Entre las masacres paramilitares y la represión del ESMAD

En medio de la pandemia del covid-19, cuando la curva de contagio llega a su punto más alto, la otra pandemia, la que lleva más de medio siglo, también se ha acelerado, seis masacres en dos semanas hacen pensar que las bandas paramilitares, que habían mantenido los asesinatos selectivos como estrategia, han vuelto a utilizar las masacres como forma de control territorial.

Autor: Alonso C. H.

El pasado 11 de agosto, se conoció el asesinato de cinco niños en el barrio Llano Verde de la ciudad de Cali, en la que al parecer están involucrados agentes de la Policía y vigilantes de un cañadulzal. Y cuando apenas se conocían las primeras versiones de los familiares, otra masacre ocurrió en el vecino departamento de Nariño, cuando ocho jóvenes que departían en una finca fueron asesinados por grupos paramilitares.

Dos días después, a pocos kilómetros de Samaniego, ocurría otra masacre en la Comunidad Awá en el municipio de Ricaurte y el 21 de agosto eran dos los asesinatos colectivos: el primero en el corregimiento Uribe del municipio El Tambo en Cauca y el segundo en El Caracol en Arauca, ambos territorios en disputa entre bandas paramilitares y reductos guerrilleros.

Estos crímenes han despertado la indignación en sectores de la juventud, que en distintas ciudades han levantado su voz contra los asesinatos y han convocado movilizaciones, que en varias ciudades se han podido realizar pero que en otras – como Bogotá y Medellín– han sido reprimidas por órdenes del Gobierno de Duque y de las alcaldías de Claudia López y Daniel Quintero.

Violencia política y narcotráfico

El discurso del Centro Democrático es que la violencia en Colombia es generada por el narcotráfico y con ello justifican sus propuestas de reprimir a las comunidades campesinas que viven del cultivo de coca y al consumidor en las ciudades. Mientras el sector financiero y los dirigentes de los partidos tradicionales, reciben los beneficios del tráfico de estupefacientes, a través del lavado de activos y de la financiación de las campañas políticas.

Pero si bien el narcotráfico y la disputa territorial de las distintas agrupaciones armadas son generadoras de violencia, la razón principal de la violencia política en las zonas rurales es la tenencia de la tierra. En Cauca, Nariño y Valle del Cauca la concentración de la tierra por parte de empresas dedicadas al monocultivo de la caña de azúcar ha llevado a que las comunidades indígenas y campesinas tengan que luchar de manera permanente para no morir de hambre.

Es en ese panorama que el cultivo de coca se convierte en la única alternativa económica para sobrevivir, a pesar de que reciben unos ingresos precarios en el lucrativo negocio que da para sobornar autoridades militares y policiales e incluso para financiar campañas presidenciales.

Control territorial y control de masas

Los asesinatos selectivos a luchadores sociales y a ex combatientes de la insurgencia se han mantenido desde la firma del acuerdo de desmovilización con las FARC. La muerte de un líder social tiene como objetivo amedrentar a toda la comunidad que lucha por un derecho.

En medio de la pandemia, la cifra de asesinatos a líderes sociales se había mantenido, pero desde la detención de Uribe Vélez, los grupos paramilitares han incurrido en asesinatos colectivos, como las masacres ocurridas en estas dos últimas semanas.

Las masacres y los asesinatos a luchadores sociales no solo tienen el objetivo de ejercer control territorial, sino de controlar la movilización de las masas, generan miedo en las comunidades para disipar la lucha social y política.

Claudia López y El ESMAD

Al igual que el año anterior, tras los bombardeos que dejaron ocho niños muertos en Caquetá por parte de la Fuerza Aérea, que desató las movilizaciones del Paro Nacional de 2019, la juventud convocó movilizaciones en varias ciudades del país. Con medidas de bioseguridad, guardando las distancias, organizaciones políticas, juveniles, sindicales, de mujeres, de comunidades negras y defensoras de derechos humanos salieron a las calles el 21 de agosto en Bogotá.

La movilización fue reprimida por el ESMAD y el abuso policial fue justificado por la otrora investigadora de la parapolítica, la alcaldesa Claudia López, que en un trino ponía entre comillas las razones por las cuales la juventud estaba en las calles: “Marchan contra ‘terrorismo de estado’ y por ‘jóvenes masacrados’. Ninguna causa está exenta de contagio por aglomeración. Respeto a las razones, pero más conciencia del momento de salud”.

La misma mandataria que aceptó la reapertura de la economía en Bogotá en pleno ascenso de la curva de contagio, la misma que implementó el Día sin IVA y que no ha cerrado ni un solo día Transmilenio, el principal foco de hacinamiento y contagio de la capital, ha enviado a la más brutal fuerza policial a reprimir a un grupo de manifestantes.

Movilización para parar las masacres

Muchos ciudadanos sienten una genuina indignación ante hechos notorios en medio de la violencia política cotidiana que vive el país hace más de medio siglo. Todavía recordamos las imágenes del llanto del hijo de María del Pilar Hurtado ante su cadáver, en junio de 2019. Pero su muerte sigue en la impunidad y la comunidad por la que luchaba sigue sufriendo los mismos problemas en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, que fuera centro de operaciones de los Hermanos Castaño y Salvatore Mancuso.

De ahí la importancia de retomar las calles para luchar contra la pandemia de la violencia, que causa más muertes que la pandemia del coronavirus, de ahí la importancia de que la clase trabajadora y los sectores populares hagan paros en la producción al tiempo que se realizan las movilizaciones de masas.

El Comité Nacional de Paro – controlado hoy por la burocracia sindical del MOIR – ha renunciado a organizar la lucha y ha privilegiado sus acuerdos con las alcaldías alternativas, avalando la represión del ESMAD en sus cálculos electorales y su acuerdo con Sergio Fajardo y Claudia López.

Por ello, desde las bases sindicales, desde las organizaciones de la clase trabajadora, debemos insistir en la organización de una jornada nacional de protesta unitaria, que detenga la guerra social que ha incrementado Duque en medio de la pandemia y que detenga las masacres contra la juventud y las comunidades.