Hambre, pandemia, desempleo… Y el gobierno de saqueo

El anuncio por parte de la Corte Suprema de Justicia de ordenar detención domiciliaria contra el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, fue recibida con júbilo por amplios sectores populares y sus millares de víctimas. Mientras, el uribismo ha salido en sus caravanas a amenazar con reformar la justicia a su medida, desde los partidos de oposición en el parlamento han salido a respaldar a las cortes, colocándolas como héroes de la justicia y la democracia. Nosotros creemos que esta medida es un pequeño avance en la larga lucha contra los crímenes del paramilitarismo y sus jefes, aún en el poder. Además de las propias pugnas entre mafias y poderes, esta detención obedece a la presión del sentimiento antiuribista creciente, en especial entre la juventud, y que tuvo su mejor expresión en el 21N. Para que este proceso de búsqueda de justicia se profundice, es necesario mantener la lucha en alto, igualmente para detener el actual desangre que vía asesinatos selectivos y vía mala atención de la pandemia tiene a Colombia como epicentro de la muerte.

Autor: Comité Ejecutivo PST

Mientras tanto, a más de cuatro meses de padecer los terribles efectos de la pandemia del COVID 19 ya debería ser claro, para los que hacemos parte de los trabajadores y los pobres, que los grandes perdedores vamos a ser nosotros. A menos que una importante lucha nacional frene y revierta las medidas antipopulares tomadas por el gobierno de Iván Duque, e invierta el signo del proceso.
Y debería ser igualmente claro para las direcciones sindicales y políticas que se reclaman de los trabajadores, que sus llamados comedidos y respetuosos al gobierno y a los patrones capitalistas para que tomen las medidas necesarias para garantizar la supervivencia de la población más pobre sin exponerla a los riesgos del contagio, son ilusiones que no tienen la más mínima posibilidad de hacerse realidad.

Por su propia voluntad, el gobierno y los grandes capitalistas ni se van a sentar a negociar el pliego presentado por el Comando Nacional de Paro de las centrales obreras, ni van a estar dispuestos a concertar el “Gran Pacto Nacional” -al que aspiran todas las fuerzas reformistas de oposición parlamentaria-, que fue pedido por Aída Avella en el discurso de respuesta a Duque en la instalación de las sesiones del Congreso el pasado 20 de julio, para supuestamente “construir un país en el que quepamos todos”. Cualquier reivindicación seria de los trabajadores deberá ser impuesta al gobierno y a los patrones con la movilización amplia, generalizada y continua de los explotados.

Todos los grandes planes, y la mayor parte de los recursos destinados por el Gobierno a enfrentar los efectos de la crisis económica que vino con la pandemia han ido a parar a manos de los grandes banqueros y de los empresarios. A los más pobres solo les han llegado limosnas a cuentagotas, para maquillar el saqueo de los recursos públicos que está en marcha. Los días sin IVA, los subsidios a las nóminas y el endeudamiento público han estado dirigidos a satisfacer los intereses económicos de los grandes comerciantes, los industriales y los dueños de los grandes bancos.

Con la excepción de los asalariados administrativos que pudieron seguir cumpliendo con sus funciones desde sus casas, los trabajadores formales de gran parte de las empresas industriales, comerciales y financieras han sido obligados a concurrir a los puestos de trabajo, a riesgo de contagiarse, muchos otros vieron reducido su salario, tuvieron que aceptar unas vacaciones o licencias “voluntarias” o sencillamente fueron despedidos. Igual situación, han tenido que enfrentar los trabajadores informales, obligados a exponerse al contacto con el virus en la batalla cotidiana del rebusque.

Particularmente dramática ha sido la situación de los trabajadores de la salud que tienen que, inevitablemente, vivir en medio de la posibilidad de contraer la enfermedad. Con el agravante de que a muchos de ellos, que trabajan en los hospitales públicos peor dotados y más inseguros, no les pagan los salarios desde hace meses, y a muchos siguen sin dotarlos de elementos de bioseguridad.
Sectores de trabajadores sobrexplotados, como los mensajeros de Rappi, desde su precariedad laboral libran una batalla diaria, dominada por el azar, en la que deben capotear al virus en cada domicilio. Y no solo la pierden en muchos casos, sino que en su afán por garantizarse el sustento dispersan el virus con cada entrega.

Centenares de miles de trabajadores de todas las ramas de la economía han sido despedidos sin fórmula de juicio y, despojados de toda posibilidad de mantener cubiertas las necesidades básicas de sus familias, han sido empujados a la informalidad. Las cifras del desempleo estructural, del subempleo y de la pobreza monetaria y multidimensional se dispararon dejando al desnudo la realidad social y económica de los millones de pobres del país.

Mientras tanto los grandes capitalistas y los encumbrados burócratas estatales, responsables en últimas de la crisis ambiental y sanitaria que atravesamos, cuentan con todas las posibilidades de un aislamiento social cómodo y seguro, y con la certeza de una atención médica pronta y eficiente. Muchos de ellos cuentan con médicos particulares permanentes y con equipos propios de alta tecnología para atender las emergencias.

Es el caso del expresidente Uribe, quien ahora pasa la medida de casa por cárcel en su inmensa y lujosa hacienda El Ubérrimo, donde recibió el resultado de la prueba de COVID en pocas horas, mientras un trabajador debe esperar dos y tres semanas.
Está claro que los peores efectos de la crisis económica los están descargando sobre los más pobres, y que el grueso de los muertos, los muertos anónimos, saldrán de sus filas.

El gobierno de Iván Duque no ha hecho oídos sordos a las peticiones de los pobres, como pregonan los reformistas. En realidad, solo tiene oídos para las peticiones de los de su clase: los grandes burgueses y los terratenientes. Nacionales y extranjeros. Esa es la razón que explica el carácter de las medidas adoptadas durante los últimos meses. Y es la razón que explica que recurra a más endeudamiento externo para mantener los negocios a flote y, al mismo tiempo, se niegue a tomar los recursos presupuestales destinados a pagar la onerosa y fraudulenta deuda externa para desactivar la trampa en la que están millones de colombianos, acosados por el hambre en un extremo y amenazados por la pandemia en el opuesto.

Que un gobierno burgués actúe así, es lo que había que esperar. Lo que no podemos esperar es que afecte de buena gana los intereses económicos de los grandes capitalistas en beneficio de los trabajadores. Eso tenemos que arrancárselo con la movilización. Los trabajadores no podemos seguir aceptando pasivamente la difícil situación actual. Si no actuamos nos van a llevar a una condición de miseria de la que será muy difícil recuperarnos después. No podemos creer en las promesas de recuperación del ministro Alberto Carrasquilla ni en las mentiras vespertinas diarias del presidente Duque. El cinismo con el que Carrasquilla afirmó el 4 de agosto al diario económico Portafolio que “No podemos evitar que haya un retroceso en las conquistas sociales”, es al tiempo la confesión de que van a salvar las ganancias de los grandes capitalistas con los escasos recursos de los explotados y las magras conquistas sociales conseguidas en años de lucha.

La única forma en que podemos salvarnos como clase trabajadora de la catástrofe humanitaria que nos amenaza, es imponiendo una cuarentena segura para todos. Eso implica que obliguemos al Gobierno a que eche mano de los recursos que están destinados en el presupuesto nacional para pagar la Deuda Externa, y garantice a cada familia trabajadora y pobre los recursos monetarios para cubrir las necesidades básicas de vida y de servicios esenciales; que garantice la popularmente llamada Renta Básica, en un monto equivalente a los ingresos que normalmente recibiría un obrero calificado. Lo que los trabajadores reclamamos no es una limosna. Exigimos el derecho a recibir, en medio de la crisis, la compensación legítimamente ganada por años de trabajo productivo que han enriquecido a la minoría capitalista privilegiada. También implica que obliguemos a los burgueses industriales, a los grandes comerciantes y a los banqueros, nacionales y extranjeros, a que se desprendan de parte de las enormes ganancias acumuladas para que las retribuyan a los trabajadores que se las han producido.

Hemos llegado al punto en el que solo una huelga general nacional puede obligar al Gobierno a tomar las medidas que eviten una degradación física y espiritual de las clases pobres del país, de la cual nos costará décadas recuperarnos. Una huelga general en la que participen activamente todos los sectores afectados por la crisis económica y sanitaria, empezando por los obreros industriales de las grandes empresas que deben encabezar el movimiento, y que involucre hasta el último de los desempleados y subempleados. Una huelga de la que se hagan parte activa los estudiantes de colegios y universidades que ven amenazada su formación, las comunidades indígenas que están siendo diezmadas por el virus, los campesinos pobres amenazados por la ruina y las minorías étnicas tradicionalmente marginadas. Una huelga a la que se sumen las comunidades sexualmente diversas y las víctimas de la represión política oficial y paramilitar, que está asesinando a los dirigentes de las luchas sociales.

Todas las organizaciones políticas, sindicales y gremiales de los trabajadores y los pobres debemos unirnos en este propósito. El CNP y la bancada de oposición parlamentaria no pueden seguir alimentando en sus bases la ilusión de que es posible llegar a un acuerdo pacífico y razonable con este Gobierno o cambiar el país con proyectos de ley. Tienen la obligación de dar respuesta al clamor mudo de los millones de trabajadores que se debaten en la miseria sin saber qué salida buscar, pero que sienten en su fuero interno que están siendo llevados a una muerte lenta. Las altas direcciones sindicales y políticas deben sumarse a los sectores de trabajadores y de activistas obreros y populares que empiezan a organizar las luchas dispersas de los que han sido obligados a movilizarse. Ha llegado el momento de unificar las luchas de los trabajadores del carbón de la Guajira y de los oleoductos de Ecopetrol y convertirlas en el eje alrededor del cual articular la movilización nacional. La dirección de la Fecode debe poner toda su infraestructura sindical, y la especial relación que sostienen los maestros con la población pobre, para organizar la participación de estudiantes, padres de familia y pobladores de los barrios. Los sindicatos y las coordinadoras de solidaridad que se han constituido deben planificar las tareas que sean necesarias para que se sumen a la lucha nacional todos los que estén bajo su esfera de influencia.

Es una tarea inaplazable y que debemos tomar con decisión todos quienes nos encontramos del lado de los trabajadores y los explotados. Es nuestra obligación convocarla, organizarla y ejecutarla.