sean tomadas de manera inconsulta y burocrática.

Rechazamos el allanamiento a Fecode

Al magisterio se le han negado sistemáticamente sus derechos políticos (por ejemplo  a ser elegidos) y ahora se le quiere criminalizar por intervenir en política.

Rechazamos el allanamiento de la Fiscalía contra Fecode y contra cualquier organización sindical, por ejercer el legítimo derecho de participar en política y no limitarse a ser una institución corporativista inofensiva.

Defendemos el derecho de todo sindicato u organización social y popular a participar en política, impulsando que esa participación debe darse dentro de los marcos de los principios de la independencia de clase.

Este episodio es uno más de los enfrentamientos entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro. Barbosa, amigo cercano del expresidente Duque, ha impulsado las investigaciones del hijo de Petro y otras figuras del gobierno, en una clara intención de usar la Fiscalía como instrumento de la burguesía opositora de derecha para golpear políticamente al gobierno.

El problema de fondo: el régimen autoritario

No es la primera vez que Petro enfrenta un poder del régimen político colombiano. En su gobierno, con la alcaldía de Bogotá, producto de su política de contratación del servicio de aseo con una empresa estatal, le significó la investigación y sanción por parte del exprocurador Ordóñez. Esto le valió la destitución por varios meses. En su momento, la destitución generó un proceso de movilización de sectores de masas en Bogotá que apoyaron a Petro. En ese momento el PST también decidió participar en las movilizaciones, no en apoyo a Petro, sino en defensa de las libertades y derechos democráticos de las masas, vulnerados por la destitución ordenada por el Procurador.

También, en ese momento, Petro, pese al gran apoyo popular con que contaba, prefirió desmontar la movilización y el descontento para privilegiar las salidas institucionales y la negociación por arriba.

Ahora, en una escala nacional, se dan circunstancias similares. Los ataques de Barbosa, la gran prensa y la burguesía opositora tienen un claro carácter, no solo de clase (burguesa), sino que son manifestaciones reaccionarias del régimen, disfrazadas de Estado de Derecho y de separación de poderes. Las denuncias contra el fiscal Babosa de relaciones y favorecimiento de narcotraficantes se juntan a una clara política de derecha, parte del proyecto uribista, que busca recomponerse políticamente luego del golpe de su derrota electoral en 2022.

Estas pugnas son una manifestación del régimen autoritario que Petro no ha logrado (ni se ha propuesto) democratizar. Siguen intactas las instituciones antidemocráticas del régimen y sus leyes reaccionarias, impuestas a sangre y fuego por décadas de violencia política contra el movimiento de masas.

La Fiscalía no solo ataca a Petro, también es la principal responsable de toda la política de criminalización de jóvenes y activistas del Paro Nacional hoy en las cárceles o enfrentando injustos procesos penales por el justo derecho a la defensa, mientras que “gente de bien”, como Andrés Escobar, ahora es impunemente concejal de Cali por el Centro Democrático.

Salimos a la calle exigiendo la destrucción del régimen autoritario colombiano, no simplemente para exigir a la Corte a que elija rápidamente la nueva fiscal. Respaldamos las exigencias de la salida de Barbosa sin depositar ninguna confianza en la Fiscalía como una institución más del régimen político, cuya división de poderes solo tiene como función el control entre los distintos sectores de la burguesía.

Participamos de la jornada de protesta como denuncia del régimen, contra sus instituciones corruptas y diseñadas para beneficiar a la burguesía; no para apoyar a Petro ante un supuesto “golpe blando”, sino para plantearle nuevamente a los trabajadores y sectores populares la necesidad de retomar las calles de manera independiente. Si Petro ahora llama a tomar las calles, mañana cuando privilegie la negociación con sus opositores, cuando la movilización deje de ser funcional o se le salga de control, hará todo lo posible por desocupar las calles y desmovilizar.

Es indispensable la movilización y organización independiente frente al gobierno, es necesario retomar las reivindicaciones del pliego de peticiones de 2019 y 2021 para conquistarlas en las calles con la fuerza de la lucha. Llamamos a luchar contra el régimen político que ha demostrado, con sus instituciones corruptas, represivas y antidemocráticas, ser uno de los principales obstáculos para que los derechos se conquisten. No habrá reformas radicales bajo el régimen heredado del uribismo.

Comité Ejecutivo, Partido Socialista de los trabajadores

Unidad Docente, PST

6 de febrero de 2024