Reforma política y Estatuto de la oposición

Santos y las FARC parieron un ratón

Están por aprobarse en el Congreso, gracias al trámite rápido estipulado en los Acuerdos de La Habana, variaciones constitucionales y legales sobre el reconocimiento y derechos de los partidos políticos y sobre los derechos de la oposición. Esos actos legislativos y leyes serán la síntesis, en lo atinente al régimen político en su expresión electoral, de la tan cacareada reforma política que habría de significar una “profundización” de la democracia colombiana para “garantizar una paz estable y duradera”. Pero, para sorpresa de algunos, decepción de otros y dicha de los detentadores del poder y los privilegios, ¡la montaña parió un ratón!.

Autor: Carlos Andrade G. Bogotá, 5 de abril de 2017

Un régimen asesino y reaccionario hasta la médula

No hay que detenerse mucho a llover sobre mojado. Es un hecho público notorio, desconocido sólo por unos pocos, que la llamada “democracia colombiana” en las últimas décadas ha sido en realidad un régimen asesino reaccionario, tanto o más feroz (por cantidad de asesinados y desaparecidos) que varias de las dictaduras declaradas de muchos países (las del Cono Sur, por ejemplo).

De “democracia” el régimen colombiano sólo ha tenido un ropaje bastante andrajoso, repleto de remiendos, tras el cual esconde su verdadero carácter: el ejercicio de la dictadura económica, política y social de una minoría de potentados, latifundistas, banqueros, industriales, multinacionales y gobiernos comprados y a su servicio; ejerciendo una brutal explotación y opresión sobre millones de colombianos. Ese régimen fue, en últimas, el gran responsable de los distintos alzamientos armados (FARC, ELN, M-19, etc.) que buscaban –por un camino errado– su derrota.

¡Vaya reforma!

En el proyecto de Acto Legislativo de reforma del Artículo 108 de la Constitución, proyecto pactado con las FARC y presentado por el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, se estipula que se “reconocerá Personería Jurídica a las organizaciones políticas que demuestren tener una base de afiliados compuesta por al menos el 0.3% del censo electoral nacional. La ley reglamentará el procedimiento de registro de afiliados.”

Lo anterior, con un censo de 34.899.945  millones de personas, significa 105.000 afiliados; suma enorme en un país en el cual millones de habitantes tienen, por la cultura formada por el propio régimen, una actitud apática, indiferente o de abierto rechazo a involucrarse en actividad política partidaria. Más aún cuando estas afiliaciones –según sean reglamentadas, lo cual seguro hará bastante engorroso el proceso– serán el camino para nuevos partidos pues a los anteriores se les garantizan todos sus derechos por los próximos 8 años, según el parágrafo 1 del Artículo 1º propuesto.

Una verdadera reforma, democrática, bien podría estipular que para formar y obtener el reconocimiento jurídico como partido, y beneficios consecuentes del Estado, para el desarrollo de su actividad, bastaran — a manera de ejemplo — 25 afiliados, igual cantidad que la necesaria para conformar un sindicato.

A lo anterior se suma que los beneficios que el Estado otorgará a los partidos reconocidos se escalarán según su representación. “El legislador establecerá un régimen de derechos diferenciado entre los partidos y los movimientos políticos y establecerá un sistema progresivo de reconocimiento de derechos de los partidos y movimientos políticos en función de su representación. La totalidad de los derechos solo se reconocerá a los partidos que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en las últimas elecciones de Cámara de Representantes o Senado.”

Por la vía anterior, en últimas, el “democrático” proyecto de Reforma Política continúa manteniendo el nefasto sistema del umbral pues, casi seguro, los derechos para partidos que no superen ese 3% no pasarán de ser un saludo a la bandera. Se entroniza así el criterio oligárquico de la “democracia” burguesa, dándole más a quien más poder y fuerza tiene; poder y fuerza obtenido por décadas de explotación y opresión –pues de ahí ha nacido la fuerza actual de los partidos burgueses que son los mayoritarios.

Una reforma democrática al régimen actual debería partir de reconocer la absoluta desigualdad en la que han actuado los partidos que no son parte del régimen y debería determinar amplias y profundas ventajas a su favor; como iguales o mayores espacios de radio, televisión y prensa a los nuevos partidos que surjan.

En el proyecto de Estatuto de la Oposición el asunto es igual o peor. A lo más que llega es a brindar un poco más de financiación a los partidos que se declaren en oposición al gobierno (para compensar la mermelada y burocracia que se distribuye entre los que lo apoyan) y unos recortados derechos de réplica a las intervenciones o alocuciones de los gobernantes. Ahí se podría decir que el parto será menos que un ratón: ¡un escuálido ratón!

Nada se discute, por ejemplo, sobre una profunda reforma a un Congreso absolutamente corrupto en el cual obtener una curul es una “inversión” que luego se recuperará no sólo en sueldos millonarios sino en peculados, dádivas del gobierno por apoyo a sus planes, serruchos y chanchullos de la más variada índole, etc.

Cambiar algo, para que lo fundamental siga igual

Hoy, similar a como sucedió en 1991 cuando las negociaciones del M-19 y otras guerrillas, de manera inteligente la burguesía y el imperialismo han optado por algunos “ajustes” que les permitan “capturar” a quienes, armas en mano, chocaban con ese régimen; incorporándolos a sus instituciones políticas y procesos electorales.

Así, a la medida de los intereses de las FARC y nada más que eso, son las mal llamadas “reformas” que se están aprobando. Es de tal magnitud la “tacañería política” de la burguesía colombiana que, en la sustentación de motivos el ministro Cristo señala que se “exigirá un número mínimo de afiliados que garantice una solidez que evite la proliferación indiscriminada de Partidos y Movimientos Políticos”. La dirección de las FARC, al aceptar y pactar esas migajas, muestra abiertamente la magnitud de su traición a la lucha democrática en el país. Su lucha por la “democracia” termina convertida en recibir unas migajas que caen sólo para ellos; siempre y cuando se conviertan en juiciosos administradores del régimen burgués como lo hicieron los “guerrilleros” que negociaron su desmovilización en 1991.