Chocó y Buenaventura: derrotar la corrupción con la movilización

La población de Chocó y Buenaventura se lanzó al paro cívico como último recurso para exigir los derechos más elementales: trabajo digno, obras públicas, servicios básicos como agua potable, acceso a la educación y la salud. Todos estos derechos son prometidos por la Constitución y negados por todos los gobiernos, incluido el de Juan Manuel Santos. Ahora su Ministro de Hacienda trata de justificar la respuesta negativa a las demandas de la población con el argumento de que plata no hay, porque la crisis económica ha reducido los ingresos del Estado. El problema es que el propio Ministro está acusado de hacer parte del entramado de corrupción con el que se han desfondado las finanzas públicas.

Autor: Armando Barrera

Gobiernos de delincuentes

Un expresidente, Julio César Turbay, se hizo conocido por haber propuesto que “había que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Alfonso López Michelsen hizo curso de corrupto desde joven cuando fue beneficiario del trazado de una carretera en predios de su propiedad. Tampoco tuvo ningún recato en legalizar los dólares provenientes del narcotráfico y negoció en persona con Pablo Escobar. Ernesto Samper también fue financiado por los carteles de la droga en su campaña electoral. Álvaro Uribe figura como el “narcotraficante No 82” en un listado elaborado por el Departamento de Estado yanqui. Juan Manuel Santos ha sido ministro de todos ellos. Así las cosas, podemos afirmar, sin ninguna exageración, que nuestro país ha sido gobernado por una gavilla de delincuentes.

Reficar, Odebrecht, Navelena

De manera sorpresiva, desde el inicio del año, la corrupción pareció desbordarse en Colombia y ha empezado a arrasar todo a su paso, como la avalancha de Mocoa. Eso no debería sorprendernos; el destape de los escándalos de corrupción no es más que otra evidencia de la crisis económica, pues cuando se reduce la torta de las ganancias los empresarios empiezan a acusarse unos a otros a medida que quiebran sus empresas o en la disputa por los contratos del Estado.

La inauguración de la Refinería de Cartagena (Reficar), que debería ser una buena noticia para el desarrollo tecnológico del país, develó que su construcción había costado varias veces más de lo que se había anunciado, llegando al absurdo de que los propios contratistas deshacían por la noche lo que construían de día para prolongar los contratos. Este despilfarro ha sido parte del desangre de la empresa estatal Ecopetrol, denunciado por los propios trabajadores.

El escándalo de Odebrecht mostró que los políticos y empresarios colombianos ya han entrado en las grandes ligas de la corrupción mundial. Esta transnacional de origen brasileño está en el ojo del huracán que se llevó por delante al gobierno de Dilma Russeff, a su mentor político Inacio “Lula” Da Silva, y hoy sacude a todo el establecimiento del gigante suramericano. Odebrecht tenía incluso un departamento de administración de los sobornos de los que se beneficiaron intermediarios ante las dependencias del Estado –incluso presidentes- encargadas de adjudicar los contratos de las más grandes obras públicas de infraestructura. Ya se sabe que la campaña de Santos fue una de las beneficiarias. Navelena, encargada del rescate del río Magdalena para el transporte fluvial, ahora aparece también como otro de los tentáculos de Odebrecht en la corrupción gubernamental.

Pero estos son sólo los escándalos más recientes. El listado de robos al Estado y la impunidad de la que gozan los responsables es interminable.

Ratas cuidando el queso

Se afirma que el desborde de la corrupción en Colombia tiene tres explicaciones: el enriquecimiento súbito del país por la explotación del petróleo –que incrementó los recursos del Estado-, la descentralización administrativa que dejó en manos de los mandatarios locales –alcaldes y gobernadores- el manejo de los multimillonarios recursos de las regalías y la circunscripción nacional para el Senado que volvió muy costosas las campañas electorales y los políticos tienen que recuperar la “inversión” traficando influencias. Impusieron como solución la centralización del manejo de las regalías. Ahora la corrupción está centralizada en Bogotá y a cargo del Presidente de la República quién, con esos recursos, compra los votos de los parlamentarios al detal.

Para investigar los casos de corrupción ahora se encuentra al frente de la Fiscalía el abogado Néstor Humberto Martínez. Podemos estar seguros de que, como en la mayoría de los casos en el pasado, sólo “pescará” peces pequeños. Empezando porque ha estado al servicio de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país, cuyas empresas están vinculadas a los sobornos de Odebrecht.

 ¡A las calles, a limpiar!

Chocó y Buenaventura están dando ejemplo a todo el país. No es casual que sean los pobladores negros del litoral Pacífico quienes se hayan lanzado a las calles a exigir por la fuerza sus derechos. Pocas regiones del país han sido tan marginadas y saqueadas durante siglos. El caso de Buenaventura es patético: a pesar de ser el principal puerto en el Pacífico, sus habitantes sólo acceden al agua potable tres horas al día. La barbarie se apoderó de la zona desde que se privatizó la labor portuaria y se dejó la ciudad en manos de la politiquería local ligada al narcotráfico, el contrabando y el paramilitarismo. La guerrilla por su parte la ha utilizado como corredor de abastecimiento y zona de reclutamiento. Tumaco se encuentra en situación similar convertido en la principal ruta de exportación de cocaína. El gobierno ahora debe pacificar a sangre y fuego todo el litoral para devolver la confianza a los inversionistas, enfrentando a la población que sólo pide los beneficios que le corresponden.

El Chocó a su vez ha sido fuente de riqueza y miseria. Riqueza para los saqueadores de sus recursos naturales y miseria para la población raizal, supuestamente protegida por la Constitución del ’91 que reconoció sus derechos colectivos ancestrales sobre el territorio. A falta de fuentes de empleo muchos sus habitantes han dependido de los cargos estatales lo que los volvió dependientes del clientelismo y la politiquería tradicional tan corrupta como el resto del establecimiento, pero la paciencia se acabó y el movimiento cívico reclama soluciones de fondo, cumplimiento de compromisos postergados y declaratoria de emergencia económica para que realmente se financien y ejecuten.

Las soluciones a los problemas que han provocado estos levantamientos sociales sólo vendrán de la mano de la movilización, la organización autónoma de la población, que los trabajadores se pongan a la vanguardia y que la negociación con el gobierno se someta a la aprobación democrática de los que luchan. En lo inmediato los sindicatos de educadores pueden marcar la diferencia en la articulación de esta lucha local con el movimiento estatal de protesta, en la perspectiva del necesario Paro Cívico Nacional que inicie la labor de limpieza que el pueblo colombiano reclama.