Elegir sin ser elegido: corrupción y participación política

Entre 2015 y 2016, las campañas electorales en Colombia reportaron gastos por 760 mil millones de pesos una cifra que podría parecer muy elevada, pero que está aún lejana a la realidad de los recursos que se mueven, pues según un estudio de la ONU realizado en 2014, una campaña puede costar hasta seis veces más de lo reportado.

Autor: Antonio Romero

Recientemente, el portal Razón Pública dio a conocer las cifras reveladas por la ONG Transparencia por Colombia en la que muestra el promedio del costo ‘oficial’ de una campaña al Senado y encontramos que está en un promedio de 500 millones de pesos (3.000 millones de pesos según la ONU). Esta cifra es similar en todas las colectividades, en el Partido de la U fue de 500 millones de pesos, en Cambio Radical de 550 millones y en el Polo Democrático de 443 millones por candidato.

Si a los elevados costos de las campañas electorales le sumamos el régimen político que por una parte ‘consagra’ el derecho fundamental a elegir y ser elegido y por otra solo le otorga personería jurídica – es decir, derecho a participación electoral – a las organizaciones que pasen el umbral electoral y a las demás les exige la recolección de firmas correspondientes, además de pólizas de hasta 250 millones de pesos (la mitad del costo reportado en una campaña), tenemos un régimen político excluyente que lo hace más proclive a la corrupción.

Es cierto que la llamada ‘democracia’ funciona como un mercado electoral, que la corrupción es inherente al capitalismo, pero la lucha contra la corrupción es fundamental para la clase trabajadora pues sirve para mostrar el verdadero rostro del Estado como administrador de los negocios de la burguesía.

La corrupción es el sistema

En países como Estados Unidos, la financiación privada de las campañas es abierta y tienen de manera parcial reglamentado hasta el sistema de sobornos de las empresas a los legisladores, el famoso lobby. En cambio, en nuestros países, la financiación privada se hace en su mayoría por debajo de la mesa y los sobornos no son legales aunque hacen parte del sistema de contratación pública.

En casos excepcionales, estos sobornos salen a la luz pública como es el mencionado caso de Odebretch en el que están implicados los funcionarios del Gobierno de Uribe y de Santos, pero también de la Alcaldía del Polo Democrático.

Este escándalo mediático, incitado por las investigaciones que se adelantan en Estados Unidos, se suma a dos de los más sonados y cuantiosos casos como son la construcción de la Refinería de Cartagena (con un detrimento de 8,5 billones de pesos) y Saludcoop (con 1,7 billones de pesos). Estas cifras, deberían ser banderas de lucha de los trabajadores contra la reforma tributaria, en la exigencia del aumento del salario mínimo y en la reivindicación de los derechos sociales en general.

La lucha contra la corrupción

Al cumplirse un año de los mandatarios, se inscriben comités de revocatoria, la senadora Claudia López y el mismo Alvaro Uribe Vélez, primer beneficiario de los sobornos de Odebretch, salen a recoger firmas en las calles para respaldar sus proyectos de ley contra la corrupción a través de consultas populares.

De esta manera, los mecanismos legales que supuestamente deben servir para ejercer control político, solo sirven de plataforma política para las próximas elecciones, pues en el caso de Claudia López, lanza su lucha contra la corrupción de la mano de su aspiración presidencial. De igual manera ocurrió con el referendo por los acuerdos de paz, en el que las campañas del Sí y el No se plantearon como el inicio de la campaña presidencial de 2018.

En sus marcas, listos… fuera

La corrupción ha dejado la implementación de los acuerdos de paz a un lado de los intereses mediáticos, a pesar de que a través del llamado fast track está en juego la reforma política y el nuevo escenario de participación electoral.

El uribismo y sus aliados ponen a jugar nombres que van desde Oscar Iván Zuluaga y Pacho Santos hasta el ex procurador Ordóñez y Martha Lucía Ramírez, pasando por Iván Duque, María Fernanda Cabal y hasta Paloma Valencia. Este sector, el más investigado por los casos de corrupción, puede incluso confluir en una alianza con el mayor beneficiario de la contratación en el actual gobierno, Germán Vargas Lleras.

El santismo, que se ha venido alejando de Vargas Lleras por sus diferencias con los acuerdos de paz, tiene en la desmovilización de las FARC su principal capital político y en por tanto su principal candidato es el negociador Humberto de la Calle, que aspira a hacer una alianza en torno a la defensa del proceso de paz con las FARC y con sectores de la izquierda reformista.

Por su parte, en la izquierda reformista el panorama es aún más confuso. Jorge Robledo que lanza su candidatura para contrarrestar la alianza que pretende hacer Iván Cepeda con el santismo en torno al proceso de paz. Clara López que pretende salir del gabinete de Santos para representar a la ‘izquierda’ en esa alianza por la paz. Claudia López que levanta su bandera contra la corrupción como algo que está por encima de las ideas políticas, como si el capitalismo en sí mismo no significara corrupción y violencia contra la clase trabajadora.

Por eso Claudia López se atreve a hablar de corrupción y participar de la Alcaldía de Enrique Peñalosa, porque censura que se le cobre el 10% a un contratista, pero no que se le entregue a los privados los recursos públicos por vías como la privatización y la tercerización. Claudia López y todos los que deliran con un ‘estado moderno’ lo que pretenden es que la corrupción sea reglamentada, como en el sistema político de Estados Unidos.

Corrupción y régimen político

Para los trabajadores, la corrupción es costosa pues mientras se apropian de sus impuestos hay menos posibilidades de ganar derechos sociales, de que sus luchas puedan lograr triunfos. Por eso la principal lucha contra la corrupción es la lucha contra el régimen político que la sostiene y que ni siquiera les permite participar para levantar su voz y hacer sus denuncias.

Es por ello que una de las principales reivindicaciones que la clase trabajadora debe levantar es que se permita la existencia jurídica de sus organizaciones políticas sin tener que acudir a mecanismos como la recolección de firmas y el pago de pólizas, que solo ha sido viable para los sectores políticos ligados al narcotráfico y al paramilitarismo.

Así, la lucha por la transformación del régimen político, por defender el derecho a la participación política, se convierte en la principal bandera de lucha contra la corrupción y la clase trabajadora no debe dejarse guiar por los cantos de sirena de los referendos revocatorios y las consultas populares que son en realidad plataformas electorales sino luchar por su derecho a participar, no solo a elegir sino a ser elegido.