Ley de Financiamiento, otra reforma tributaria

Autor: Gustavo Hincapié

Hecha la trampa, hecha la ley

Luego de dos meses de disputa, el Congreso de la República le aprobó en diciembre al gobierno de Duque la mal llamada Ley de Financiamiento, con la que piensa recaudar 8 billones de pesos para equilibrar el presupuesto del Estado para 2019. El repudiado Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla presentó el proyecto de esta manera para evitar el difícil trámite de una reforma tributaria. Como quien dice, hecha la trampa, hecha la ley.

Las maniobras

Por mandato constitucional el gobierno de Santos presentó al Congreso un proyecto de presupuesto equilibrado por un monto de $258,9 billones para 2019. Para poder meterle la mano a ese presupuesto, el gobierno de Duque propuso modificar su distribución reduciendo $3,9 billones del gasto de funcionamiento, y $9,6 billones del gasto de inversión para aumentar el servicio de la deuda del Estado en los $13,2 billones resultantes. Pero antes de esa maniobra, Duque le había anunciado al Congreso que una parte sustancial del gasto social estaba desfinanciado, en particular el Programa de Alimentación Escolar (PAE) –del que se han robado buena parte de los recursos– y los subsidios al consumo de energía eléctrica para los estratos más pobres de la población. Con este chantaje obligó al Congreso a modificar el proyecto de presupuesto inventando un faltante de $14 billones.

IVA por todo

Lo primero que hizo Carrasquilla fue anunciar su plan de extender el IVA a toda la canasta familiar, lo que provocó un rechazo general y contribuyó a la caída de la popularidad de Duque en las encuestas, ya deteriorada por los escándalos de corrupción y la poderosa movilización de los estudiantes universitarios. Los congresistas, conscientes de que 2019 es un año electoral se negaron a respaldarlo y hasta el Centro Democrático demagógicamente rechazó la idea. En realidad con los universitarios en las calles y la dinámica de convergencia de la protesta social, no se atrevieron a caldear los ánimos populares que podrían cuajar en un paro cívico nacional. Finalmente, con el argumento de proteger la salud pública se aplicó sólo un IVA plurifásico (en todas las fases de producción, distribución y consumo) a gaseosas y cervezas. En últimas, a productos de consumo popular.

¿Tributar o evadir?

Colombia se distingue por ser uno de los países con el mayor índice de concentración de la riqueza. Y ello se debe, entre otras cosas, a un régimen tributario profundamente regresivo. Es muy fácil demostrar que, en proporción a los ingresos, los ricos pagan mucho menos impuestos que los trabajadores y los pobres gracias a las exenciones tributarias que se les brinda a empresarios y transnacionales.

Además, como la mayor parte de la economía funciona en la informalidad, casi la mitad de la población económicamente activa puede eludir pagar impuestos y a la DIAN le resulta imposible obligarlos a pagar. Tanto que, en la reforma aprobada, la DIAN se compromete a recaudar un billón por la llamada “normalización” y a mejorar su gestión recuperando unos $500.000 millones. Pero la evasión global suma más de $50 billones, y la mayor parte de ella se debe a las grandes fortunas que se radican en los paraísos fiscales para evitar tributar.

Ataque a la clase media…

Ante la debilidad del recaudo y el compromiso de beneficiar a los grandes empresarios el gobierno optó por atacar los ingresos de la llamada clase media, un cerrado sector de la población que goza de grandes ingresos, creando nuevas tarifas de retención en la fuente para quienes ganan más de $33 millones mensuales, gravando la compra y venta de inmuebles de más de $918 millones en un 2%, reviviendo el impuesto al patrimonio del 1% para montos superiores a $5.000 millones, además del 15% para utilidades superiores a $10,2 millones y 7,5% para quienes giren utilidades al exterior. Este sector de la población va a pagar más de la mitad de la reforma.

…y gabelas para los grandes capitalistas

En esta reforma el gobierno introduce nuevas exenciones de impuestos para los grandes capitalistas, como la normalización tributaria para que reintegren capitales que tengan en el exterior pagando una tarifa del 13%. Justifica otras con el argumento de promover la llamada “economía naranja” (industrias creativas, turismo y entretenimiento), preservando las gabelas del reaccionario empresariado del agro. Además, mientras se incrementa el impuesto a la renta a las personas naturales, se reduce a las empresas, del 33 al 30 % en tres años.

Las nuevas exenciones son tan onerosas que cuando se hagan efectivas en 2020 tendrán un costo de $9 billones, más de lo recaudado con la reforma. En realidad lo que el gobierno ha hecho es llevar dinero de un bolsillo al otro para beneficiar a los sectores empresariales a quienes representa en el control del Estado.

Tras de ladrones, bufones

Pero, como a pesar de este nuevo saqueo al bolsillo de los colombianos, el gobierno sólo recaudará poco más de la mitad de lo que se había propuesto, se vio obligado a incluir en la reforma una sobretasa al sector financiero (bancos, aseguradoras, fiduciarias, fondos de pensiones y cesantías, corporaciones financieras e incluso cooperativas de ahorro y crédito). Así se recaudarán $700.000 millones, una verdadera bicoca frente a las estrambóticas utilidades del sector (ver cuadro adjunto). Con esa medida el gobierno quiso demostrar que se quería avanzar en la equidad tributaria, pero ya el presidente de Asobancaria anunció que demandarán los artículos de la ley que los afectan argumentando que “es una norma discriminatoria que castiga el éxito empresarial”. De otro lado, Germán Vargas Lleras anunció que demandará la ley por “vicios de trámite”. No se puede descartar que tengan éxito y el gobierno anuncie más adelante que ante un déficit que no ha logrado financiar se ve “obligado” a recortar el presupuesto de los servicios sociales a cargo del Estado. Como puede ver Juan Pueblo, con cara ganan ellos, con sello perdemos nosotros.

De dónde vendrá la plata en la Ley de Financiamiento:

*Cálculos de senadores. Fuente: Ministerio de Hacienda / Cálculos Senado de la República