Hipoteca inversa: La casa en el aire

La hipoteca inversa es una creación de la industria aseguradora y el sector financiero, que había visto en España un formidable negocio ante el aumento de longevidad y el equivalente gasto social en salud y la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En Colombia, desde 2014 la Asociación Nacional de Instituciones Financiera, ANIF, y Fedesarrollo han venido insistiendo en implementar la hipoteca inversa como un salvavidas a los fondos de pensiones, ante el posible y muy seguro fracaso de su negocio.

Autor: José Yoperto Triffín

Este Gobierno pasará a la historia por su perversidad sin límites contra los pobres, solo vista en películas como Saló de Paolo Pasolini. El Gobierno que arrebató la prima a la clase trabajadora, que benefició a los fondos privados de pensiones, ahora van por las casas de los mayores de 65 años que si bien son propietarios de viviendas, no tienen cómo pagar servicios, impuestos, servicios de salud, es decir, pertenecen al sector social que los economistas clasifican en la llamada pobreza oculta.

Esta ‘idea’ del ministro de vivienda, Jhonatan Malagón, no es propia (como no lo es su tesis de doctorado en la Universidad de Tilburg), pues desde 2008, después de que estallara la burbuja hipotecaria y fracasara este modelo financiero, España y Europa implementó la hipoteca inversa.  Los mayores de 65 que cayeron en la estafa, terminaron haciendo la denuncia y el modelo no progresó.

Por otra parte, las cifras en Colombia son escandalosas, para la economía conductual que estudia el comportamiento de la gente frente al ahorro de largo plazo, solo el 28% de los adultos mayores tienen acceso a una pensión y el 68% de esa población tiene vivienda,  según el ministro Malagón al menos al 40% de los adultos mayores de Colombia, aunque tienen una casa, no tienen ingreso fijo, y el 50% de la población adulta mayor es pobre, muchos viven de la informalidad y para poder sobrevivir terminan endeudados, adquieren créditos de consumo, tarjetas de crédito en los bancos, y otro segmento de esta población, en varias regiones, subsiste de las remesas que le llegan de sus familiares en el exterior.

El gobierno habilitaría la hipoteca inversa a partir del segundo semestre de 2020, consiste en un producto financiero que podrían tomar los mayores de 65 años, una renta mensual que podrá ser del 0.4% al 0.5% sobre el valor de la vivienda, que debe enajenar a un banco al fallecer la persona. Según el ministro Malagón, el ingreso dependen del peritaje del banco, la edad del hipotecante y la modalidad que escoja.

Para un ejemplo práctico: si el bien inmueble es evaluado en 100 millones de pesos le corresponderá un ingreso mensual entre 400 mil y 500 mil pesos mensuales por el tiempo que el banco le haya proyectado como expectativa de vida. Si los herederos del adulto mayor quieren recuperar la vivienda, tendrán que pagar la deuda total con intereses al banco o en su efecto adquirir otra hipoteca.

El gobierno del Grupo Aval

En los decretos de Duque, prima un siniestro interés de favorecer al sector financiero que para el primer trimestre del 2020, en plena pandemia, llega a los 2,3 billones de pesos, mientras el resto del país productivo se derrumba. Estas ganancias se explican porque este gobierno ha estado al servicio del sector financiero y en particular del Grupo Aval.

Recordemos que la campaña de Duque recibió en primera vuelta 15 mil millones de pesos, que representan el 66.92% del total de gastos reportados, y en segunda vuelta 5 mil millones de pesos que equivalen al 88% de los gastos reportados, pues también ingresaron los recursos de la Ñeñepolítica que al parecer no fueron registrados.

Por ello, buena parte de su gabinete ha tenido alguna relación laboral o empresarial con la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien aparece en el número 123 de los más ricos del mundo según la Revista Forbes, cuyos activos ascienden a 240 billones de pesos, equivalentes, al 25% del PIB de Colombia.

La vicepresidenta Martha Lucia Ramírez, fue suplente de la junta directiva del Banco de Bogotá en el 2006, asesora jurídica de Sarmiento Angulo, quien la llevó a los cargos de Superintendente Bancaria, presidenta de ANIF, viceministra de comercio exterior y ministra de defensa.

Su alumno estrella, el muy famoso estafador de los municipios con los bonos de agua, actual Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, fue miembro de la junta directiva del Banco de Bogotá, encargado de los negocios en el exterior.

Fernando Ruíz, Ministro de Salud, para el 2016 se desempeñaba como director científico del centro de investigaciones sobre el cáncer, cuyo patrocinio corresponde también a Sarmiento Angulo.

Ángela María Orozco, ministra del trasporte, ficha clave y funcional a Martha Lucia Ramírez, tiene negocios en común en la firma International Strategy Consultants, ellas son un binomio que consolida un buen entramado criminal desde su gabinete, las cuales el año pasado  pretendían, con el visto bueno del presidente Duque, devolver a los bancos del Grupo Aval la suma de un billón 250 mil millones de pesos (390 millones de dólares) sin ningún fallo judicial, como acuerdo a manera de compensación por la pérdida que tuvieron los bancos de Sarmiento Angulo al prestar este dinero a Odebrecht y Corficolombiana, esta última de propiedad de Sarmiento Angulo, que tenían la concesión de la  tercera etapa de la Ruta del Sol, la cual no ha sido terminada y donde el Estado  ha sido el afectado.

Por último, Jonathan Malagón ministro de vivienda, el niño genio de la Universidad Nacional, impulsor de la hipoteca inversa en Colombia, se desempeñó como vicepresidente técnico de la asociación bancaria, donde el predominio y poder de Sarmiento Angulo es notable,  director económico de Fedesarrollo e investigador de ANIF,  todas estas entidades vinculadas con los bancos; igualmente ha pertenecido a las juntas directivas del Fondo Nacional de Garantías, a la Federación Latinoamericana de Bancos, Felaban, club de banqueros y empresarios, y consultor del Banco Mundial.

Hipoteca perversa

Con la hipoteca inversa, el Gobierno pretende zafarse de la responsabilidad social del Estado para con los adultos mayores y para eso tienen varios frentes de batalla como el marchitamiento de Colpensiones en beneficio de los cuatro fondos privados de pensiones.

Como un efecto distractor y ante la magnitud del problema, el gobierno de Iván Duque lanzó en el mes de marzo el programa Colombia Mayor para 1.698.000 personas de más de 70 años de edad con 80 mil pesos mensuales, programa que en nada resuelve las necesidades básicas de este sector social, iniciativa perversa por demás bastante cuestionada en las redes sociales por la asignación a personas ficticias con cedulas falsas y personas muertas.

La única solución de fondo, es que de manera inmediata se derogue la Ley 100 de 1993 que creó esos fondos de pensiones y que los 278 billones de pesos que los banqueros tienen en esos fondos, que son fruto del ahorro y del trabajo de los colombianos, pasen directamente a Colpensiones y que la prima media sea la única modalidad pensional en Colombia.

Otra medida debe ser la de garantizar una renta básica mensual a todo adulto mayor que no tenga pensión ni ninguna fuente de ingresos, equivalente a un salario minino legal vigente mensual, durante el resto de su existencia, dinero que saldrá del no pago de la deuda externa, de parar el desangre de la corrupción cuantificada en 50 billones de pesos al año, de decretar un impuesto en el mismo porcentaje del IVA a los patrimonios mayores a 800 millones de pesos y suspender todas las exenciones tributarias a las grandes empresas y multinacionales.