Paro no Hubo, Protesta sí

Las importantes movilizaciones de protesta que se realizaron el pasado 17 de marzo evidenciaron la principal contradicción en la situación política nacional. La crisis golpea duramente a los trabajadores y a los pobres haciendo que se extienda la inconformidad con el gobierno y la necesidad de salir a luchar, pero las direcciones políticas mayoritarias del movimiento sindical y popular tratan de sacar presión a la caldera, subordinando la acción de masas a los altibajos de las negociaciones de paz entre las FARC y Santos en La Habana. Sólo el fortalecimiento de la movilización y la organización de los trabajadores puede resolver esa contradicción a favor de los explotados y oprimidos. Por eso debemos impulsar un Primero de Mayo de lucha contra los planes de Santos y el imperialismo.

Jornada de protesta con “figura” de paro

Los duros golpes que ha recibido la precaria economía de las familias trabajadoras se expresaron como inconformidad general de manera significativa en la jornada de protesta del 24 de enero, convocada a través de las redes sociales.

La alta dirigencia sindical –que representa sólo al 4% de los trabajadores del país, la mayoría de ellos empleados estatales- tomó la iniciativa de convocar un Paro Nacional. La razón por la que lo hizo quedó patente en la declaraciones de Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, a Caracol: “Este paro es conveniente para el país, y le voy a decir por qué, porque es que no puede seguir siendo aquí una situación, una especie de olla  a presión sin ningún tubo de escape, en donde la gente comenta en los paraderos de buses, comenta en las fuentes de soda, comenta en todo lugar, la gravedad de la situación, los anuncios de una reforma tributaria, y la gente como que quiere explotar, quiere decir algo, y la mejor forma de decirlo es democráticamente en la plaza pública, decirlo a lo largo de una  manifestación que se van a realizar en todo el territorio colombiano…” (Entrevista en Caracol Radio el 17 de marzo). Se dice incluso que fue el propio Ministro de Trabajo, el exdirigente sindical Luis Eduardo Garzón, quien recomendó a la burocracia de las centrales la convocatoria del paro, en una reunión realizada al día siguiente del 24E.

La iniciativa de la burocracia dio paso a la reactivación del llamado Comando Nacional Unitario, espacio de coordinación de las centrales sindicales y otras organizaciones gremiales, políticas y populares. Allí se definió la fecha del 17 de marzo y se aprobó un pliego de peticiones de quince puntos, en los que se incluían desde problemas sentidos por los trabajadores hasta reivindicaciones de sectores burgueses afectados por la crisis económica y los Tratados de Libre Comercio.

Pero el alcance limitado de la protesta quedó determinado por lo que la propia burocracia informó al presidente Santos -en una cena a la que fueron invitados al Palacio de Nariño-: que el 17 de marzo sería “una jornada de protesta con figura de paro”. O sea, no habría cese de actividades en sectores productivos o de los servicios, sólo movilizaciones.

Pliegos estatales, magisterio y Cerrejón: tres botones de muestra

El freno consciente a la lucha social que ponen las dirigencias políticas mayoritarias de los sectores sindicales y populares se puede verificar muy fácilmente. Al tiempo que anunciaban el “paro” nacional, se presentaron más de 300 pliegos de peticiones en la entidades estatales. En los últimos tres años no se ha obtenido nada significativo en la negociación de esos pliegos, en particular no se ha avanzado sobre el problema más grave que afecta a los trabajadores estatales –y del sector privado-, la tercerización laboral, que condena a contratos precarios, sin ninguna estabilidad o garantías prestacionales, a millones de trabajadores, sobre todo a los jóvenes. Ante esta situación, la convocatoria a “paro nacional” era propicia para realizar un verdadero cese de actividades en las entidades estatales, como mecanismo de presión sobre el gobierno. La dirigencia sindical estatal no hizo ningún esfuerzo para concretarlo. El ejemplo más dramático fue el abandono al que fueron sometidos los empleados más precarizados del sector judicial, quienes estuvieron casi dos meses en paro sin que se hiciera ningún llamado a la solidaridad del conjunto de los estatales. El 11 de marzo el Consejo Superior de la Judicatura anunció la suspensión del paro, pasando por encima de Vocero Judicial, sindicato que lidera la lucha.

Otro ejemplo de que no había ninguna intención de realizar un paro de verdad fue el comportamiento de la dirección de la Federación Colombiana de Educadores. Fecode es, de lejos, el sindicato más fuerte del sector estatal y es más de la mitad de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Después de convocado el “paro” del 17 de marzo, se reunió su Junta Nacional y por votación de 54 votos contra 27, definieron que no convocarían paro sino movilizaciones de protesta. La dirigencia de Fecode traicionó el masivo paro que realizaron los maestros el año pasado, a cambio de un pírrico acuerdo con el gobierno. Su oposición a parar el 17 de marzo era la ratificación de esa traición y el cumplimiento de sus acuerdos con Santos, quien hizo efectivo un incremento salarial para los maestros equivalente a 9,5%, para este año, ya devorado por la inflación, mientras siguen pendientes los problemas más graves que afectan a los educadores, como los nuevos mecanismos de evaluación para ascender en la carrera docente, el servicio de salud y la imposición de la jornada única en los establecimientos educativos del país.

Finalmente, si quedaba alguna duda de la sumisión de la burocracia a la política gubernamental, el conflicto en Cerrejón es la mejor prueba. El sindicato venía negociando un pliego de peticiones y la patronal se negó a aceptar sus reivindicaciones argumentando la caída del precio del carbón en el mercado mundial. Los trabajadores votaron aplastantemente por la huelga; pero el 16 de marzo se llegó apresuradamente a un arreglo con la intermediación del Ministro de Trabajo. Se desmontaba así la huelga obrera más importante de la coyuntura.

Hablaron las calles

A pesar de la conspiración de la dirigencia contra el paro, hubo una respuesta positiva frente a la convocatoria. El 17 de marzo se realizaron masivas movilizaciones de protesta en las principales ciudades del país y en más de cien municipios a nivel nacional según los organizadores. Sin caer en las exageraciones que buscan sobredimensionar el número de asistentes es necesario reconocer que, para ser un día laboral, la participación fue significativa. Era una muestra de la disposición de lucha de las bases.

El sector que se movilizó fueron fundamentalmente empleados estatales, el magisterio en particular. También participó el sector de la salud pública y los empleados de las empresas estatales en riesgo inmediato de privatización, como la ETB y el Acueducto de Bogotá.

Fue destacada la presencia de los contingentes juveniles de universidades estatales y colegios públicos. La disposición de la juventud hacia la protesta sólo se puede explicar por ser uno de los sectores más afectados por la política capitalista de precariedad laboral y negación de todos los derechos sociales para la nueva generación de trabajadores.

El paro camionero, cuyos voceros en el CNU se habían mostrado como los más radicales, argumentando la quiebra del sector de medianos propietarios por el alza en los insumos importados, fue neutralizado con una medida sospechosamente fácil: los parqueaderos de tractomulas fueron tomados por la policía en la madrugada del 17. Así que no se concretó el bloqueo de vías anunciado, a pesar de que sólo tres días antes los taxistas de Bogotá habían logrado concretar una acción similar enfrentando la represión de Peñalosa.

Los sectores agrarios, representados en las llamadas Dignidades, habían informado que no tenían capacidad para movilizar a sus bases, a pesar de tres años de negociaciones e incumplimientos por parte del gobierno. Los indígenas por su parte anuncian acciones de protesta para el mes de abril. En algunas zonas del país iniciaron ocupaciones de tierras.

En síntesis: paro nacional no hubo, pero las movilizaciones urbanas de protesta fueron importantes y podrían ser el inicio de un plan de acción si la dirigencia realmente quisiera enfrentar al gobierno y no sólo concertar sus planes.

Pasen a la mesa

En realidad la estrategia de la mayoría de la dirigencia sindical y popular era la planteada explícitamente por Julio Roberto Gómez, funcionario de Santos a través de la Comisión Asesora de Paz, y beneficiario de jugosos contratos para promover la paz santista: “descomprimir” el malestar social, evitando que se radicalice y se concrete la convergencia de múltiples sectores en la lucha contra los planes del gobierno y el imperialismo. Por esa vía la burocracia espera ser llamada a “concertar” con Santos, a cambio de su apoyo incondicional a las negociaciones de paz con las FARC en La Habana.

La noche anterior a la jornada de protesta, en el programa de TV Semana en Vivo, se tuvo un anticipo de los acuerdos entre la burocracia y el gobierno. Los presidentes de la CUT, Alejandro Pedraza, la CGT, Julio Roberto Gómez y César Pachón, dirigente de las  Dignidades, en diálogo con el Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, escucharon de éste la propuesta de convocar mesas de “concertación” con delegados ministeriales para tratar los problemas enunciados en el pliego de peticiones unificado.

De esta oferta gubernamental los trabajadores no podemos esperar absolutamente nada. Así se ha probado hasta la saciedad en los años recientes. Esas mesas de concertación sólo sirven para que la alta dirigencia político-sindical y de las organizaciones sociales legitimen su espúrea representación y reciban pírricas prebendas del gobierno mientras este aplica sus planes. Su horizonte no va más allá de sus mezquinos apetitos burocráticos y sus aspiraciones electorales.

Un ejemplo del rol que juegan estos dirigentes lo está dando Senén Niño, senador salido de la dirigencia de Fecode, quien acaba de presentar seis proyectos de ley sobre derechos perdidos del régimen especial que cobija a los docentes. Independiente de lo progresivas que puedan ser estas propuestas, sólo sirven para que Niño siga su carrera parlamentaria mientras el gobierno sigue adecuando el sistema educativo a las necesidades de la OCDE, los maestros continúan siendo víctimas del colapso de su servicio de salud, su carrera docente sea una carrera de obstáculos y se sigan deteriorando sus condiciones laborales y la educación pública en general.

La paz de Santos es guerra social: Todos a las calles el Primero de Mayo

Nuestro partido, el Partido Socialista de los Trabajadores – PST, participó en las reuniones del Comando Nacional Unitario. Allí presentamos propuestas para construir un Pliego Unificado obrero y popular y un plan de acción que pasara por el compromiso de los dirigentes volcarse a promover la participación democrática de las bases en la toma de decisiones mediante asambleas sindicales y otros mecanismos que fortalecieran el cese de actividades, como un Encuentro Nacional Obrero y Popular.

Cuando fue presentado el proyecto final de pliego nos negamos a firmarlo por dos razones: se incorporaron en él reivindicaciones de sectores empresariales enemigos de los trabajadores y se manifestó el apoyo incondicional a los acuerdos de La Habana y a su antidemocrático mecanismo de refrendación. Al mismo tiempo se señalaba que la jornada convocada era “de protesta con figura de paro”, lo contrario a un verdadero cese de actividades que golpeara a los capitalistas, a las transnacionales y al gobierno de Santos.

El PST considera que los trabajadores debemos preservar nuestra independencia de clase frente al gobierno. Pero sobre todo, debemos ser conscientes de que el cese del conflicto armado, con el que la mayoría absoluta del pueblo colombiano está de acuerdo, pues sólo ha perjudicado la lucha social democrática y de masas, está acompañado de un pacto de impunidad que niega el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Los comandantes de las FARC están pactando, a cambio de garantías judiciales frente a las consecuencias de su actuación armada, la absoluta impunidad para los peores genocidas oficiales y paramilitares y los empresarios que los financiaron. Los trabajadores no podemos ser cómplices de este pacto de impunidad. Por eso, nuestra movilización de protesta no podía estar al servicio de la paz santista, como pretendía la burocracia.

Ahora debemos persistir en la lucha unificada e independiente. El próximo Primero de Mayo debemos tomarnos de nuevo las calles y exigir un plan de acción contra los planes del gobierno y la realización de un verdadero paro nacional.